Por Edgar Ruiz

Villa Milpa Alta, México, Distrito Federal.

I.

Uno de los sucesos, que muy poca cobertura mediática tuvieron en días pasados, fue la realización del Congreso Nacional Indígena (CNI) -Región Centro- en la Casa de Cultura Analco de Villa Milpa Alta, aquí, en la Ciudad de México, los días 31 de enero y 1 de febrero de 2014, en el marco del vigésimo aniversario del levantamiento armado del EZLN en el sureste mexicano.

En este espacio se dieron cita múltiples representantes de organizaciones sociales, así como simpatizantes y medios, para ser partícipes de la construcción de un punto de encuentro; a través del cual lograr un diálogo amplio, en torno a las problemáticas que aquejan a los pueblos originarios del Distrito Federal.

Sin embargo, debe mencionarse que no se trató de un hecho aislado carente de significación histórica, ni al margen del contexto político y económico mundial. Y es que, una de las lecciones fundamentales del suceso, que no estuvo carente de tropiezos y contratiempos, consiste en el intento de reactivar una tradición de lucha social, en el marco de una compleja crisis política, social y económica que vincula a la realidad local con la nacional y a ésta con la global.

La organización activa de los sujetos en la resolución crítica de problemáticas de índole local (en el mundo entero), deviene en legítima trinchera de organización social, cultural y política para hacer frente a la gran crisis por la que atraviesa el mundo en éstos, los albores del Siglo XXI.

Complejos procesos bélico-políticos abiertos en el mundo entero; el incremento de la injerencia estadounidense en las soberanías nacionales en todo el orbe; el viraje hacia abiertos tintes fascistas en las democracias liberales (que allende pretendían abolir los autoritarismos nacionalistas); las crisis multicausales que no terminan de golpear a las jóvenes democracias latinoamericanas; la avasallante desterritorialización del capital financiero (frente a su salvaje extractivismo, a través de múltiples enclaves locales en el sur global); así como la reducción de las libertades y derechos civiles y sociales, están exigiendo nuevos paradigmas de organización social, paradójicamente sustentados en la reapropiación de múltiples tradiciones de resistencia.

En este sentido, las luchas sociales por los recursos naturales locales, por el respeto y el reconocimiento al ejercicio de históricos derechos colectivos en territorios concretos; la exigencia de que los megaproyectos del capital financiero no pisoteen los pactos históricos, que los marcos jurídicos nacionales representan, así como la exigencia de que estos pactos no se contrarreformen (sino que evolucionen en un sentido social), por medio de una articulación de causas que defender y movimientos que lo hagan, son acciones que constituyen la práctica de una nueva democracia que necesariamente debe funcionar como contrapeso de los corruptibles poderes políticos y económicos neoliberales. De este modo, ninguna lucha pesa más que otra, sino que requieren un espacio de diálogo. Precisamente el Congreso Nacional Indígena representa ya un espacio de encuentro.

II.

La historia del Congreso Nacional Indígena ya es de larga data. Contextualizado por el fin del llamado “milagro mexicano”, la guerra sucia y un discurso de supuesta apertura democrática, el gobierno de Luis Echeverría comenzó a promover, en 1973, la creación del Movimiento Nacional Indígena -bajo una óptica corporativa indigenista- a través del cual, el gobierno mexicano buscaba reclamar para sí el control legítimo de las decisiones políticas, en el marco de una evidente efervescencia social y política en el sector campesino, históricamente caracterizado por su composición mayoritariamente indígena; así como evitar la expansión de la organización de insurgencias populares en el medio rural. Sin embargo, terminó sembrando, paradójicamente, un espacio de reflexión, crítica y solidaridad que sólo pudo venir del desbordamiento de las entrañas del México profundo.

Ya soplando fuerte los aires neoliberales en el contexto político y económico, el movimiento indígena comenzaba a enfrentarse con la pérdida de los derechos constitucionales en materia de reconocimiento del ejercicio autónomo de sus territorios y sus recursos económicos, culturales e históricos.

El golpe más fuerte que el salinismo asestó contra los pueblos indígenas, fue la reforma a los artículos 4° y 27° constitucionales; mientras que, a través de la primera se reconocía el carácter multiétnico de la nación mexicana, por medio de la segunda, se terminaban por desconocer los derechos colectivos de los pueblos originarios sobre la tenencia de la tierra, en tanto recurso estratégico de la nación.

El movimiento indígena se ve obligado entonces a alcanzar su mayor grado de movilización y unidad, comenzando a figurar como eje central de su programa de lucha, la cuestión de la autonomía y del territorio. La expresión más contundente de este proceso de resistencia fue el alzamiento del EZLN el 1º de enero de 1994.

El 10 de marzo de 1995, se instrumenta la creación de la Comisión de Concordia y Pacificación (COCOPA), bajo la finalidad de generar espacios de negociación entre el EZ y el gobierno zedillista, para constituir una ley indígena, que reconociera los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre la base su autonomía y libre autodeterminación. Con el cese al fuego, en gran medida exigido por el salto a escena de la sociedad civil, el EZLN lanza la Cuarta Declaración de la Selva Lacandona en enero de 1996, a través de la cual busca comenzar a generar una política de diálogo y acuerdo para impulsar con ello las reformas autonomistas.

De esta manera, se llevó a cabo el Foro Nacional Especial de Cultura y Derechos Indígenas, proponiéndose la integración de un nuevo Congreso. Entre enero y julio se llevan a cabo los Foros Nacionales Indígenas Permanentes, que constituyen el primer referente de la forma actual del Congreso Nacional Indígena, mismos que quedarían en la firma de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, el 16 de febrero de 1996.

Entre el 8 y el 12 de octubre de 1996, emanaron los primeros resolutivos del CNI realizado en la Ciudad de México, bajo la consigna “Nunca más un México sin nosotros”. El Congreso Nacional hacía suyas las demandas de los Acuerdos de San Andrés y comenzaba el respaldo de sus miembros a las prácticas y demandas del EZ.

Finalmente, el 29 de noviembre de 1996, la COCOPA presenta al EZLN una propuesta de ley en materia de derechos y cultura indígenas que es ratificada por los rebeldes el 6 de diciembre, aunque obteniendo por respuesta del Estado un rechazo contundente, así como la elaboración de una contrarreforma.

Las negociaciones entre los rebeldes, ya con el respaldo de históricas organizaciones indígenas de todo el país, y el Estado, asumiendo su derrota política como una oportunidad para legitimarse a través de la violencia, fueron suspendidas y desde entonces no se han reactivado.

Entre 1994 y 1996 existen dos posiciones respecto de los postulados autonomistas; por un lado la de la Asamblea Nacional Indígena Plural por la Autonomía (ANIPA), que concibe a la autonomía como un nivel más de gobierno; y por otro, la del CNI, que se constituye como una articulación en red de autonomías municipales y comunitarias en los ámbitos y niveles que lo hacen valer.

De manera que, ante la negativa al reconocimiento oficial de los Acuerdos, y luego de que el 13 de marzo de 1998 el Estado declarara definitivamente su rechazo al derecho a la autonomía indígena (aún violentando el Acuerdo 169 de la OIT, que sin embargo ratificaba), los adherentes al CNI deciden comenzar a ejercer de facto las autonomías, mientras que la ANIPA se pliega al juego electoral, que comenzaba a favorecer al panismo hacia finales de la década.

Finalmente, la historia del zapatismo histórico de los pueblos originarios del Sur del Distrito Federal se toca con la del neo-zapatismo chiapaneco, cuando en marzo de 2001 se recibe en Milpa Alta a la comandancia del EZ, para refrendar las conclusiones del III Congreso Nacional Indígena de Nurío, Michoacán. En medio de la llamada Marcha del Color de la Tierra, al llamado acudieron más de quince mil asistentes. El planteamiento es el mismo: respeto a la autonomía de los pueblos indígenas de México y la unión de fuerzas para hacer valer ese derecho histórico.

El 28 de abril de 2001, sin embargo, se ratificó en el Congreso de la Unión una contrarreforma de ley indígena (de tintes foxistas), y la ANIPA se distancia definitivamente del CNI que se sostiene en la postura de “no solicitar más el reconocimiento de los pueblos indígenas en la legislación nacional, sino hacerlo efectivo en los hechos”. Para 2005 se habla de una desarticulación y una desmovilización del CNI, excepto en la Región Centro Pacífico.

Sin embargo los intentos por rearticular fuerzas en el CNI no cesan y en 2007 se lleva a cabo el Primer Encuentro de Pueblos Indígenas de América en Vícam, Sonora. El 4 de junio de 2013, se acuerda dar continuidad al trabajo en Vícam y se convoca a la Cátedra Tata Juan Chávez Alonso; las reuniones son convocadas por el EZLN y el CNI. El 17 de agosto de 2013 arranca el EZLN un nuevo Congreso Nacional Indígena en defensa de los territorios y la autonomía de los pueblos, sirviendo la Cátedra como marco para rearticular fuerzas.

El 19 de agosto de 2013, en el contexto de la clausura del CNI, del que participaron 170 etnias de México, Colombia, Perú, Guatemala y Estado Unidos, se propone la existencia de un sistema monetario independiente (experiencia veracruzana del Tumin) y la no claudicación de las policías comunitarias de Guerrero y Michoacán contra los proyectos extractivistas madereros y mineros. Del 9 al 10 de Noviembre de 2013 en la Comunidad Indígena de San Lorenzo Azqueltán, en el Municipio de Villa Guerrero, Jalisco, se resuelve dar seguimiento a los acuerdos de la Cátedra Tata Juan Chávez Alonso.

III.

En conclusión, es por demás trascendente seguir con mirada atenta (y crítica) los pasos de las acciones y resoluciones del Congreso Nacional Indígena al que se convocó en Milpa Alta en días pasados, en un intento nuevo de re-articular los vínculos entre la tradición de lucha de los pueblos originarios del DF y las luchas que durante décadas han encabezado múltiples organizaciones políticas indígenas y campesinas a nivel nacional.

Ésta articulación, asimismo, deberá buscar los canales de diálogo con expresiones más recientes de la protesta social eminentemente urbana; en particular, con movimientos como el también reciente Congreso Popular, el movimiento contra el alza de la tarifa en el transporte público, las organizaciones de defensoría de los derechos humanos y los remanentes activos de la espesa coyuntura que vio surgir al aún poco reflexionado movimiento #YoSoy132.

La Zexta ha tomado ya la iniciativa con su amplia convocatoria a la Escuelita Zapatista, en un contexto de contrarreformas agresivas por su evidente contenido impopular. A la vez que una vorágine de violencia ha demandado de cientos de localidades, tomar iniciativa a través de las llamadas autodefensas y policías comunitarias.

Sin duda, hay una ausencia sin precedentes de espacios de diálogo a través de los cuales difundir y promover una nueva ética política de mutuo reconocimiento entre lo urbano y lo rural, lo indígena y lo mestizo, lo político y lo cultural, lo local y lo nacional, etcétera. Y es que, de no acudir a los llamados al diálogo, desde las entrañas mismas de una sociedad desgarrada, seguiremos caminando en este distópico inicio del siglo XXI, tan similar al contexto de las experiencias prebélicas del siglo XX, tanto a nivel nacional como global.

Los habitantes del DF tendremos que despertar (más vale a tiempo) de la ebriedad socialdemócrata de la última década del siglo XX y la primera del XXI, construyendo un blindaje social de solidaridad y reflexión, no sólo ante el avance de la violencia en toda su zona metropolitana, sino también ante la voracidad de inversionistas y especuladores extractivistas que, desarticulando el sustento ético-político de las solidaridades tradicionales, acechan sobre los recursos naturales que prestan servicios ambientales y de subsistencia a la Ciudad de México.

Muy preocupados en el DF deberíamos estar frente a los megaproyectos, los aserraderos clandestinos, el desabasto de agua y alimentos, y el viraje autoritario de las administraciones capitalinas. El CNI constituye pues, una primera llamada a la reflexión y la organización, a partir de acciones plenamente surgidas, primero del diálogo y luego del consenso… y para ello, requerimos, antes que nada, de formas creativas de pensar lo político.