Por: Pablo Gómez.

Cuando estaba por promulgarse la Ley de Seguridad Interior los medios de comunicación, “líderes de opinión” y políticos se destazaron discutiendo a favor o en contra de ésta. Por un lado, quienes decían que, gracias a ella, el ejército podría salvar a los indefensos ciudadanos de las garras del crimen organizado, y que quienes se oponían, querían que los criminales obtuvieran impunidad. Desde el otro bando se oían voces que gritaban, en alarma, que esta nueva ley vendría a acabar con la democracia, que era un golpe de estado, etcétera.

Casi todos los argumentos presentados, tanto a favor como en contra, presentan a la Ley de Seguridad Interior como si de ella dependiera el futuro, como si fuera un gran suceso histórico. No obstante, lo que esta ley hace es simplemente declarar la guerra por parta del Estado hacia el pueblo. Una guerra que, lleva un par de cientos de años, y jamás ha estado exenta de hostilidades.

Podrían mencionarse los episodios más recientes o los más sonados, de los cuales se han hablado mucho en estos días. Eventos tales como la matanza de la Plaza de Las Tres Culturas, la ocupación de Ciudad Universitaria y el Casco de Santo Tomás, Tlatlaya, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, etcétera. Pero habría que puntualizar también acerca de la ocupación militar que vive prácticamente la totalidad de los estados de Guerrero y Chiapas; los asesinatos y hostigamientos que se cometen día a día contra las comunidades autónomas tales como Cherán; las torturas, asesinatos extrajudicales, y muchos actos más en los cuales los militares mexicanos son expertos.

La guerra ha existido desde que se fundó el Estado moderno. Y los años recientes, como hemos mencionado, no son la excepción. Desde el 2006, su presencia en las calles y en los pueblos -con la excusa de la lucha contra el narcotráfico- ha sido una constante que sólo ha dejado sufrimiento a su paso. El hecho de que los militares llevan más de diez años luchando contra la delincuencia organizada -dando tan pocos resultados- desmiente todos los argumentos a favor de dicha ley.

Por otra parte, decir que en México existe una democracia que hay que salvar -como si ya de por sí el pedir un gobierno, por más “democrático” que sea, es un suicidio- es un argumento para partirse de risa. Los fraudes electorales, clientelismo, corrupción, imposición de candidatos, compra de votos, robo de urnas, y más, son las prácticas más comunes del mundo. Los argumentos en contra de la misma ley parecerían, en su mayoría, carecer de mucho sustento.

Lo que en realidad parece discutirse aquí, es la legitimidad de la guerra. Desde arriba, se plantea que basta con que algo esté plasmado en una ley para que sea legítimo. Por esta razón es que se da circo, maroma y teatro con tal de que se apruebe. Desde abajo, encontramos manifestaciones y expresiones de rechazo hacia dicha ley. Pareciera que, más bien, lo que sale a manifestarse no es un rechazo a una ley en específico sino -aunque tal vez inadvertidamente- la existencia misma de los cuerpos militares de represión.

La guerra no sólo existe. Fue declarada formalmente en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2017. Lo más preocupante de ésta es que normalizará los niveles de violencia a los que se ha llegado. Si anteriormente veíamos desapariciones forzadas tan cínicas y brutales como las de los 43 cada 4 o 5 años, quizá ahora serán cada 4 o 5 semanas. Tenemos que encontrar maneras de responder, parar la Ley de Seguridad Interior no basta. Hay que parar la guerra.