Guerrero, 5 de marzo de 2017.  Integrantes de la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia – Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP) se manifestaron en los ayuntamientos de cuatro municipios: Cualac, Huamuxtitlán, Malinaltepec, y Olinalá pertenecientes a La Montaña de Guerrero.

La finalidad de dichas concentraciones fue levantar la voz para impedir que se reforme la Ley 701, ya que el Congreso del estado pretende quitar la facultad de tener un sistema propio de seguridad. Entre los principales argumentos para modificar la ley es el aumento de grupos de autodefensa en diversas localidades del estado de Guerrero los cuales vinculan con el crimen organizado.

Integrantes de la Policía Ciudadana y Popular insisten en que la ley deberá integrar el derecho de los pueblos indígenas, como pueblos, de elegir a sus autoridades municipales (presidente municipal y representantes en el Congreso) fuera de los partidos y procesos electorales, para evitar una agresión a la cultura e idiosincrasia de los mismos.

La Constitución Política de los Estadios Unidos Mexicanos en su artículo 2°, reconoce que la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas Se reconoce a los pueblos indígenas como una unidad social, económica y cultural, pero no política.  Y aunque en varios de sus incisos y fracciones reconoce la libre determinación y autonomía, las autoridades propias, los usos y costumbres, en seguid los acotan al afirmar que se deben acatar a normas previamente establecidas y sin existir reglamentación alguna de cómo se ejerce tal autodeterminación y autonomía.

Entonces hay que ser directos, estos derechos se reconocen en el discurso y en el papel, pero en la práctica y en la vida cotidiana de  los pueblos indígenas, no se respetan. Son violentados abiertamente al implementar políticas de toda clase, como la manipulación de los partidos políticos y a través de los programas sociales.

Los indígenas no se les reconoce el derecho de elegir libremente sus autoridades locales y municipales; hasta el día de hoy, los pueblos indígenas son sometidos y se les impone políticas autoritarias y de manipulación para que los partidos políticos de todo tipo, obtengan votos a su favor, violentando así, los derechos de los pueblos indígenas y rompiendo la unidad y convivencia comunitaria.

La ley 701 deberá integrar el derecho de los pueblos indígenas, como pueblos, de elegir a sus autoridades municipales (presidente municipal y representantes en el Congreso) fuera de los partidos y procesos electorales, para evitar una agresión a la cultura e idiosincrasia de los mismos.

Urge elevar a delito grave la discriminación y manipulación de los indígenas como personas y de las comunidades, para cualquier fin, empezando por el Estado Mexicano que lleva siglos, despreciando y combatiendo a los pueblos indígenas de diversas formas. La marginación y el subdesarrollo económico es una forma de violencia contra los pueblos indígenas. La rapiña contra sus territorio y cultura es otra forma de violencia contra los pueblos indígenas no importa que vaya disfrazada de megaproyectos de desarrollo.

La ley distingue a los indígenas y sus pueblos como personas de segunda y cuando de ellos se habla es mas en sentido folclórico inexistente. Los indígenas de  carne y hueso que son miles, siguen siendo perseguidos, encarcelados y  masacrados, ahora ya no por los españoles, ahora por el gobierno y sus esbirros.

Durante mucho tiempo los pueblos indígenas fueron relegados a segundo plano en cuanto a los derechos económicos, sociales, políticos y culturales, a lo largo de la historia muchas reformas y acciones estatales discriminaron a los pueblos Indígenas y ahora pretenden nuevamente volver a ese estilo xenofóbico.

Como siempre este proceso está lleno de irregularidades, uno de ellos es la falta de consulta real a los diferentes pueblos indígenas; la supuesta consulta es una pantomima mafiosa, no se está consultando a los pueblos indígenas y una Ley que no toma en cuenta al pueblo es una Ley espuria y no es necesario acatarla.

Por otro lado:

1.  La inseguridad en los pueblos indígenas es muy alta, la población vive con un miedo constante por salir a las calles, el ciudadano ya no tiene la libertad de salir a divertirse con su familia ni mucho menos el derecho de mandar a sus hijos a la escuela nuestros maestros han sido hostigados, amenazados, secuestrados y hasta asesinados, pero no ha sido el único gremio afectado, también los médicos, burócratas, abogados y los mismos encargados de la seguridad pública.
2. La alta tasa de homicidios y el nivel de impunidad, colocan al estado de Guerrero como el más violento de México, por encima de Morelos, Sinaloa y Michoacán, según el análisis índice de Paz México 2015 del Instituto para la Economía y la Paz (IEP).
3. El IEP también calificó mal al Sistema Judicial del estado al señalar que la tasa de impunidad en homicidios en 2014 es del 89%.
4. En Guerrero 38 de los 81 municipios que conforman la entidad viven en condiciones de muy alta marginación; casi el 50%. El estado tiene 2 558 localidades con grado de marginación muy alto, lo que representa el 11.4%; 450 mil habitantes (19.4%) viven en localidades con grado de marginación muy alto, de acuerdo con las estadísticas del CONAPO 2010. Estas pequeñas comunidades se ubican principalmente en la región Centro, Costa Chica y la Montaña.
5. La Montaña es una de las zonas con mayor presencia indígena a nivel estatal y nacional. Ahí se encuentran municipios como Cochoapa el Grande y Metlatónoc, que en el contexto nacional ocupan el primero y sexto lugar entre las 10 localidades más marginadas del país.
6. Por ello, la reforma a la Ley 701  será positiva si considera:

• En primer lugar el respeto amplio de los derechos a los pueblos indígenas de contar y ejercer con su propio Sistema de Seguridad y Justicia Indígena y Popular, contar con su Policía Ciudadanas y Popular PCP  y su Consejo de Gobierno.
• Que el derecho al desarrollo económico de los pueblos indígenas, no se limite a dadivas a través de programas sociales que no son mas que paliativos que poco hacen para el crecimiento económico.
• Que la corrupción y manipulación con que se maneja y se controla a la población indígena por parte del Estado, sea considerada una agresión y delito y sancionar a quienes desde el poder político lo ejercen.
• Que el derecho ya estipulado en la constitución que reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la libre determinación y en consecuencia, a la autonomía para: Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos,  debe ser efectivo y considerado  por esta ley
• La Ley 701 debe considerar como base el reconocimiento de Guerrero como una entidad pluricultural, así como la inclusión plena de los pueblos indígenas, como son: el Náhuatl, el Mixteco, el Tlapaneco, el Amuzgo y los pueblos afro mexicanos.
• El derecho amplio a la autodeterminación que significa que los pueblos tienen la capacidad para decidir por sí mismos lo que conviene o no a sus derechos colectivos y humanos, a la consecución de su destino de acuerdo con su soberanía popular.
• La autonomía de los pueblos y comunidades indígenas es uno de los elementos más importantes de la convivencia y vinculación entre los pueblos y el estado, que requiere personalidad jurídica
• Eliminar la ambigüedad del derecho indígena que acotado por disposiciones de carácter prescriptivo contiene los elementos de un sistema normativo: en donde las obligaciones y derechos no están clarificadas.
• Tanto la constitución federal como la estatal y la Ley 701 contempla el derecho y acceso a la salud, a la educación, a una vida saludable, pero este precepto como otros son declarativos en la práctica no existe tal condición, cientos y miles de personas no tienen acceso a la salud y educación a la alimentación adecuada y a otros derechos elementales porque el estado no concreta acciones reales.

Exigimos:

1.  Respeto absoluto a los derechos de los pueblos indígenas hasta ahora conquistados contemplados en la Ley 701, e incorporación en dicha Ley el reconocimiento del Sistema de Seguridad y Justicia Indígena y Popular de la CRSJ-PCP.
2. No a la derogación de la ley 701 sobre reconocimiento de derechos y cultura de los pueblos indígenas del estado de Guerrero.
3. Solución a las demandas fundamentales de los pueblos y comunidades indígenas que yacen añejamente sin solución, DE LOS PLIEGOS PETITORIOS ESPECIFICOS, para lo cual exigimos respuesta inmediata.
4. Alto a la represión y presentación de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.
5. Libertad a todos los presos políticos.
6. Respeto a la libertad de expresión y manifestación.

                F R A T E R N A L M E N T E               

“Por la Soberanía Popular, Libertad, Justicia y Paz”.

Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia

Policía Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP)