Por: Ernesto Funesto Mondragón

La primavera del 2006 se tiñó de rojo. De un rojo violento, rojo de sangre; pero también rojo combativo. Era el mes de mayo y México era un hervidero político. Recién había sucedido el crimen empresarial de la mina Pasta de Conchos, donde debido a la negligencia de Grupo México –perteneciente al empresario Germán Larrea–, 65 mineros quedaron atrapados en un derrumbe. Gracias al contubernio del gobierno local, encabezado por Humberto Moreira, y a la indiferencia del secretario federal del trabajo, el yunquista Francisco Javier Salazar, los 65 mineros fueron declarados muertos y dejados a su suerte.

Apenas el 20 de abril –coincidiendo con el séptimo aniversario del inicio de la huelga estudiantil en defensa de la gratuidad de la UNAM– la entonces Policía Federal Preventiva (PFP), junto con el Grupo de Operaciones Especiales de la policía michoacana y elementos de la policía ministerial del mismo estado, intentaron desalojar a los trabajadores metalúrgicos de la empresa Siderúrgica Lázaro Cárdenas-Las Truchas (Sicartsa). Los obreros resistieron, se reagruparon y frustraron el desalojo replegando a las fuerzas policíacas. El saldo fue de 2 trabajadores asesinados por arma de fuego y medio centenar de heridos.

Así comenzaba mayo de 2006: ríspido, violento, mortífero. Asimismo, el histórico recorrido de la Comisión Sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), La Otra Campaña –encabezado por su Delegado Zero– llegaba al centro del país y hacía escala en un pueblo que había saltado a la fama mundial por su férrea defensa del territorio y su acalorada reivindicación zapatista: San Salvador Atenco. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) hacía valer su condición de 7° Batallón de Caballería del EZLN y se sumaba a las actividades de La Otra Campaña. Después de un emotivo encuentro, la Comisión Sexta continuó su recorrido por diversos puntos del entonces Distrito Federal.

El 3 de mayo, día de la Santa Cruz, un conflicto aparentemente menor fue escalando rápidamente en violencia hasta convertirse en tema de seguridad nacional. El 4 de mayo un operativo de contrainsurgencia llamado jocosamente Operación Rescate realizó las violaciones más graves a los derechos humanos que, hasta entonces, se habían visto en lo que corría del siglo en nuestro país. A esta represión se le conoce como el Mayo Rojo. Rojo por la sangre derramada. Rojo, también, por la combatividad con que el pueblo de Atenco se negó a ser exterminado, a ser encarcelado, a ser desterrado. Roja combatividad con la que rompió el cerco, mediático y militar, y se sobrepuso a la barbarie.

Cuando se habla del Mayo Rojo se suele responsabilizar única y exclusivamente a Enrique Peña Nieto, como si él hubiera sido el único implicado, el único instigador de este crimen de estado. Sin embargo, una serie de personajes fueron clave para que este operativo se ejecutara con la saña y la criminalidad con la que se llevó a cabo.

En las próximas líneas se verá que, contrario a lo que se presume en instancias internacionales –como la Organización de Estados Americanos– en México los crímenes de estado existen, no se sanciona a los responsables y, al contrario, se les premia.

1. Enrique Peña Nieto

   

Terminado su sexenio como gobernador del Estado de México, Peña se enfocó en su campaña presidencial de 2012, la cual tuvo como uno de sus momentos más álgidos su soberbia y prepotente reivindicación de la represión del Mayo Rojo en San Salvador Atenco. Aquel 11 de mayo, viernes negro, en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana, Peña asumió el costo histórico y moral de aquel crimen. Pese a su cinismo, logró imponerse como presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. A poco más de un año de que termine su mandato presidencial, los crímenes de estado se han multiplicado en todo México. El estilo Peña de reprimir se hizo costumbre. La impunidad se hizo ley. La resistencia –la de los jodidos– se volvió indispensable.

2. Vicente Fox Quesada

   

El 22 de octubre de 2001 una serie de decretos presidenciales fueron emitidos con la finalidad de expropiar cerca de 5 mil hectáreas destinadas a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM). La lucha organizada de los pueblos de la zona Atenco-Texcoco echó abajó el negocio del sexenio.

El Mayo Rojo fue la revancha política de Fox en contra del FPDT y la preparación del escenario que permitiera la renovación del proyecto aeroportuario.

Al dejar la presidencia, Vicente Fox se retiró a su recién remodelado Rancho San Cristóbal, en Guanajuato, en medio de acusaciones de que las obras habrían sido costeadas con cargo al erario. Además de gozar de una millonaria pensión –estimada en 3.3 millones de pesos al año– y de la vigilancia del Estado Mayor Presidencial, se dedica principalmente a emitir declaraciones que sobresalen por su incoherencia y su cinismo. Nunca ha sido requerido por ningún tribunal por el Caso Atenco, ni por los hechos de Pasta de Conchos, Sicartsa, ni por la feroz represión contra la APPO en Oaxaca.

3. Nazario Gutiérrez Martínez

   

Para el trienio 2003-2006, Higinio Martínez Miranda era el presidente municipal de Texcoco. Sin embargo, en enero de 2006 pidió licencia para buscar una diputación. En su lugar quedó designado este siniestro personaje local. Compadre de Martínez Miranda, para más señas, continuó la línea de gobierno marcada por éste.

A finales de abril continuó con una supuesta “reubicación” de vendedores que trabajaban en las inmediaciones del mercado “Belisario Domínguez”, quienes eran simpatizantes o integrantes del FPDT. Nazario Gutiérrez, como edil de Texcoco, dio todas las facilidades al gobierno estatal de Peña para montar la provocación sobre la que se iniciaría la represión el día 3 de mayo.

Según algunas versiones, la noche del 3 de mayo, Peña Nieto fue a ultimar en persona los detalles del operativo del día siguiente a Texcoco. La sede fue la casa del ex presidente municipal, de extracción priísta, José Carmelo Vázquez Ávila, padre del entonces diputado local por el PRD José Francisco Vázquez Rodríguez. En dicha reunión, Nazario Gutiérrez dejaría toda la iniciativa en el gobernador mexiquense y en el representante del gobierno federal, Miguel Ángel Yunes Linares.

Curiosamente, sin haber sido nunca elegido, Nazario Gutiérrez ha sido dos veces presidente municipal de Texcoco. La primera en sustitución de su mentor político y compadre, Higinio Martínez. La segunda, de mano de otra de las ahijadas de Higinio y hoy candidata de MORENA a gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez. En 2006, Gutiérrez Martínez recibió el poder de Higinio Martínez; en 2015, Nazario le hizo los honores.

José Francisco Vázquez Ramírez (o como gusta ser llamado, Paco Vázquez) como muchos perredistas migró a MORENA y actualmente es diputado local por el mismo distrito, el XXIII, que representó hace 11 años.

Nazario Gutiérrez Martínez se encuentra actualmente libre, afiliado a MORENA y nunca ha sido requerido por ningún tribunal por los hechos represivos del 3 de mayo en Texcoco.

4. Carlos Abascal Carranza

   

Abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho (al igual que Felipe Calderón), de los llamados “cuadros duros” de la organización de ultraderecha El Yunque. Durante la administración de Vicente Fox se desempeñó mayoritariamente como titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) donde impulsó una reforma a la Ley Federal del Trabajo, conocida como Ley Abascal, la cual incluía el tristemente célebre “contrato de primer empleo”. Para 2005 sustituyó a Santiago Creel como secretario de gobernación.

Desde este puesto se dedicó sistemáticamente a garantizar la “gobernabilidad” y el “estado de derecho” de cara al proceso electoral de 2006. El 3 de mayo, el gobierno de Enrique Peña Nieto hace una petición formal de ayuda a la federación, la cual aprueba el envío de fuerzas federales. Esta decisión fue aprobada por el gabinete de seguridad, integrado por el titular del ejecutivo, así como los secretarios de Defensa, Marina, Hacienda y Gobernación, así como a los titulares del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), y de la Procuraduría General de la República (PGR).

Respecto al operativo del 4 de mayo, Abascal declaró que no existía “ingobernabilidad” en México sino que “mostramos la fortaleza de la ley y la autoridad”. Asimismo nunca reconoció que existieran abusos policíacos ni tortura sexual.

El 2 de diciembre de 2009 falleció debido a un cáncer en el estómago. Amigos y familiares crearon una fundación que lleva su nombre. Otros, han pedido a la Iglesia Católica su beatificación.

Nunca se le responsabilizó penalmente por la represión del Mayo Rojo.

5. Víctor Humberto Benítez Treviño

   

Secretario general de gobierno durante los primeros años de la administración de Peña Nieto en el Edomex. El 2 de mayo mandó directamente hasta Texcoco a un emisario que ayudara con el montaje de la provocación, mismo que participó en una farsa de mesa de diálogo. El 3 de mayo calificó de “irracionales” a los floristas al negarse a ser reubicados en lo que él consideró “un espacio digno”. Ya en la noche de ese mismo día, Benítez Treviño declaró que si la situación lo ameritaba no sólo enviarían más elementos policíacos, sino que estos incluso podrían ir armados.

Pasados los días se dedicó a justificar la represión argumentando que en realidad se reestableció “la paz, la tranquilidad social y el estado de derecho”.

En 2009 es separado de su cargo, mismo que entrega a Luis Enrique Miranda Nava. Obligado a pasar unos años tras bambalinas, al asumir el poder ejecutivo federal Peña Nieto, Benítez es premiado se le nombra titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Sin embargo, su prole le jugó una mala pasada. A escasos 5 meses de su nombramiento, su hija Andrea Benítez realizó un alarde de su abolengo y mandó clausurar un restaurante en la colonia Roma por un simple berrinche propio de una niña consentida y caprichuda. A raíz de dicho episodio, por el cual Andrea Benítez pasó a ser rebautizada como #LadyProfeco, Benítez Treviño tuvo que ser removido de su cargo por haber “abusado” del mismo (nunca se habló de nepotismo).

No obstante, a un incondicional no se le abandona así como así. En junio de 2014 fue nombrado por Eruviel Ávila, presidente del Colegio Mexiquense A. C., cargo que ocupa hasta la fecha.

Hasta el momento, Humberto Benítez Treviño no ha sido implicado ni se le ha fincado responsabilidad alguna por su participación en la represión del 3 y 4 de mayo de 2006.

6. Eduardo Medina Mora

   

Titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal en el último tramo del sexenio de Vicente Fox. Su participación en el Mayo Rojo consintió en aprobar el envío de la PFP a reforzar a la policía del Edomex. Para tal fin envió como responsable a Miguel Ángel Yunes Linares. Sin embargo, su papel en esta historia se remonta años atrás.

Durante los primeros 5 años del sexenio foxista, Medina Mora fue titular del Cisen. Desde ahí se dedicó a espiar sistemáticamente a los miembros del FPDT al considerarlos serios riesgos para la seguridad nacional. Por lo que al tomar las riendas de la SSP federal, estaba perfectamente enterado de a quiénes reprimía. Y sabía cómo hacerlo.

Al llegar Felipe Calderón a la presidencia, Medina Mora fue nombrado titular de la PGR (donde fue el primero en desestimar y tergiversar la investigación del incendio en la Guardería ABC), cargo que desempeñó hasta septiembre de 2009. Renunció al puesto para inmediatamente ser nombrado embajador de México ante Reino Unido. Posteriormente, en 2013 dejó dicha embajada para tomar la representación diplomática ante Estados Unidos hasta marzo de 2015. Ese año fue premiado por el Senado de la República –a petición de Peña Nieto– designándosele Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cargo que ostentará, por lo menos, los próximos 10 años.

Hasta la fecha no se le ha responsabilizado ni investigado por los crímenes del Mayo Rojo.

7. Wilfrido Robledo Madrid

   

Almirante egresado de la Escuela Naval Militar. Primo del ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid. En 1999 fue designado por Ernesto Zedillo como Comisionado de la recién creada PFP. Por órdenes del entonces subsecretario de gobierno de la Segob, Jesús Murillo Karam, Robledo dirigió el operativo del 6 de febrero de 2000 por el cual se tomó militarmente las instalaciones de Ciudad Universitaria, poniendo fin a la huelga estudiantil que dirigía el Consejo General de Huelga.

Dejó la PFP en medio de acusaciones de malversación de fondos. En 2004 la Secretaría de la Función Pública lo halló responsable y lo inhabilitó por 5 años del servicio público. Sin embargo, en 2005 fue contratado por Enrique Peña Nieto como jefe de la hoy extinta Agencia de Seguridad Estatal (ASE), argumentando que la inhabilitación era para cargos federales y no locales.

Robledo Madrid fue quien diseñó la llamada Operación Rescate. Por sus órdenes, la PFP ingresó primero, posteriormente el grupo élite de la ASE y al final el resto de cuerpos policíacos estatales y municipales. Ha reconocido públicamente en diversas ocasiones no sólo la autoría del operativo sino que él fue quien dirigió todas las operaciones, tanto de fuerzas federales como estatales.

El mismo 4 de mayo, sin pruebas periciales de por medio, afirmó tajantemente que la muerte del niño Francisco Javier Cortés Santiago se debió a un cohetón lanzado por los habitantes de Atenco. Igualmente afirmó que ningún elemento estuvo armado, siendo refutado pocos días después por policías estatales de manera anónima. Durante más de un año no sólo negó los abusos policíacos sino también que se utilizara la tortura sexual en contra de las mujeres detenidas.

Debido a la presión mediática, renunció a la ASE en febrero de 2007. Sin embargo, en diciembre de 2009, Arturo Chávez, titular de la PGR, lo designó como director de la Policía Federal Ministerial, cargo que ocupó hasta finales de abril de 2011. Regresó al servicio en la Marina, para retirarse con honores en 2014. En 2016 se sumaría como asesor de seguridad pública a la campaña del priísta Hector Yunes Landa.

Actualmente se sabe que vive de su pensión militar, tranquilo y sin procesos judiciales.

A pesar de que ha estado varias veces investigado por diversos delitos, y en al menos una ocasión fue encontrado culpable, nunca ha pisado prisión y nunca se le ha responsabilizado legalmente por las violaciones a derechos humanos cometidas bajo su mando durante la Operación Rescate el 4 de mayo de 2006