Por Tiyako Felipe
Los pueblos organizados de Guerrero diseñan estrategias para defender la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas, ante los rumores de una posible reforma o derogación, lo cual podría significar un retroceso a uno de los marcos legales, que les ha permitido hacer valer sus derechos constitucionales plasmados en el artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
La Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas fue aprobada y publicada en el Periódico Oficial del estado de Guerrero No. 28, el viernes 8 de abril de 2011. La recomendación 9/2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con motivo de violaciones a los derechos humanos, recomendó: “armonizar los sistemas normativos indígenas con el estatal”, a partir de un proceso legislativo y de consulta a las comunidades, el cual deberá concluir en marzo de 2017.
Por tal motivo, el pasado 5 de marzo el Movimiento por la Soberanía Popular y el Socialismo (MSPS), la Organización Soberana de los Pueblos Indígenas de Guerrero (OSPIG) y la Coordinarora Regional de Seguridad y Justicia- Polícia Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP) hicieron una toma simbólica de los ayuntamientos de Olinalá, Cualac, Huamuxtitlán y Malinaltepec, con la finalidad de expresar su rechazo a una reforma o derogación de la llamada Ley 701. Asimismo hicieron entrega de un pliego de demandas específicas a cada uno de los ayuntamientos.
Durante la toma simbólica se cuestionó que en el discurso y en en el papel se reconozcan los derechos de los pueblos indígenas, pero en la práctica y en la vida cotidiana no se respetan. Por ejemplo: elegir libremente sus autoridades municipales y representantes en el congreso, al margen de los partidos políticos; la falta de una “consulta real” a la población indígena; elevar a delito grave la discriminación y manipulación de la población; y detener la rapiña contra sus territorios y cultura.
Por otra parte, los pueblos organizados consideran que la reforma sería positiva, sólo si se respetan ampliamente los derechos de los pueblos: a contar con un Sistema de Seguridad y Justicia Indígena y Popular, Policía Ciudadana y Popular, y Consejos de Gobierno; el derecho al desarrollo económico y castigar como delito grave la corrupción y manipulación de la población indígena; garantizar la libre determinación y la autonomía; reconocer al estado de Guerrero como una entidad pluricultural y finalmente, eliminar la ambigüedad del derecho indígena acotado por disposiciones de carácter prescriptivo, propio de un sistema normativo.
El MSPS también exigió respeto absoluto a los derechos conquistados y plasmados en la Ley 701; incorporar el reconocimiento del Sistema de Seguridad y Justicia Indígena y Popular de la CRSJ-PCP; cancelar todo intento de derogación de la ley; solución a las demandas de los pliegos petitorios específicos entregados en cada uno de los ayuntamientos; alto a la represión, libertad a todos los presos políticos y presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
