Por: Mónica Olivares.
A raíz del feminicidio de Nadia Vera, Alejandra Negrete, Yesenia Quiroz, Mile Virginia y el asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa, –éste abandonó Veracruz por presentar amenazas y hostigamiento por su labor periodística– en la colonia Narvarte de la Ciudad de México; las agresiones y amenazas a integrantes de medios libres y/o independientes han aumentado en el Distrito Federal.
El primer ataque se dio el pasado 26 de agosto a dos fotoperiodistas Ignacio Martínez y Eduardo Velasco del medio “Mas de 131”, quienes fueron golpeados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSPDF) y funcionarios del Sistema de Transporte Colectivo Metro en las inmediaciones del metro Zócalo cuando documentaban la liberación de torniquetes como parte de las acciones globales por Ayotzinapa.
El 31 de agosto –a un mes de cumplirse el multihomicidio en la Narvarte– el fotoperiodista y reportero Heriberto Paredes, de la Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones, fue amenazado de muerte afuera de la estación del metro San Cosme cuatro horas después de una reunión de la red #RompeElMiedo en las oficinas de la organización ARTICLE 19, siendo esta la quinta agresión a integrantes de Subversiones de lo que va del año.
Una semana después, el domicilio de las periodistas Flor Goche colaboradora de Contralínea y Desinformémonos y Eva Mendoza reportera de Contralínea, fue allanado (8 de septiembre) en la Ciudad de México. Ambas se encuentran dentro del Mecanismo de Protección a Periodistas de la Secretaría de Gobernación (SeGob), como parte de las medidas cautelares otorgadas en el año 2014 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Dichas instancias no apoyaron para proceder a una denuncia penal, fue a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) como se pudo realizar la denuncia.
Finalmente, el pasado lunes 21 de septiembre, al rededor de las 15 horas integrantes de “Grupo Porril Tres de Marzo” entraron de manera ilegal a las instalaciones del medio Regeneración Radio, ubicado en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Vallejo, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Leonardo Trejo, Jesús Acosta, Sinué Juárez, integrantes del medio fueron agredidos físicamente con objetos punzocortantes. La mañana de ese día, Regeneración Radio dio a conocer a través de un comunicado el cese de transmisiones por razones de seguridad, siendo esta la cuarta agresión contra la estación en lo que va del año.
Las anteriores agresiones y amenazas a integrantes en su mayoría de medios independientes, se dan a pesar de la promulgación –una semana después del asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa– de la Ley para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, la cual busca proteger la integridad de quienes ejercen dichas profesiones.
La ley supone disposiciones legales para promover y facilitar la cooperación entre el gobierno federal, los gobiernos estatales, representaciones diplomáticas y organismos internacionales; así como establecer mecanismos e instancias para la protección en la Ciudad de México, sin embargo la norma también contiene prohibiciones entre las cuales destaca que las personas que reciban el apoyo no podrán autorizar el uso de medidas por personas diferentes a las determinadas por las áreas del mecanismo.
ARTICLE 19 ha trabajado desde el 2013 con medios independientes, alternativos y/o autogestivos con el lanzamiento de una red de monitoreo durante movilizaciones y protestas en el Distrito Federal la #RedRompeElMiedo que funciona como una plataforma de vinculación con dichos medios y colectivos de defensores de derechos humanos; y a través de ella se ha dado visibilidad a la censura de la libertad de expresión y de periodistas en su labor por documentar agresiones en contextos de protestas en esta ciudad.
El primer informe semestral “Más violencia, más silencio”, de la organización ARTICLE 19 menciona que el Distrito Federal es la segunda entidad del país donde se registran agresiones contra la prensa, donde se contabilizó 33 ataques en 2014.
