Por: Patricia Olivares.

Ciudad de México, 11 de mayo de 2015. Uno a uno van llegando bajo el ardiente sol mexicano del medio día. La indignación y el coraje en sus ojos ante la represión de sus iguales, de sus compañeros de lucha. Las banderas rojas y pancartas de solidaridad se ondean al ritmo de: “El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido”.

En la esquina de Patricio Sanz ya se alcanzan a ver dos camionetas de granaderos y una de seguridad vial. Son las 12:30pm y permanecemos afuera de la sede de la Representación del Gobierno del Estado de Baja California en el Distrito Federal, poco después, inicia el mitin político en Solidaridad con los Jornaleros del Valle de San Quintín, quienes el sábado pasado (9 de mayo) fueron reprimidos por elementos de la policía estatal, por lo que se exige la renuncia del gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid.

¿Represión o llamado de emergencia?

Diferentes grupos, colectivos, comités y organizaciones de la sociedad civil, mostraron su rechazo y preocupación hacia el uso desproporcionado de la fuerza policíaca. Ya que resultaron más de 80 lesionados, 14 detenidos desde el pasado 17 de marzo a la fecha, ante lo cual, se pidió la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, según se menciona en el diario La Jornada.

Los acontecimientos tuvieron lugar después de que el Subsecretario de Gobernación no acudiera a la mesa de diálogo acordada con las y los jornaleros para el día 8 de mayo. […] Ante los sucesos del día  9 de mayo, reprobamos el uso de balas de goma y armas de fuego por parte de la policía estatal de Baja California, en aparente colaboración con la policía municipal; así como los allanamientos de morada que éstos emprendieron sin orden judicial.

Asociación Civil Servicios y Asesoría para la Paz (SERAPAZ).

Sin embargo, en entrevista con Adela Micha para Grupo Imagen Multimedia, Francisco Rueda, Secretario General del Gobierno de Baja California, comentó que la intervención no representa una agresión por parte de la policía, ya que sólo atendieron a un llamado de emergencia, el cual fue una denuncia ciudadana ante el intento de incendio de un campo agrícola.

Al llegar la policía se detuvo a los que habían iniciado el incendio… Comenzaron las agresiones, por estos actos se registran varias personas detenidas, así como varios lesionados”. Dijo además que se investigarán estos actos para deslindar responsabilidades.

Después de lo sucedido el Frente Indígena de Organizaciones Binacionales (Fiob) convocó “a realizar un boicot a los productos que se importan del Valle de San Quintín, en Baja California, en protesta por los enfrentamientos y porque, afirman, no han sido resueltas las demandas de los jornaleros agrícolas”, según se menciona en el Excelsior.

Distintas organizaciones campesinas acusaron a los dueños de los ranchos: San Juanito, Berrymex y Agrovida, por haber promovido la violencia, informa WRadio. Además, los jornaleros detenidos deberán pagar una elevada fianza para ser liberados:

El juzgado del Poder Judicial del Estado en San Quintín fijó una fianza de 7 millones de pesos a cada uno de los tres hombres acusados del delito de daños en propiedad ajena tras los disturbios que se presentaron en la colonia triqui de esta región del sur de Ensenada. A un cuarto implicado se le determinó una fianza de 500 mil pesos.

La Jornada.

No olvidemos las pésimas condiciones laborales

Recordemos que las condiciones laborales de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín son “pésimas”, con bajos salarios, largas jornadas de trabajo, contacto con agroquímicos, falta de contrato y mala calidad de vivienda, como lo comentó la antropóloga, Gisela Espinosa Damián, en entrevistada para Aristegui CNN.

En “San Quintín la participación de las mujeres en el jornaleo es muy alta, se estima que el 62 por ciento de las mujeres mayores de 12 años participan en el trabajo por un ingreso, sin contar a muchísimos niños y niñas jornaleros que también participan en los trabajos”.

Asimismo, se ha reconocido que en México existen condiciones de semiesclavitud, ya que según la Encuesta Nacional Jornalera de 2009 (ENJO 2009), este tipo de explotación afecta a 2 millones de personas (118 millones de habitantes), “sin contrato ni prestaciones sociales y que, pese a la dureza de sus trabajos de hasta 10 horas, cobran de media entre 60 y 120 pesos diarios”. Además denunciaron algunas organizaciones civiles, que dicha práctica es generalizada en 19 de las 32 entidades del país.

Jornaleros organizados

Están presentes más de 150 personas en solidaridad. Por ahí, la Nueva Central de Trabajadores (NCT), los del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la Organización Política del Pueblo y los Trabajadores (OPT), el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), el Sindicato de Trabajadores de Casa Comerciales Oficinas y Expendios Similares y Conexos del Distrito Federal (STRACC), los Gasolineros de Super servicio Coapa, S.A. de C.V., los del Frente Popular Revolucionario (FPR), los del Partido Comunista de México (PCM), el Movimiento de Trabajadores Socialistas (MTS), los del Partido Obrero Socialista-Movimiento al Socialismo (POS-MAS), la Alianza de Tranvías de México (ATM), Comida no bombas, los del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal (IEMS), entre otros.

De fondo se escucha: “De pie, cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí y así verás tu canto y tu bandera florecer. La luz de un rojo amanecer anuncia ya la vida que vendrá”; mientras esperábamos a la Comisión que entró a dialogar con el Lic. Andrés Tapia Leyva, quien los recibió en nombre de la Representación del Gobierno de Baja California en el DF. Y para complementar, muchos compramos paletas de hielo del SME a tan sólo 5 pesos.

Minutos más tarde, Fidel Sánchez, uno de los voceros del movimiento del Valle de San Quintín (por vía telefónica), llamó a formar un frente único nacional de lucha, para un mejor futuro de las nuevas generaciones: “Nos damos cuenta una vez más que el Gobierno de Baja California tiene poca capacidad para dar solución. Nosotros pedimos el aumento salarial de 200 pesos, ya que no tenemos seguro social, prestaciones laborales, pago de horas extras, vacaciones”, etcétera.

Además, recalcó que los sucesos del 9 de mayo fueron actos represivos, en donde salieron heridas mujeres, personas de la tercera edad, niños y niñas de 7 a 9 años; por lo que Francisco Arturo Vega “ya no merece ser gobernador”. Y para terminar su intervención, expresó su agradecimiento a la solidaridad y dijo: “De norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste”, consigna que fue replicada por los presentes.

Al salir la Comisión en representación de los Jornaleros Agrícolas del Valle de San Quintín, informaron que el Lic. Andrés Tapia Leyva reafirmó que el Gobierno de Baja California no hizo ninguna represión, pues sólo acudieron al llamado de la ciudadanía. Comentario que hizo molestar a los manifestantes, quienes gritaron: “¡No están solos, no están solos!”

Finalmente comunicaron que pese a las distintas posturas, se seguirá en lucha, exigiendo la liberación de los jornaleros presos y en espera de la mesa de negociación. Además de una serie de manifestaciones para exigir justicia y solución a sus demandas laborales.

Por otra parte se pidió apoyo a la Caravana Nacional por la Defensa del Agua, el Territorio, el Trabajo y la Vida, encabezada por la tribu yaqui; así como estar al pendiente de las siguientes acciones para el 13 y 15 de mayo. Asimismo se cuestionó las elecciones y el papel de los partidos políticos, “quienes sólo lucran y no les interesan los problemas del pueblo mexicano”.

“A pesar de los casi dos meses transcurridos y de la represión en su contra, el movimiento de los jornaleros de San Quintín no da muestras de cansancio físico o anímico. Resiste, alimentado por la convicción de que hay que poner fin a un modelo de explotación bárbaro y por décadas de luchas comunitarias. Por lo pronto, se dispone a enfrentar la indolencia oficial organizando el boicot internacional hacia la producción hortofrutícola del Valle.”

Luis Hernández Navarro, La Jornada.