*Octavio Aristeo López
El Jefe del Poder Ejecutivo señaló en sus discursos que no habrá impunidad, se tiene que ir a fondo, combatir a fondo la impunidad; se aplicará el peso de la ley a los culpables, en estos momentos de prueba para las instituciones y la sociedad para rechazar la violencia: “La violencia nunca será la solución ni el camino hacia un mejor futuro”. (Presidencia de la República, Discursos, 16 de octubre de 2104).
Además, sentencia, que no puede existir complicidad entre gobernantes y delincuentes: “y hacer que los culpables, todos los culpables, materiales e intelectuales de estos actos inhumanos y de barbarie, respondan ante la ley” (Presidencia de la República, Discursos, 10 de octubre de 2014).
Son declaraciones adecuadas, para crear certeza y certidumbre, ante un pueblo angustiado y lleno de dolor; por lo que, La desaparición de poderes en Guerrero no resuelve el caso de Ayotzinapa. Con el incendio del Palacio de Gobierno de Chilpancingo el 13 de octubre no hay gobierno legal.
El no confundir Estado con Gobierno ayuda al análisis político de la realidad, de los fenómenos sociales que ocurren, como el asesinato de estudiantes y ciudadanos; por lo que, el término Estado debe usarse con cuidado, para no caer en la ambigüedad, porque sabemos que el gobierno tiene la responsabilidad directa de las fuerzas armadas y policiacas de un territorio determinado, monopoliza y centraliza el poder para mantener el orden interno y externo de la región.
No es el derecho de usar la fuerza, sino la exclusividad que tiene el Gobierno de este derecho sobre un determinado territorio; el Gobierno ejerce su soberanía sobre los ciudadanos, ejerce su dominio; no puede existir otro gobierno solo el electo por medio del voto universal; si, existe otro gobierno paralelo; por consiguiente, el gobernante, sí no ejerce su función, este delegando la soberanía y su responsabilidad a poderes de facto o de presión que no son gobiernos legales sino ilegales; entonces el gobernante electo debe ser castigado, encarcelado.
No solo aceptar la renuncia por no cumplir sus funciones constitucionales, se le tiene que castigar con cárcel, es la exigencia de la soberanía de los gobernados que recupera su poder soberano; los ciudadanos tienen el poder para ejercer ese poder que no es aceptado por el gobernante electo y legalmente constituido.
Por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente señala: “Artículo 39. La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno.”
Cuando el Gobierno asesina a integrantes de su pueblo, ya no representa a la sociedad y pierde la soberanía porque ya no beneficia al pueblo; entonces, existen gobernantes tiranos no democráticos ni republicanos representativos, como señala el artículo 40 constitucional; es una forma corrupta de gobierno, que pierde credibilidad y legalidad.
El gobernante que gobierna para su propio provecho y en beneficio del crimen organizado, y no del pueblo que eligió legalmente; pierde la soberanía que le deposita el pueblo, y es cuando el gobierno también es despótico y viola la constitución, como sucede en entidades gobernadas por los distintos partidos políticos, en el que sus dirigentes sonríen, conviven, dan la imagen de ser cómplices.
Cuando en la época primitiva no existía Estado, era salvaje y bárbaro el poder político, estaba viciado en una sociedad acéfala con un jefe que hacía uso de la fuerza policiaca y militar indiscriminada para hacer cumplir sus órdenes, su autoridad; después en la época civil el Estado moderno hace que el poder político sea civilizado, ante la existencia de una sociedad política; en una organización política, en donde el Estado es el portador de la summa potestas, que significa que no existe otro poder por encima de ese poder electo; si existe otro poder como el crimen organizado entonces el gobierno legal no está cumpliendo con la constitución y deben ser castigados.
Si un funcionario público, como es el gobernante, no cumple con la constitución política está atentando contra el poder legal que tiene el Jefe del Poder Ejecutivo y contra el pueblo, es maldad y complot contra el orden establecido; son enemigos del jefe del Poder Ejecutivo y del pueblo.
Por lo mismo, la pregunta necesaria ¿Quién está en guerra contra quién? Porque, en el 2006 el gobierno federal gastó cincuenta mil millones de pesos en seguridad; en 2014, se está gastando 150 mil millones. Por lo tanto no es cuestión de recursos, equipos, armas, policías, es un asunto político.
Algunas instituciones del gobierno federal tuvieron diferentes avisos de la problemática violenta de Guerrero y no actuaron; por consiguiente, existe complicidad de algunos para dañar al Jefe del Poder Ejecutivo. Por lo que, ahora se tiene que preparar para contener posibles focos guerrilleros en Guerrero.
De aquí, los funcionarios públicos y legisladores que están vinculados con organizaciones criminales, los narcopolíticos, no representan a la sociedad ni al Jefe del Poder Ejecutivo, porque construyen la imagen de un gobierno corrupto y parásito; esto ya no es funcional en el nuevo esquema capitalista, incluso en Islandia los encarcelan y crece la economía.
*Octavio Aristeo López es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional Autónoma de México.
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