Por: Alba Romero López.

7 de julio de 2016, Pamplona, España

Una chica madrileña de 18 años conoció en la madrugada, de las populares fiestas de los San Fermines, a cinco chicos que se ofrecieron acompañarla al carro una vez que se quiso ir a descansar. De camino, lograron escabullirse dentro de una vecindad, arrastrando a la joven y acorralándola en un cuarto interior del rellano, donde empezaron a desnudarla. Ella, paralizada por lo que estaba sucediendo, no respondió cuando la agarraron y comenzaron a penetrarla bucal, anal y vaginalmente entre los cinco. Entre tanto, alguno grabó 96 segundos de la escena. Cuando terminaron, agarraron su bolsa para robar el celular y se fueron del portal, dejándola sola e incomunicada. Ella salió a la calle semidesnuda, desorientada y llorando para sentarse en un banco público, donde una pareja se percató de que algo no iba bien y llamó a la policía.

A las horas de la denuncia, detuvieron a José Ángel Prenda, Alfonso Jesús Cabezuelo, Ángel Boza, Jesús Escudero y Antonio Guerrero Escudero, cinco hombres de entre 26 y 30 años que se hacen llamar a sí mismos “La Manada”, entre los que contamos un militar y un guardia civil (un cuerpo militarizado español). A partir de ahí, comenzó el proceso judicial que terminaría el 26 de abril de 2018. En el camino, toda España se enteró de la noticia, volviéndose así uno de los casos más sonados en el panorama mediático.

Después de casi dos años de tertulias televisivas donde se cuestionó a la víctima y se defendió a los agresores; después de que se desvelaran los whatsapps donde presumían de los hechos; después de descubrir que no era la primera vez, que había más denuncias, más videos, más chicas; después de saber que detectives privados seguían a la víctima para comprobar si llevaba una vida normal o estaba realmente afectada y después del retraso judicial… se leyó la sentencia que condenaba a estos cinco hombres por abuso sexual y no por violación, negando que se utilizara violencia o intimidación en la relación sexual, con su consecuente rebaja en la sentencia.

29 de octubre de 2015, Bariloche, Argentina

Una chica mendocina de 17 años fue a su viaje de egresados organizado por una empresa turística que incluía coordinadores para los grupos. Uno de los días, la chica salió a bailar a una discoteca  hasta que a cierta hora se encontró mal y decidió marcharse al hotel donde se alojaba. Entonces, Enzo Lampasona, uno de los coordinadores encargados de cuidar a su grupo, se ofreció a acompañarla a su habitación del hotel. Una vez llegó a su dormitorio, la violó.

Cuando terminó, ella quiso pedir ayuda pero la empresa de viajes impidió, con el apoyo del personal del hotel, que denunciara en las horas inmediatas. Hubo evidencias dadas por exámenes forenses que determinaron la violación, hubo registros de las cámaras de seguridad, videos donde se la veía llorar y pedir ayuda a los adultos de su alrededor.

Los tres jueces a cargo del caso absolvieron a Enzo Lampasona “por el beneficio de la duda” ya que “no se acreditó la violencia que Lampasona habría ejercido sobre ella”, ella describió distintas versiones de lo sucedido (cosa muy común en víctimas de violación) y ninguno de sus compañeros se presentó en el juicio como testigo (aunque luego sacaron un comunicado público apoyando a su colega).

2 de enero de 2015, Boca del Río, México

Una chica veracruzana de 17 años fue subida a un carro por cuatro conocidos de su preparatoria, ellos ya se habían egresado al cumplir los 18 años. Ya en el carro, ella quedó sentada entre Jorge Cotaita y Diego Cruz, quienes le quitaron el celular y comenzaron a manosearla y penetrarla con sus dedos. Cuando la joven se quejó, pasó al asiento delantero, cambiando el sitio con Gerardo Rodríguez. Entre tanto, la llevaron a una zona residencial de la ciudad, donde Enrique Capitaine la violó en un baño de la casa.

Tras los hechos, la chica contó lo sucedido a su padre, quien decidió reunirse con las familias de los implicados para pactar un acuerdo donde ellos tendrían que permanecer lejos de la víctima, grabar un video disculpándose y recibir ayuda psicológica, cosa que no llegó a cumplirse. Ante el imcumpliento de las condiciones, la chica denunció la agresión, pero la denuncia no progresó y se detuvo la investigación sin que ella hubiera recibido ningún tipo de atención a víctimas.

En este contexto, el padre de la víctima decidió publicar el video donde los chicos confiesan lo ocurrido y el caso se reabrió por presión social. Previendo ser imputados, dos de los jóvenes huyeron del país antes de que se emitiera la orden de detención contra tres de ellos: Jorge Cotaita, Diego Cruz y Enrique Capitaine.

Enrique Capitaine es acusado de pederastia simple y posteriormente detenido y condenado, mientras Jorge Cotaita y Diego Cruz son acusados de pederastia agravada. En la actualidad, Jorge Cotaita permanece prófugo de la justicia. Diego Cruz Alonso fue extraditado tras su fuga a España, pero fue absuelto en los juzgados mexicanos, ya que el juez consideró que el acusado no tenía intención de copular al no haberlo expresado verbalmente, así como que la víctima no estaba indefensa porque pudo haberse cambiado de asiento.

7 de agosto de 2012, San Fernando, Chile

Una joven madre chilena de 23 años andaba por la calle cuando fue interceptada por un hombre que, amenazándola con un arma, la llevó a un callejón donde se encontraban dos compañeros suyos. Los tres atacantes la violaron y agredieron con piedras en la cabeza, que después introducirían en su vagina. Una vez quedaron satisfechos, abandonaron a la chica y ella pudo finalmente pedir ayuda, recibir asistencia médica y denunciar a la policía.

La policía detuvo en las horas posteriores al ataque a tres hombres de iniciales B.R.D, C.B.B y Y.P.C.  (dos de ellos con antecedentes penales) que la víctima identificó. A pesar de ello, las autoridades decidieron dejarlos en libertad por errores procedimentales. La Fiscalía, por su parte, no pidió prisión preventiva para los imputados ni apeló.

Un mes después de la puesta en libertad de los sospechosos, la joven agredida se suicidó, dejando cartas donde señalaba la violación como causa de su decisión y pedía la justicia que le habían negado. Posterior al suicidio, el hermano de la víctima peleó por evitar que archivaran el caso y recurrió dos veces la sentencia, aunque su lucha fue inútil y los tres encausados quedaron absueltos de ambos juicios. Tras esto, la familia decidió, dado el coste emocional del proceso, abandonar la idea de un tercer juicio.

2012, Durango, México

Una mujer de 28 años salía del trabajo cuando su expareja decidió secuestrarla para violarla y golpearla. Durante su cautiverio, ella pudo, a través de mensajes de celular, pedir auxilio a su familia y amigos y ser rescatada por la Fiscalía, quien detuvo en el acto a su agresor.

Las autoridades, obligadas a informarle sobre su derecho a recibir anticonceptivos de emergencia y acceso a la interrupción legal del embarazo que garantiza la ley a las mujeres violadas, hicieron caso omiso de la legislación. Resultado de la negligencia, la mujer quedó embarazada y tuvo que exigir su derecho al aborto, que finalmente se efectuó con retrasos injustificables.

Meses más tarde, se vio presionada por las amenazas de muerte de la familia del violador y por el abogado de la defensa para retractarse en sus acusaciones, con lo que la Fiscalía consideró imputarla a ella por delito de falsedad de declaraciones y aborto ilegal. Como consecuencia, la mujer que fue detenida y permaneció durante meses en prisión. Sólo después de una nota del diario El País denunciando el caso, la víctima fue puesta en libertad.

Estos cinco casos de violación, a pesar de la sentencia, tienen una serie de elementos comunes:

• Las 5 mujeres salieron vivas de la agresión.
• Las 5 víctimas fueron abordadas por sus agresores, ninguna de ellas pidió la compañía de estos hombres.
• Todas ellas aportaron pruebas concretas tales como partes forenses de lesiones, identificaciones, videos, testigos, conversaciones de whatsapp y sus propios testimonios.
• Todos los casos, en alguna o todas las etapas del proceso judicial,  fueron muy mediáticos y, consecuentemente, muy debatidos por la opinión pública.
• Todos los casos tuvieron como resultado una condena absolutoria y/o condenas diferentes al delito por violación (con su consiguiente rebaja penal).
• Todas las víctimas se enfrentaron a jueces que dudaban abiertamente de su testimonio e insistían en cuestionar la vida personal y las motivaciones de ellas.

Violaciones hay todos los días, a todas horas: en España, una cada 8 horas; en Argentina, una cada dos horas y media; en Chile, una cada hora; ¿en México? una violación cada 40 minutos (todos los datos extraídos de fuentes oficiales y teniendo muy presente que el número de violaciones denunciadas es muy inferior al real). Por eso no podemos decir que estos casos sean, a pesar de lo mediático, excepcionales, y mucho menos lo es el proceder de aquellos cuya responsabilidad es la seguridad y la justicia de las ciudadanas. Lo llamativo de estos casos es que se ajustan al imaginario de lo que es una violación, al cuento de Caperucita y el Lobo, el del desconocido que te arrastra al callejón (excepto en el caso de Durango). Aún así, aún con pruebas, aún habiendo llegado vivas a defender ante un tribunal sus acusaciones y dar testimonio de los hechos… las han ignorado, las han humillado y las han revictimizado.

Esto no es nuevo, a lo largo de la historia la legalidad se ha basado en la concepción del mundo de los poderosos y la actualidad no es una excepción. El patriarcado tiene su justa representación en el sistema judicial, con su asiento reservado en la institución más inmovilista del Estado. Pero se sigue confiando en que la experticia de los jueces en Derecho es garantía de neutralidad, cuando no se está contemplando ni la influencia de los sesgos personales de los magistrados, ni las fuentes del Derecho, ni mucho menos la falta de formación en materia de género del personal de la administración pública en múltiples niveles (policía, personal sanitario, jueces…).

Por ello, todas ellas han tenido que soportar estoicamente preguntas de los jueces, supuestamente esclarecedoras para el caso, sobre sus inclinaciones e historial sexual, sobre su responsabilidad al no ir acompañada de ningún varón, sobre sus malas intenciones con los acusados y sobre el grado de resistencia que mostraron. Es así como los tribunales nos hacen tomar responsabilidad sobre ese mismo momento en el que se nos fuerza a ser sujetos pasivos.

Tengamos en cuenta que el hecho del acceso carnal fue probado en todos los casos, la autoría también (excepto en el caso chileno, donde a pesar de los testigos y el testimonio de la víctima se liberó a los acusados por “falta de pruebas”). Entonces ¿qué se pone en duda? Aquí lo que se llega a cuestionar es si de verdad ellas nunca quisieron la relación, si se resistieron lo suficiente para poder afirmar eso. Todos los juicios estuvieron basados no tanto en probar que ellos cometieron la violación, sino que ella lo incitó, aceptó y se arrepintió después; o que no peleó por su integridad sexual por encima de su vida, por lo cual no debió haberle disgustado del todo.

Porque ellas siempre saben lo que hacen o deberían saberlo, ellos nunca son conscientes; la mente femenina caprichosa, enrevesada y maliciosa puede, con la facilidad que le procuran sus encantos, nublar la noble, simple e ingenua psique masculina. Todo el mundo lo sabe.

Es menester, entonces, demostrar que siempre fuiste una señorita, porque sólo ellas pueden llegar a negar el acceso a sus cuerpos con verdadera legitimidad, sin que haya sombra de duda de sus intenciones.

Sin embargo, este hecho entra a la vez en contradicción con una de las muchas implicaciones que trae consigo ser mujer: guardarse la vergüenza, callar y no alborotar. Por ello, es del todo razonable que, incluso siendo una mujer de bien, se cuestione tu testimonio, porque ninguna dama se expondría a tal bochorno.

De este modo, las violaciones permanecen en el plano de lo privado y decidir hacerlas públicas acaba con un juicio y castigo en tu contra. En el fondo… ¿qué clase de mujer se expone a denunciar una violación poniendo en riesgo su reputación? Una mujer pública, es decir, una puta y a una puta no se la puede violar.

Así fue como el poder judicial nos obligó, una y otra vez en las diferentes latitudes, a salir a las calles como sociedad civil a intentar paliar algo del daño que nos siguen provocando, a gritar que nuestros cuerpos nos pertenecen, que son culpables, que no aceptamos sus sentencias y que por mucho que ejerzan las leyes no tienen legitimidad; y fue como nos demostró que el feminismo y sus reivindicaciones puede que aún no hayan inundado los juzgados, pero desde luego estamos calando en la sociedad, particularmente en la mitad de todas ellas.

Pero ese sentir no sólo se dejó ver en las calles, esa misma indignación tuvo su propio reflejo en las redes sociales, donde han ido surgiendo campañas de denuncia masivas impulsadas a través de hashtags. La horizontalidad y el anonimato implícito en las redes sociales nos ha permitido romper con ese silencio socialmente impuesto y darle valor y credibilidad a la palabra de las compañeras, al mismo tiempo que hemos empezado a cuestionar a los victimarios, a ponerles nombre y apellidos a ellos y lo que han hecho.

Así que si quieres #Cuéntalo, pero cuéntalo rodeada de mujeres que entienden de qué hablas, que te apoyan y que están ahí para gritar contigo que #MeToo, que eres #NotGuilty, que #RaivaComRazao, que #VivasNosQueremos y que #NiUnaMenos, porque #HermanaYoSiTeCreo.