Por: Tiyako Felipe.
Los padres y madres de familia de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala desde hace 16 meses emplazan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y al Poder Judicial Federal a actuar con imparcialidad y resolver conforme a derecho las investigaciones; piden considerar la gravedad de los hechos, el sufrimiento de los padres de familia y las pruebas técnicas en la investigación de la desaparición de sus hijos.
Al concluir el recorrido por diversos estados de la república mexicana la Caravana Sur de los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, acudieron este 26 de enero a entregar un exhorto para que la SCJN, a través de su ministro presidente, respondan sobre tres puntos en concreto: solicitud de una reunión con el ministro presidente para informarle de la situación de los padres de familia y la exigencia y lucha por la verdad y la justicia; por su conducto se programen reuniones con los jueces de distrito de Iguala que llevan los procesos de amparo contra los autos de formal prisión interpuestos por policías preventivos de Iguala y Cocula y se exhorte a los jueces de distrito de Iguala para que sus resoluciones partan de una interpretación amplia, considerando la gravedad de las violaciones del caso y el derecho de las víctimas a un acceso afectivo a la justicia.
La solicitud de los padres, según Vidulfo Rosales, responde a una preocupación por la parcialidad de los jueces de distrito de Iguala, quienes “dudan razonablemente que los policías de Iguala y Cocula hayan asesinado a sus compañeros”. Como consecuencia de actuar de los jueces de distrito señaló que los policías han estado obteniendo amparos, obligando a los jueces a dictaminar su grado de participación en los hechos de Iguala.
Para los padres de familia y su representación jurídica otorgar amparos “es inaudito” porque hay elementos suficientes para dictaminar su grado de participación en los hechos. Estos elementos deben ser analizados de manera recta, imparcial e independiente por los magistrados, jueces de distrito, especialmente por los del Juzgado IX de Iguala, que está “dictando las resoluciones favorables para los policías”, cuando existen suficientes elementos para sujetarlos a un proceso dictándoles formal prisión.
Posterior a la entrega del exhorto a la SCJN, los padres y madres de Ayotzinapa encabezaron una marcha para exigir verdad y justicia por los 43 normalistas desaparecidos. Durante su trayecto se les unieron familiares de Julio Cesar Mondragón Fontes, normalista ejecutado extrajudicialmente en Iguala. También marcharon con ellos diversas organizaciones sociales y de defensa de los derechos humanos.
Marisa Mendoza, esposa de Julio Cesar Mondragón Fontes, frente a un ataúd vacío, denunció las irregularidades de la Procuraduría General de la República (PGR) durante la investigación del caso. Afirmó que las instituciones encargadas de procurar justicia están haciendo tiempo para desgastarlos y tensarlos hasta agotar el mandato de los expertos del GIEI, sin haber avanzado en la producción de pruebas que los lleven a la verdad y la justicia.
En torno al caso de Julio Cesar Mondragón señaló que el reciente anuncio de la aprehensión de Mario Taboada Salgado, El Molero, por estar relacionado con el asesinato de su esposo representa una “burla para la familia” porque la única prueba de la PGR en su contra son un par de líneas de la declaración del cabo Gil, detenido en septiembre de 2015. Además de que se puso a disposición de la autoridad por portación de arma de fuego y no por su participación en la desaparición de los normalistas.
Por otra parte Mendoza denunció que la investigación del asesinato de su esposo se encuentra como “el primer día” porque desde un principio estuvo lleno de irregularidades por no haberse consignado: las múltiples fracturas que sufrió en el tórax y cráneo; las marcas de arrastre de su cuerpo, el desollamiento de su rostro como mensaje de terror que no pudieron haber sido cometidas por un solo individuo; el nulo análisis de la ropa de la víctima, el registro, destino y embalaje del globo ocular izquierdo.
Los familiares de Julio Cesar Mondragón Fontes, no aceptan la teoría del asesino solitario porque todas la pruebas apuntan a que fue torturado y ejecutado extrajudicialmente en un ataque tumultuario. Por ello, exigen a la PGR señale a los autores y cómplices de los hechos, además de la devolución de los restos de la víctima que desde hace tres meses está a la espera de pruebas de ADN.
En diversas intervenciones los padres agradecieron a quienes los han acompañado durante los 16 meses que llevan buscando a sus hijos; reiteraron la exigencia de presentación con vida; llamaron a quienes tienen presos políticos y desaparecidos a unificar sus luchas. Finalmente, convocaron al Primer Encuentro Nacional por la Indignación a realizarse los días 5 y 6 de febrero de este año en el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, ubicado en Río Neva #16, en la delegación Cuauhtémoc.