Nahúm Pérez Monroy

“Creo haber vivido todos los movimientos en la Universidad desde 1971 y no recuerdo uno tan masivo como el movimiento del CGH. Fue la huelga más masiva y más plebeya que se haya vivido en la historia de la Universidad. El despliegue fue una verdadera avalancha, una tormenta, un estruendo impresionante. Era el movimiento de los estudiantes de abajo, de los más jodidos, de los más castigados, y que querían ser expulsados de la UNAM.”

Testimonio sobre los acontecimientos de abril en
Palabra del CGH. El testimonio de los huelguistas.

 

 Introducción

Este 20 de abril se cumplieron 20 años del inicio de la huelga de 1999-2000 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), uno de los movimientos juveniles más notables en la historia reciente del país que luchó por preservar la gratuidad educativa.

            Frecuentemente sucede que en la relación de un movimiento estudiantil, las últimas etapas del proceso tienden a oscurecer a las primeras. La forma en la que termina la lucha de masas, especialmente si se trata de una derrota o de una salida represiva, hace olvidar con regularidad la manera en la que inició todo: la efervescencia, el dinamismo, y la creatividad propia de los primeros momentos. En consecuencia, el análisis del ascenso mismo del movimiento queda también relegado, y con ello, la posibilidad de estudiar la estrategia empleada por los primeros núcleos de activistas para hacer crecer la lucha. Así ocurrió con la historiografía del movimiento estudiantil 1968 y de forma similar ha sucedido con la del Consejo General de Huelga (CGH).

            Por otra parte, aunque desde 1999 a la fecha se ha vertido gran cantidad de tinta para hablar de este tema, sorprende que década y media después los balances que mayor resonancia tienen sean los que precisamente acusan al movimiento de haber secuestrado nueves meses la UNAM. Qué decir de la posición de los grandes medios de comunicación, de los círculos gubernamentales, y de los intelectuales de régimen (los Krauze, los Sheridan, los Reyes Heroles) que desde el inicio reaccionaron con espanto ante el levantamiento estudiantil que subvertía el orden en la Universidad y que puso en duda el poder de la casta sacerdotal que siempre se había sentido dueña de ella.

            Como parte representativa de las posiciones que reprueban la actuación de los estudiantes en 1999, el señor Raúl Trejo Delarbre publicó después de la huelga un libro para exponer en amplia magnitud esta idea:

  …. Un asunto realmente menor como el de los pagos por colegiaturas (cuotas que existen sin ser cuestionadas en la mayoría de las universidades públicas del país y del mundo) fue pretexto para que la UNAM estuviera paralizada durante tanto tiempo que la pérdida de todo un año escolar fue irreversible.

…Numéricamente pocos en comparación con la enorme cantidad de alumnos que tiene la UNAM los huelguistas fueron expresión patética, y también triste, del rencor social y el adocenamiento ideológico que padece una parte de la actual generación de jóvenes mexicanos. La intolerancia con que tomaron e impusieron sus decisiones, distinguió a su movimiento de muchas otras luchas y huelgas en la historia de la Universidad y de la sociedad mexicanas. La huelga iniciada en abril de 1999 no fue un movimiento democrático, ni popular. Todo lo contrario, se singularizó por un alevoso autoritarismo y atentó contra los compromisos sociales –y populares– de la Universidad.

…Ese Frankenstein secuestró a la UNAM, ante el rechazo pasivo de la mayoría de los universitarios y la indolencia inexcusable del gobierno. (Raúl Trejo Delarbre, El secuestro de la UNAM, p. 7. Énfasis del original).

             En realidad éste, como otros libros publicados tras la huelga de 1999, está lejos de considerarse un análisis serio y elaborado sobre el tema, y en el mejor de los casos se trata de una compilación de artículos que durante el conflicto fueron publicados en diversos diarios de la capital. Para el señor Delarbre, de la noche a la mañana un puñado de individuos consiguió manipular a decenas de miles de estudiantes para cerrar la Universidad más grande de latinoamérica por motivos meramente triviales. Este tipo de razonamiento en realidad no es muy distinto al que empleó el rector Barnés justo antes de que estallase la huelga el 20 de abril de 1999: “Afable, cordial… el rector Barnés desestimó la organización y la fuerza real de los grupos inconformes e insistió en que no se trataba de un movimiento natural, legítimo: ‘Hay alguien detrás de todo esto’.”(Raúl Monge, Barnés a Ímaz: “Hay alguien atrás de todo esto”, Proceso, 1173, 25 de abril de 1999, p. 6).

            Ante este tipo de argumentos la primera cosa que se nos viene a la cabeza es: si realmente el proyecto de cuotas del rector Francisco Barnés de Castro era un “asunto menor” y las autoridades contaban con el apoyo de la aplastante mayoría de los universitarios, ¿cómo fue posible que un puñado de individuos paralizara una Universidad de cientos de miles de estudiantes sin suscitar una oposición considerable?, ¿cómo pudieron los activistas con trayectoria política previa manipular a los estudiantes para ir a una huelga que no estaba justificada? Mejor aún, ¿por qué en lugar de esperar nueve meses, las autoridades y el gobierno federal no sometieron a esta “expresión patética” al instante? Después de todo, si lo pensamos bien, ellos tenían de su lado a los cuerpos de seguridad de la Universidad, a la policía, a las fuerzas armadas y a sus órganos judiciales para hacerlo. Además, si en verdad hubiesen tenido la razón de su parte, hubieran podido restablecer la vida académica y someter a estos grupos con el apoyo abrumador de los universitarios.

            ¿Fue la huelga en la UNAM el secuestro de una minoría ante la pasividad de la mayoría?Este método de razonamiento superficial, que propone que cada huelga o movimiento está provocada por “agitadores profesionales” y no por el descontento acumulado, es típico de la mentalidad policiaca. La idea que se intenta inducir, es que decenas de miles de estudiantes eran incapaces de velar por sus propios intereses, y por lo tanto, si se movilizaban, la única explicación posible es que estaban siendo manipulados por agitadores profesionales.

            El presente artículo pretende demostrar precisamente lo contrario de lo que los medios de comunicación, los intelectuales a sueldo y los enterradores políticos de toda laya se han empecinado en decirnos durante los últimos quince años: que la huelga en la UNAM fue una imposición minoritaria, que no consiguió nada, que terminó mal y que por lo tanto no vale la pena luchar ni organizarse.

            En primer lugar, si la huelga de 1999-2000 hubiera sido derrotada, hoy la UNAM sería un pequeño colegio de paga con una matrícula pequeña, colegiaturas elevadas, separada del bachillerato (ENP-CCH) y de los institutos de investigación, además de que sería usufructo único de las clases dominantes. En términos concretos, el mismo plan que hoy el gobierno de Peña Nieto está preparando para PEMEX habría sido consumado desde hace 15 años en la UNAM.

            En segundo lugar, si la huelga de 1999-2000 no hubiera sido respaldada por la mayoría de los estudiantes, defendida con argumentos sólidos en las asambleas y votada democráticamente, ésta habría sido rota en menos de una semana por los grupos de choque de la Rectoría y el gobierno. En tal caso a nadie le habría importado la ruptura de una huelga que nadie defendía. Pero precisamente porque las demandas del movimiento estaban plenamente justificadas, porque el camino de la votación fue democrática, pero sobre todo porque la vía del diálogo fue cerrada por las mismas autoridades, la huelga en la UNAM tuvo un enorme consenso y no pudo ser desarticulada sino después de nueve meses de tenaz resistencia en el que se produjo una dura batalla por el destino de la universidad pública.

            El autor de las presentes líneas por supuesto, está lejos de pensar que el movimiento del CGH hizo todo bien, y de hecho, ha reiterado en otras ocasiones la degeneración sectaria que vivió en sus últimos meses. Sin embargo, de ninguna forma comparte la visión de quienes sostienen que el movimiento no sirvió para nada o que fue derrotado. Hoy más que nunca se reconoce que si el movimiento de 1999-2000 hubiera sido aplastado, se habría generado un efecto dominó” de privatización en todas las universidades públicas del país.

            La huelga del CGH fue una lucha heroica como pocas han tenido lugar en la historia de los movimientos juveniles del país. Luego de una década en el que el proyecto neoliberal había avanzado formidablemente con las reformas salinistas al campo y a la educación, así como con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), los estudiantes de la UNAM se convirtieron en los primeros en frenar de manera contundente un proceso de privatización que se daba por consumado. En un periodo histórico en que el gobierno de Enrique Peña Nieto ha conseguido llevar a cabo las contrarreformas laboral, educativa y financiera, así como la privatización de la renta petrolera (PEMEX) con escasa resistencia, tal vez sea el momento de empezar a reflexionar con mayor detenimiento cómo fue posible que en 1999-2000 los estudiantes de la UNAM vencieran.

     I. La situación de la UNAM antes de la huelga

Frecuentemente sucede que al hacer un balance sobre la huelga de 1999-2000 se deja completamente de lado las condiciones políticas y académicas que imperaban en la Universidad hasta antes de abril de 1999. La razón de esto es que si se compara la Universidad de hoy con la que en la década de los noventas dirigía el sector más conservador y derechista de la burocracia (los rectores José Sarukhán y Francisco Barnés), los logros del movimiento del CGH saltan inmediatamente a la vista.

            En efecto, la década de los noventas en la UNAM puede considerarse como una época de profundo retroceso para el movimiento estudiantil y las fuerzas democráticas de la institución. Desde el fin del Congreso Universitario de 1990 la UNAM había sido escenario de una abierta elitización privatizadora. Un estudio de la Dirección General de Estadística y Sistemas de Información titulado Perfil del ingreso familiar de los alumnos de la UNAM (1995-1998),señalaba a inicios de 1999 que tan sólo el 7.1 por ciento de los estudiantes matriculados provenía de familias con ingresos menores a cuatro salarios mínimos, mientras que 51.6 por ciento del total de la población estudiantil procedía de familias cuyos ingresos eran mayores a nueve salarios mínimos. (Dirección General de Estadística y Sistemas de Información, Perfil del ingreso familiar de los alumnos de la UNAM 1995-1998, México, UNAM, 1999). En su conjunto los alumnos de clase media y media alta sumaban aproximadamente el 92 por ciento de la población total de la Universidad.

            Debe recordarse además que en octubre de 1995 el rector José Sarukhán puso en marcha la reforma que suprimió dos de los cuatro turnos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), que modificó de forma tecnocrática sus planes de estudio y que recortó el número de estudiantes inscritos. Desde 1990 la matrícula del CCH había experimentado una contracción significativa al pasar de 72,794 estudiantes inscritos en 1988 a 58,765 en 1996, esto es una reducción de 19.2% en menos de ocho años. (Datos de la Agenda Estadística de la UNAM de 1990 a 2000). A todas estas propuestas los estudiantes del CCH respondieron ese mismo año con una huelga, pero debido a la forma precipitada en la que se estalló, fue derrotada en poco tiempo. Al final, muchos estudiantes participantes en aquel movimiento fueron consignados al Tribuna Universitario y expulsados definitivamente.

            La derrota de la huelga de los CCH en 1995 y desmoralización en las fuerzas del movimiento estudiantil posibilitó además que en 1996 se impusiera el Examen Único de ingreso al bachillerato y la intromisión del organismo empresarial Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL) en el proceso de admisión de los aspirantes de la UNAM. Con ello, la Universidad dejó de establecer por un tiempo los criterios para elegir a sus aspirantes y los puso a disposición de un organismo privado, cuya visión de la enseñanza es eminentemente mercantil y que utiliza mecanismos de discriminación social para orientar a los estudiantes de escasos recursos a opciones educativas de bajo perfil técnico.

            Tiempo después, en 1997, Francisco Barnés de Castro propuso acotar los alcances del Pase Automático y restringir los límites de permanencia de los estudiante en la Universidad. A iniciativa suya fueron modificados el 1 julio de 1997, los reglamentos generales de Inscripciones, de Exámenes y de Posgrado. Las reformas emanadas estipularon que sólo tendrían derecho al nuevo “pase reglamentado”, aquellos alumnos que hubieran terminado sus estudios en un plazo no mayor de cuatro años y con un promedio mínimo de siete, agregando que sólo tendrían asegurado su lugar en la carrera de preferencia, quienes hubieran obtenido nueve de promedio.

            Con las Reformas del 97, tomó forma el proyecto de separación de la ENP y el CCH de la UNAM. En los hechos, se trataba de una medida diseñada para sacar de la Universidad a los estudiantes que por sus condiciones de vida avanzan más lentamente en sus estudios que los que tienen resueltas todas sus necesidades básicas: los que se ven obligados a trabajar, los que se han independizado de sus familias, o los que simplemente en la etapa terminal de sus carreras han contraído diversos compromisos personales. En síntesis, las Reformas del 97 eran medidas de elitización con criterios de discriminación social claramente definidos.

            Pero la Rectoría no sólo había arrebatado conquistas históricas a los estudiantes, sino que había fortalecido el aparato de represión política. El porrismo en las escuelas de bachillerato era mucho mayor que en tiempos actuales y los cuerpos de vigilancia Auxilio UNAM eran utilizados como instrumentos de represión y espionaje político. El mismo sindicato de la Universidad llegó a denunciar en distintas ocasiones que las autoridades comenzaron a combinar en grupos de seguridad a elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) con trabajadores de base para intervenir en asuntos internos de la institución. En otro tiempo la UNAM había sido un espacio de mayor tolerancia y de libertades democráticas, pero con un margen más acotado de su autonomía, sus órganos de gobierno aparecían como un tentáculo más del aparato estatal, por si no fuera poco el rector no era más que un funcionario del gabinete presidencial que acataba órdenes sin chistar.

            En un contexto en que se hablaba del “fin de las ideologías” y donde reinaba una comunidad elitizada, la intelectualidad hubo de bautizar a los jóvenes de los noventa como la “generación X”. Quizá por este motivo, a inicios de 1998 Barnés tuvo la confianza necesaria para hacer pública su intención de incrementar las cuotas en la UNAM, cosa que no ocurría desde 1986.

   II. Se avecina la tormenta

 A finales de 1998 el presidente Ernesto Zedillo planteó una reducción del gasto en educación. Ya un año antes se habían recortado 1,500 millones de pesos del fondo de inversión educativo, de los cuales 300 millones hubieron de corresponder exclusivamente a la UNAM.

            Para todo ello las fracciones parlamentarias del PRI y el PAN se obstinaban en convertir en deuda pública los costos de la quiebra bancaria contenida del Fobaproa, calculada hasta entonces en 600 mil millones de pesos. De esta manera, en el proyecto del Presupuesto de Egresos de 1999 el gobierno federal optó por hacer un recorte del 37.5% del fondo de inversión universitaria, afectando a las tres principales instituciones de educación superior del ámbito federal: la UNAM, la UAM y el IPN. La magnitud del recorte –mencionaba José Blanco-, bien podía ser subsanada sin causar daños a las finanzas públicas si se reducía la evasión fiscal o bien, si 0.04% del PIB, que representaba el ajuste, se trasladaba como parte de la deuda interna del gobierno. (José Blanco, “Educación Recortada”, La Jornada, 8 de diciembre de 1998, p. 6.) No así, Zedillo prefirió plegarse a las disposiciones del Banco Mundial imponiendo una reducción presupuestal a la UNAM del 5 por ciento en términos reales.

            En la Universidad mientras tanto, el rector FranciscoBarnés había puesto en marcha toda una serie de mecanismos asistencialistas para suplir la responsabilidad del Estado en el subsidio de la Universidad. En la campaña para “diversificar las fuentes de financiamiento” ya se estaba preparando políticamente el terreno para introducir su propuesta de alza de cuotas. En marzo de 1998 el funcionario resaltó la necesidad de que los estudiantes colaboraran con el financiamiento de la Universidad, llamando a los padres de familia a “realizar mayores esfuerzos”. Al mismo tiempo en la prensa nacional se sincronizaba un mismo discurso mediático: “las cuotas que pagan los alumnos de la UNAM son simbólicas”, “los subsidios federales benefician a los estudiantes más ricos”.

            Barnés había sido muy cauto en sus declaraciones. Durante todo el primer semestre de 1998, había manifestado su afinidad por el incremento de las cuotas sólo de manera vacilante, rechazando una y otra vez que su campaña de ahorro fuera pretexto para modificar el Reglamento General de Pagos de la UNAM. Públicamente el rector aparentaba oposición al recorte presupuestal de Zedillo, pero en los hechos su estrategia se desenvolvía en plena complicidad con la intención presidencial de modificar el Reglamento General de Pagos (RGP) de la UNAM. En los medios de comunicación como en el pleno del Consejo Universitario, Barnés no solo no criticaba el abandono de la educación superior pública por el Estado, sino que además hacía ver el alza de las cuotas como la única solución viable. Este juego político fue percibido con claridad por las organizaciones estudiantiles y activistas de la época.

            Fue hasta finales de enero de 1999 cuando el rector creyó propicio dar el paso decisivo. Entonces su discurso político empezó a hacerse más claro para toda la comunidad universitaria. Fue Lizette Jacinto, entonces consejera universitaria por la FFyL, quien atestiguó a finales de enero el ánimo beligerante con el que el funcionario apuntalaba su reforma. Al finalizar un encuentro editorial, la también estudiante de historia le habría dicho a Barnés que los estudiantes no permitirían que las cuotas se implementaran en la UNAM, a lo que el rector le habría respondido: “El que no se suba al tren de la modernidad, saldrá muy lastimado”. (Lizette Jacinto Montes, “Visiones retrospectivas, Huelga de 1999-2000”, en Rodríguez Araujo, El conflicto en la UNAM (1999-2000) Análisis y testimonios de Consejeros Universitarios independientes, Ediciones El Caballito, México, 2000, p. 132.)

            Barnés estaba decidido a llevar su proyecto hasta el final. ¿A qué corporaciones e individuos quería complacer Barnés con el alza de cuotas? Hasta la fecha muchas de las contribuciones económicas realizadas por grandes empresarios a la Universidad, han tenido el privilegio de permanecer en el anonimato. Sin embargo, es a todas luces concluyente que las modificaciones al RGP planteadas en febrero, representaban el punto culminante de la campaña de Fundación UNAM avocada durante todo 1998 a recabar fondos entre los empresarios. En este punto han quedado develados los interesas de clase que ya por entonces disputaban el control de la Universidad.

            La burocracia universitaria no pudo resistir la tentación de comprometer el carácter público de la institución, cediendo sin la menor resistencia, atribuciones cada vez más amplias a la iniciativa privada. Y pese a todas las advertencias internas, Barnés decidió tomar el riesgo en sus manos, aventurarse, y al mismo tiempo poner en riesgo la estabilidad de la Universidad. Suponiendo a una generación sumida en la apatía y confiado por sus éxitos precedentes, pensó que en todo caso las protestas serían muy débiles. Después de todo, el mismo augurio se le había presentado durante las Reformas del 97 y al final las movilizaciones no habían podido aglutinar más que a un núcleo reducido de jóvenes.

            El día 11 de febrero de 1999 Barnés propuso ante el pleno del Consejo Universitario (CU) elevar las cuotas de inscripción del bachillerato de 15 centavos a $680.00 semestrales (veinte salarios mínimos), y las de licenciatura de veinte centavos a $1,020.00 semestrales (treinta salarios mínimos). En el documento Universidad Responsable, Sociedad Solidaria, el rector subrayaba que la finalidad de las nuevas cuotas era obtener ingresos complementarios para optimizar el funcionamiento de la institución, y descartaba que ello diera lugar al desentendimiento del Estado en la aportación de recursos. Como era de esperarse, ese mismo día el CU dio visto bueno al proyecto institucional y lo turnó a las comisiones de Presupuesto y Legislación, así como a los consejos técnicos de todas las escuelas y facultades de la UNAM para su discusión. Comenzó de esta manera la cuenta regresiva hacia el aumento de cuotas en la UNAM.

    III. La irrupción de las masas

Fue hasta el 25 de febrero cuando las primeras coordinaciones de activistas llevaron a cabo la primera movilización contra la propuesta de elevar cuotas, misma que tuvo una asistencia de 18 mil estudiantes que con antorchas en mano partieron del Monumento de Álvaro Obregón a la Rectoría. La primera movilización del incipiente movimiento estudiantil despejó por completo las dudas sobre el carácter masivo de la oposición a las cuotas.

            El nivel de tensión política en la Universidad había ido escalando poco a poco. Era perceptible que se estaba reeditando una batalla que había quedado congelada desde 1992 cuando el rector Sarukhán había intentado también elevar las cuotas, pero para que las masas de estudiantes entraran en la escena política hacía falta un detonante decisivo.

            Los días transcurrieron y el mes de marzo se abrió paso en medio de la efervescencia generalizada. La primera coordinación de estudiantes adoptó el nombre de Asamblea Estudiantil Universitaria (AEU) y uno de sus primeros resolutivos fue llamar al rector Barnés para dialogar de manera pública el 2 de marzo en el auditorio Che Guevara. Los preparativos generaron gran expectación y el acto fue difundido ampliamente en la prensa. Sin embargo, llegado el día, miles de estudiantes y consejeros se quedaron esperando al funcionario. El rector respondió al diálogo con un no rotundo, agregando que “se convertiría en un monólogo en que se busca la descalificación”.

            Ya desde estas fechas, el movimiento estudiantil tenía claro que el formato para dialogar con las autoridades sería público, abierto, transmitido por los medios masivos de comunicación, donde se elegiría una representación estudiantil y una de la Rectoría en igualdad de condiciones, y que se abordarían todos los problemas urgentes para la Universidad y no sólo las cuotas. Pero Barnés no estaba de acuerdo con este formato ni con ningún otro, y conforme los espacios de diálogo se cerraban, el movimiento adquiría más y más fuerza. Sin haber conseguido un mínimo acercamiento con las autoridades y con la amenaza de que en unos cuantos días podría ser aprobada el alza de cuotas, un conflicto de mayores proporciones ya se estaba anunciando.

            El día 4 de marzo el movimiento consiguió triplicar sus fuerzas y reunió a más de 30 mil estudiantes en una marcha que fue del Parque Hundido a la torre de la Rectoría. Durante el mitin una oradora lanzó un ultimátum al rector: o retira su propuesta de cuotas o habrá huelga en la UNAM y se formará un consejo general para tal efecto. Y aunque entre las corrientes estudiantiles afines al PRD, más concretamente el CEU histórico, este anuncio causó molestia, la verdad es que ninguna de las corrientes estudiantiles se atrevía a negar la posibilidad de este escenario. Más que en su pertinencia, las diferencias de los moderados con las demás corrientes consistía en los tiempos políticos para estallarla: mientras aquellos preferían agotar todas las instancias oficiales, los otros presionaban para acelerar sus preparativos.

            El miércoles 10 de marzo de 1999, a unas horas de que el primer paro de labores convocado por la AEU para luchar contra las cuotas en la UNAM surtiera efecto, la tensión en la Universidad subió de tono. Directores y funcionarios pernoctaron en diversas instalaciones para impedir la toma de los planteles. En las preparatorias varias puertas fueron bloqueadas y desde muy temprano se instalaron en los accesos vallas de funcionarios y golpeadores para impedir la realización de cualquier acto político. En muchas escuelas la instalación del paro se presentó como un verdadero choque de fuerzas, y al final 23 dependencias de la Universidad cerraron totalmente.

            La suspensión de labores del 11 de marzo desató la furia generalizada de la Rectoría y de distintos funcionarios en el ámbito federal, pues bajo la exigencia de diálogo público, el movimiento estudiantil puso en duda la hegemonía de las autoridades sobre la Universidad. Esta movilización de miles de jóvenes evidenció que la burocracia no tenía en realidad consenso para incrementar las cuotas y que tampoco contaba con un sector de masa entre el estudiantado para respaldar su iniciativa. Ante la contundencia de la movilización, esa misma tarde el abogado general de la UNAM, Gonzalo Moctezuma Barragán, declaró que emprendería acciones legales contra los instigadores del paro ya fuera en el Tribunal Universitario o ante la PGR. Miguel Limón Rojas, secretario en turno de la SEP y Diódoro Guerra, director del IPN, también se apresuraron a condenar la toma de instalaciones y otorgaron todo su respaldo al rector.

            De manera repentina fue anunciado que la sesión del Consejo Universitario para votar el nuevo RGP sería el lunes de 15 de marzo. Al respecto nadie, ni siquiera los consejeros, estaban informados del lugar ni la hora donde habría de ser citado el pleno. Mientras tanto, la AEU hubo de reunirse en el Che Guevara y determinó instalar un plantón en la torre de la Rectoría desde esa tarde para evitar la entrada de las autoridades y con ello posponer la sesión del Consejo Universitario.

            La efervescencia entre los estudiantes aumentó. Dado el acoso de que fueron objeto los primeros núcleos de activistas por parte del cuerpo Auxilio UNAM, grupos de porros y el Grupo Cobradurante las semanas previas al alza de cuotas, la asamblea estudiantil temía que la convocatoria derivara en violencia. La organización estudiantil programó así un plan detallado para sabotear la sesión del Consejo Universitario. A lo interno, los consejeros estudiantiles interrumpirían la sesión para orillar a la Rectoría a abrir el debate de manera democrática. A lo externo, la AEU intentaría impedir que los consejeros accedieran al pleno formando una red de estudiantes acostados en el piso. Para el movimiento sería un día de alerta roja y de movilización generalizada. En caso de que los estudiantes se vieran imposibilitados para llevar a cabo dichas maniobras y que no fuera posible ninguna clase de boicot, la AEU programaría en todas las escuelas un amplio debate para preparar la huelga.

            El tan anunciado 15 de marzo llegó. Desde muy temprano las autoridades citaron a varios grupos de consejeros en distintos lugares de la Universidad para informarles que el Instituto Nacional de Cardiología (INC) sería la sede alterna donde se aprobarían las nuevas cuotas. Sin embargo, al arribar los consejeros descubrieron una cede cercada por vallas de policías mientras observaban cómo desde distintos autobuses descendían directivos y consejeros afines al rector.

            En cuestión de minutos la noticia recorrió Ciudad Universitaria. La concentración que desde la tarde del día anterior había sido convocada para boicotear el acto en la torre de Rectoría, fue notificada de lo que sucedía en el Instituto Nacional de Cardiología ubicado en la zona de hospitales de Tlalpan. La desesperación se apoderó de los estudiantes. Cientos de ellos se agruparon desde y se trasladaron por el periférico hasta el INC.Cedamos ahora el uso de la palabra a Lizette Jacinto quien era por esos días consejera estudiantil:

A las 9:00 de la mañana se nos avisó que la sede alterna no sería la torre II de humanidades… Lo que no nos habían informado, era cual sí sería la sede. Algunos consejeros profesores e investigadores tampoco fueron notificados… Unos minutos más tarde, se nos indicó abordar el camión que nos llevaría a la sede, sin saber aún cuál sería ésta. Poco tiempo después, el camión fue interceptado por algunos integrantes de la asamblea de Ciencias Políticas. Llegamos a la sesión del Consejo a las 9:20 en el Instituto Nacional de Cardiología, hora en que ya se habían aprobado en lo general las cuotas…. (Lizette Jacinto Montes, “Visiones retrospectivas ‘Huelga de 1999-2000’”, en Rodríguez Araujo, El conflicto en la UNAM (1999-2000). Análisis y testimonios de Consejeros Universitarios independientes, p. 133.)

              De manera premeditada la Rectoría había excluido de la votación a 35 consejeros universitarios, 28 de los cuales eran estudiantes, al avisarles del lugar del pleno ya muy avanzada la sesión. Al llegar al Instituto de Cardiología y darse por enterados que el alza de cuotas era un hecho, muchos de ellos decidieron no entrar al recinto. Mientras tanto al exterior, iban llegando cientos de estudiantes procedentes de facultades y escuelas periféricas. Se gritaron consignas, los consejeros estudiantiles dirigieron comunicados a la prensa denunciando que la reforma había sido aprobada en tan solo tres minutos y de repente, al ver que no había más que hacer ahí, los miles de estudiantes ahí concentrados decidieron regresar a Ciudad Universitaria marchando por el periférico bajo la consigna: “cuotas aprobadas, huelga declarada”.

            En la conciencia de miles de jóvenes se había producido un salto cualitativo. Una proporción importante de aquellos que habían depositado su confianza en los órganos institucionales había quedado desengañada con la maniobra del rector. La forma antidemocrática en que fue aprobado el RGP fungió entonces como catalizador de la protesta estudiantil. Para muchos quedó al descubierto la intransigencia de las autoridades en la aprobación de una reforma en la que no creían conseguir el consenso necesario.

            La aprobación de las cuotas el 15 de marzo de 1999, para utilizar una expresión coloquial, fue “la gota que derramó el vaso”, y el acontecimiento que llevó al límite la confrontación entre las fuerzas del movimiento estudiantil y la Rectoría. Decenas de miles de jóvenes alejados hasta entonces de toda participación política, cuestionaron la forma en que fue aprobado el RGP y comenzaron a involucrarse en las asambleas. Pero tampoco aquí hubo una rectificación de la Rectoría. Lejos de ser llamados a la concordia, los estudiantes fueron acusados de fósiles, “agentes externos” y fuerzas desestabilización de la Universidad. Pese a saberse en minoría, Barnés continuó con sus planes y polarizó aún más los ánimos de los estudiantes al tildarlos de minoría. En este punto es el mismo Gerardo L. Dorantes quien así lo señala, pues estando al frente de la Dirección General de Información de la UNAM dirigió una encuesta a la población estudiantil para conocer la popularidad de la reforma al RGP. (Ver Gerardo L. Dorantes, Conflicto y Poder en la UNAM: la huelga de 1999, pp. 12-13.)

            Varias semanas antes de que estallara la huelga, Barnés tuvo noticia de que el RGP era bastante impopular. ¿Por qué decidió entonces seguir adelante? En su propio momento el rector Carpizo había reculado ante la presión estudiantil, con todo y pese a que ya habían transcurrido varios meses desde la aprobación de sus reglamentos. Era evidente que llevar adelante un proyecto tan desprestigiado en las circunstancias antes mencionadas, desataría una lucha intestina con implicaciones inciertas para ambos bandos. Pero si en este momento Barnés decidía continuar con su plan pese a saberse en minoría, no sólo podemos atribuir su conducta a su ánimo facineroso sino a la certidumbre que le acarreó el respaldo presidencial.

            Durante las últimas semanas de marzo las asambleas por escuela y facultad en la UNAM habían cobrado proporciones masivas, se habían conformado cientos de brigadas para denunciar las condiciones en que se habían aprobado las cuotas y el llamado que se hacía a los estudiantes para tomar partido contra el nuevo RGP, estaba surtiendo un efecto inusitado. La entrada de las masas en la escena política fue un acontecimiento que dejó estupefactos a propios y extraños. Dada la despolitización que había vivido la Universidad desde el fin del Congreso Universitario de 1990 y el avance formidable del proyecto neoliberal en casi todos los ámbitos de la vida nacional, nadie había creído posible que un movimiento de masas pudiera desplegarse. Pero si los estudiantes habían demostrado completa apatía cuando se habían aprobado las Reformas del 97, en el momento en que se supo consumado el incremento de las cuotas, la realidad fue distinta.

            El día 24 de marzo tuvo escenario el segundo paro general de 24 horas convocado por la AEU. Con mucha mayor concurrencia que la vez pasada, a esta jornada de lucha se sumaron 31 escuelas de la Universidad bajo la exigencia de abrogación del RGP y diálogo público. En la Universidad el nivel de efervescencia política se había generalizado. La confrontación entre las autoridades y los estudiantes estaba en una situación límite: o la Rectoría se sentaba a dialogar con la AEU o la huelga indefinida sería inevitable. Pero por segunda vez no fue atendida la demanda de diálogo sino todo lo contrario: las autoridades reiteraron que promoverían sanciones “contra los instigadores de la suspensión de clases”.

            La asamblea de estudiantes sesionó nuevamente el 26 de marzo pero ya no para convocar al diálogo a Barnés, sino para advertirle que de no derogar las cuotas, la huelga estallaría en abril. Ese mismo día el órgano estudiantil dio a conocer el Primer Manifiesto a la Nación, documento en el que se dirigía a todo el país para hacer una exposición de los motivos de su lucha y advertir que de no dar marcha atrás, la Rectoría enfrentaría una movilización masiva para echar abajo dicha imposición, tal y como doce años atrás lo hiciera el CEU. “Estamos haciendo –suscribía la AEU- el mayor esfuerzo por sumar a todos a este movimiento y estallar la huelga más consensada y fuerte de la UNAM.” (Manifiesto de la Asamblea Estudiantil Universitaria, 25 de marzo de 1999.)

            A escala nacional la expectación alrededor del movimiento aumentó. Los principales diarios de circulación nacional empezaron a dedicar planas enteras al conflicto. El movimiento estudiantil había iniciado una acelerada curva de ascenso y se preparaba para pasar a la ofensiva. Sonaban tambores de guerra en la UNAM.

  IV. ¿Cómo estalló la huelga en la UNAM?

            Siendo testigos de cómo el conflicto empezó a escapar poco a poco de su control, las autoridades deslizaron durante los primeros días de abril de 1999 la posibilidad de abrir un “diálogo institucional” siempre y cuando no se reeditara el formato del movimiento de 1987, esto es: una discusión a través de los mismos Consejos Técnicos y sin tener como interlocutor legítimo al movimiento estudiantil. Pero a los ojos de las masas de estudiantes esto apareció como un engaño y una invitación a aceptar su propia derrota. La intención de la Rectoría era generar desánimo, hacer pensar entre los estudiantes que estando ya aprobado el RGP sería imposible revertirlo, y al mismo tiempo, poner en marcha una instancia paralela al movimiento estudiantil para mediatizarlo y disolverlo. Para infortunio de la burocracia, los estudiantes no cayeron en esta trampa.

            El último el rechazo de diálogo público por parte de Francisco Barnés había convencido a miles de jóvenes de que el rector no tenía disposición de negociar y de que se había aprobado un reglamento obedeciendo a intereses externos a la Universidad. En el auditorio Che Guevara la AEU se reunió el 7 de abril y sus delegados acordaron prepararse para estallar la huelga indefinida el día 20. El día 8 de abril partió la cuarta marcha del movimiento desde del Parque de los Venados a la torre de la Rectoría, lugar donde sesionaba el Consejo Universitario. Mientras tanto, en la sala de sesiones del Consejo Universitario eran momentos de afrentas y premoniciones. Aproximándose a la mesa del presídium, la consejera Lizette Jacinto le entregó al rector una bandera rojinegra doblada y una nota que decía: “Sr. Rector, estamos en pleno Consejo. Hay un emplazamiento a huelga que no se quiere. Hagamos algo. Yo le entrego una bandera doblada. Si esta se desdobla sobre la Universidad, será por su intransigencia y autoritarismo”.(Rodríguez Araujo, op. cit., p. 135).

            A un mes de que hubiera sido aprobado el RGP todas las fuerzas del movimiento estudiantil estaban concentradas en el estallamiento de la huelga. Pero para la AEU aún faltaba un paso decisivo: su legitimación. El 15 de abril fue realizada una Consulta General Universitaria en la que participaron 109,000 estudiantes. Los resultados de la Consulta Universitaria fueron contundentes: 70 por ciento de los estudiantes desconoció la aprobación del RGP por el CU y 90 por ciento respaldó la gratuidad de la educación superior. La correlación de fuerzas arrojada por este ejercicio elevó la confianza de los estudiantes movilizados y motivó a otros tantos a pensar que si aún con la voluntad expresada, las autoridades no derogaban el RGP, el escenario de huelga estaría plenamente justificado.

            Al día siguiente de la Consulta, la Rectoría declaró que los resultados del ejercicio no eran confiables y que incluso, en muchas dependencias no se había llevado a cabo. Pero para cientos de estudiantes que habían estado a cargo de su organización, así como para decenas de miles que habían ido a depositar su voto, estas declaraciones aparecieron como una burla descarada. Miles y miles de estudiantes que habían pensado que el referéndum serviría para abrir canales de diálogo y evitar la huelga, quedaron entonces desengañados y con ello, los argumentos del sector de estudiantes que aun estando a favor de la gratuidad, se oponía al cierre, quedaron rebasados.

            En múltiples ensayos y artículos, los intérpretes ultraizquierdistas del movimiento estudiantil han hecho aparecer el camino hacia la huelga como una senda siempre ascendente y exenta de contradicciones. Todo ello, como si los estudiantes estuviesen predispuestos para hacer huelgas en cualquier momento. Esta imagen a todas luces falsa, imposibilita la comprensión de la forma tan audaz en que la AEU fue conquistando posiciones políticas, se convirtió en un organismo de masas y pudo convencer a la mayoría de los estudiantes de ir a la huelga.

            Antes de ganar el consenso definitivo, la consigna de la huelga indefinida había sido vista con renuencia por los estratos medios del estudiantado. Aquellos sectores de la Universidad para los que el aumento de cuotas no representaba una carga excesiva en el sostenimiento de sus estudios: estudiantes hijos de comerciantes, de pequeños empresarios, de académicos, de oficinistas, estudiantes hijos de empleados públicos, todo tipo de jóvenes cuya estancia en la Universidad no se había visto comprometida con las nuevas cuotas, y que por lo tanto, habían depositado mayor confianza en los medios institucionales. En otro ángulo estaban los estratos más pobres del estudiantado, aquellos que habían adoptado desde el 15 de marzo una actitud más desengañada hacia las autoridades. Todo tipo de estudiantes de extracción baja y media baja, hijos de trabajadores, de obreros, de campesinos, hijos también de profesionistas depauperados y sobre todo, estudiantes que trabajaban.

            Este último sector había formado desde el inicio la columna vertebral del movimiento estudiantil y había sido desde el inicio del conflicto, el sector más interesado en la derogación del RGP. Pero para ganar la huelga, no habría sido suficiente el consentimiento y la participación de esta parte del estudiantado. Para consensar la huelga y hacer del movimiento estudiantil una expresión fuerte, dinámica y plural, la AEU debía ganar también el apoyo de los estudiantes medios, que como sector de masa, constituían una proporción muy considerable de la Universidad. Este fue el motivo por el que durante los días previos a la suspensión de labores, la propaganda del movimiento estuvo dirigida a hacerles ver que su confianza en los órganos de la Universidad estaba cimentada en ilusiones, así como a desbaratar sistemáticamente sus prejuicios en torno a la huelga indefinida.

            Un argumento recurrente de los estratos medios del estudiantado era: “Yo estoy de acuerdo con que la Universidad debe ser gratuita, pero no estoy de acuerdo con la huelga”.A estas voces, la Asamblea de la Facultad de Ciencias del 13 de abril respondía:

…Quienes así ven las cosas deben decirnos entonces cómo podemos hacer retroceder a las autoridades si no es con la huelga. ¿Citándolas a dialogar públicamente? Ya lo hemos hecho en dos ocasiones. ¿Expresando nuestro desacuerdo por otros medios? Hemos publicado decenas de miles de carteles, periódicos murales y volantes en todas las escuelas. Hemos marchado por las calles y por la universidad en cuatro ocasiones decenas de miles de universitarios. Hemos parado actividades dos veces una amplia mayoría de universitarios (cerca de 52% en la primera ocasión y del 70% la segunda). Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance -y más- el día de la sesión clandestina del Consejo Universitario para evitar una imposición que abriera un conflicto de mucha mayor envergadura en nuestra Universidad. Hemos debatido una y otra vez en todas las escuelas, aún en aquellas en que los directores han organizado grupos de choque para impedir que sus alumnos conocieran otros puntos de vista, distintos a los del rector (como en Derecho).

…Ante esto, hay dos alternativas posibles: O “aceptamos bajo protesta” que se impongan las autoridades, reconociendo que por la razón que sea no estamos dispuestos a hacerles frente. O luchamos por impedir que se impongan, con un medio de lucha a la altura de la agresión, capaz de hacerles frente. ¿Se les ocurre otro a estas alturas que la huelga misma? Propónganlo. Pero todos sabemos que es la última carta que nos queda, la más difícil de implementar, pero a su vez la más poderosa. Y sabemos también que si no es ahora, antes de que termine el semestre (y esto ocurre en las preparatorias prácticamente el 23 de abril), no será más adelante. Lo sabemos bien. Por eso la Asamblea Universitaria ha decidido finalmente estallar la huelga a las 0 horas del martes 20 de abril.(Comisión de Propaganda de la Asamblea General de Ciencias, “Sobre la Huelga”, 2º. Taller de Análisis sobre el Movimiento, Documento a discusión No. 4, 13 de abril de 1999.)

            Una vez que entre los estudiantes se entendió que la burocracia no daría marcha atrás en el reglamento de pagos, inició intempestivamente el camino hacia la huelga y su votación en cada una de las escuelas y facultades, adquirió distintas formas: en algunas se dio a mano alzada por medio de asambleas abiertas, en otros casos, se recurrió al referéndum, y en otros más, la decisión se dio por medio de Consejo General de Representantes.

            Conforme el día fijado para el estallido de la huelga se iba aproximando, se iban tensando más las relaciones políticas entre los grupos de poder de la Universidad: entre las mismas élites, entre las autoridades y los estudiantes, y entre los mismos estudiantes. Tratándose de una Universidad tan grande y heterogénea, empezó a resurgir en distintas escuelas un viejo debate sobre la forma más legítima de tomar decisiones “entre las votaciones en asambleas directas y la existencia de consejos generales de representantes como sustitutos de esas asambleas”. (María Rosas, Plebeyas Batallas. La huelga en la Universidad, p. 22.)

            En Psicología los estudiantes instalaron las urnas de votación y al finalizar la jornada ganó el estallido con 1800 votos a favor. (Ibíd., p. 19.) En Economía votaron sí a la huelga 1288 y en contra 415. En Ciencias había ganado también el estallido por mayoría abrumadora. Llama la atención la forma como fue votada la huelga en la Facultad de Química, cuna del rector Barnés y dependencia donde a inicios del conflicto se afirmaba que su comunidad respaldaría mayoritariamente el RGP. Ahí los estudiantes llegaron a un acuerdo con la dirección para realizar un referéndum y ambas partes se comprometieron a respetar el resultado. (Guillermo Delgado, El movimiento estudiantil universitario de 1999 en la UNAM: los resolutivos del Consejo General de Huelga, p. 107). Ahí se instaló un padrón general con mucha vigilancia por ambas partes votando sólo estudiantes con credencial en mano. Al finalizar la tarde, cuando ya se habían contado uno a uno los votos, había ganado el estallido de la huelga por amplia mayoría.

            Pero en este proceso también se presentaron excepciones. La política del movimiento tuvo mayores dificultades para expresarse en escuelas tradicionalmente despolitizadas y donde el peso de los estratos medios era más fuerte: Derecho, Veterinaria, Odontología, Arquitectura y la ENEP Acatlán, por mencionar los casos más destacados. Utilizando a los consejeros estudiantiles, las autoridades de estas escuelas consiguieron movilizar a una periferia considerable de jóvenes opuestos a la huelga, pero sin llegar nunca a ser mayoría. Tal fue el caso de la Facultad de Derecho, bastión tradicional del priismo y de toda clase de académicos con lazos en el gobierno federal.

            Estando la Facultad de Derecho en el proceso de votaciones, los estudiantes de adheridos a la AEU realizaron una asamblea en la que miles de estudiantes se pronunciaron por estallar la huelga junto con las demás escuelas de la Universidad. Las autoridades a su vez, dijeron haber realizado una consulta interna en la que la mayoría de la comunidad “se pronunció en contra”. No contamos con datos precisos para corroborar esta información. Lo cierto es que la Facultad de Derecho fue una de las dependencias más reacias al estallido de la huelga y a diferencia de otros lugares, fue escenario de una fuerte polarización entre las fuerzas del movimiento y las autoridades.

            Una semana antes de que venciera el plazo para colocar las banderas rojinegras, diversos medios impresos dieron cuenta de la tensión que se estaba desarrollando en el bachillerato. El enfrentamiento entre autoridades y estudiantes estaba adquiriendo tintes violentos. El 14 de abril las facultades de Ciencias, Economía y el CCH Oriente fueron a un nuevo paro de labores con el fin de promover el estallido de la huelga en las escuelas donde la represión política era más fuerte. Algunas de las brigadas del CCH Oriente se dirigieron a la preparatoria 2 de Churubusco, pero cuando los activistasintentaron ingresar al plantel, elementos de Auxilio UNAM detuvieron a un estudiante del CCH y lo golpearon hasta romperle las costillas. (Alma Muñoz, “Riña entre porros y promotores de la consulta”, La Jornada, 15 de abril de 1999, p. 39.)Este acontecimiento desató el enojo generalizado de cientos de jóvenes que en cuestión de horas se reunieron en asamblea, instalaron barricadas en todos los accesos y expulsaron a las autoridades, dando comienzo a la huelga en la primera dependencia de la Universidad.

            En diversas preparatorias los estudiantes ocupaban las oficinas de la dirección y expulsaban de la misma forma a los directivos, en otras, las autoridades ofrecían mayor resistencia y organizaban grupos de golpeadores, académicos y estudiantes opuestos al paro para frenar las protestas. Pero la agitación era incontrolable. En el plantel Sur del CCH, más de cinco mil estudiantes a mano alzada votaron la suspensión indefinida de clases, convirtiéndose desde entonces en uno de los centros neurálgicos de la lucha en el bachillerato. En los planteles 5, 7 y 9 de la ENP una relación similar comenzó a expresarse.

            Cuando uno a uno se fueron conociendo los resultados de las votaciones por cada escuela y facultad, no hubo lugar a dudas sobre el consenso de la huelga: 27 dependencias decidían colocar las banderas rojinegras los primeros minutos del 20 de abril.Mientras tanto en las asambleas locales, decenas de demandas empezaron a brotar de la voz propia de los estudiantes. Al momento de discutir el pliego petitorio del movimiento, los estudiantes habían puesto sobre la mesa no sólo el rechazo a las cuotas, sino todos los problemas relacionados con la enseñanza, las carencias en sus condiciones de estudio, el autoritarismo imperante en la Universidad, así como una serie de exigencias de alcance nacional. De esta manera, en el lapso de dos semanas la AEU llegó a contabilizar más de 38 peticiones procedentes de las asambleas locales para conformar el pliego petitorio general, acordando además integrar una comisión central para elaborar una propuesta unitaria.

            Desde que el movimiento había adquirido proporciones masivas, las corrientes moderadas del movimiento habían visto con rechazo la inclusión de demandas que plantearan la cancelación de las reformas neoliberales que desde mediados de los noventas se habían implementado en la Universidad. Tal era el caso de las llamadas Reformas del 97 y de los vínculos de la UNAM con el CENEVAL. Pensando que su adición no sería vista con “buenos ojos” por los estudiantes, se remitían a exigir la derogación de las cuotas como única exigencia para solucionar el conflicto.

            Pero en oposición a la al CEU histórico, existían corrientes estudiantiles de importante trayectoria que eran conscientes que de proseguir el movimiento en ascenso, se generarían diversas oportunidades políticas para que los estudiantes revertieran la desfavorable correlación de fuerzas que la década pasada les había heredado. Además, aunque el ala moderada había visto con renuencia la petición de derogación de las Reformas del 97, era irrefutable que esta consigna tenía mucha aceptación entre los estudiantes de bachillerato, por lo que desde el inicio su exclusión de hizo muy difícil. Al final se acordó que el Pliego Petitorio del movimiento sería:

1. Abrogación del Reglamento General de Pagos y eliminación de todos los cobros ilegales.
2. Derogación de las reformas impuestas por el Consejo Universitario el 7 de junio de 1997. Esto significa recuperar el pase automático, eliminar los nuevos límites de permanencia a los estudiantes de la UNAM y respetar la elección de carrera dando prioridad al bachillerato de la UNAM.
3. Creación de un espacio de diálogo y resolución sobre los problemas que enfrenta nuestra universidad.* (Más tarde esta demanda se modificó por: Realización de un Congreso Universitario Democrático y Resolutivo).
4. Retiro de cualquier tipo de sanción en contra de estudiantes, maestros o trabajadores que participamos en este movimiento; desmantelamiento del aparato de represión implementado por el rector Barnés de Castro.
5. Recuperación de los días de clase invertidos en el movimiento y extensión de las fechas de trámites administrativos.
6. Rompimiento de los vínculos de la UNAM con el Centro Nacional de Evaluación* (Esta demanda fue adherida en el segundo mes de huelga por las asambleas).

            Desde el domingo 18 de abril el campus de CU quedó prácticamente desprotegido. Las autoridades desprendieron diversas plumas de estacionamiento, rejas de entrada y salida, así como cadenas de seguridad en distintos puertas de acceso a los planteles. (Alma Muñoz, “Abiertas desde ayer, principales entradas al campus de la UNAM”, La Jornada, 19 de abril de 1999, p. 46.) La administración había puesto en marcha todos los instrumentos a su alcance para frenar el estallido de la huelga: amplia campaña propagandística en medios de comunicación, amenaza de sanciones administrativas y judiciales contra activistas, movilización de grupos de choque, desprendimiento de las puertas de acceso a los planteles y el inicio anticipado de los trámites del pase reglamentado a la licenciatura. Este último fue el motivo por el que las asambleas de las preparatorias 5 y 7 determinaron iniciar la toma de sus instalaciones de forma anticipada.

            A un día del plazo fatal, la opinión pública estaba a la expectativa. En la prensa nacional la Rectoría publicaba enormes desplegados con firmas de miles de universitarios en contra de la huelga, pero contradictoriamente, esas cifras no se expresaban en la Universidad. Mientras tanto, para las decenas de miles de estudiantes movilizados ya no había punto de retorno. Desde la tarde del lunes 19 de abril había iniciado la toma de instalaciones en decenas de escuelas y facultades. El estallido de la huelga se estaba presentando como una auténtica guerra de posiciones. Una a una todas las dependencias iban cayendo en manos de una multitudinaria masa de estudiantes que obligaba a las autoridades a abandonar sus oficinas, instalaba barricadas en los accesos e iba colocando sellos en los puntos principales de las instalaciones.

            La huelga llegó a la UNAM. A las cero horas del martes 20 de abril fue izada una enorme bandera rojinegra en la explanada de la Rectoría de CU, mientras en el Auditorio Che Guevara de Filosofía y Letras miles de estudiantes presenciaban el acto mediante el cual la Asamblea Estudiantil Universitaria (AEU) se constituía como Consejo General de Huelga (CGH). 27 escuelas y facultades de toda Universidad estaban estallando desde ese momento la huelga y los estudiantes daban lectura a su Manifiesto a la Nación.

            Como recurso desesperado las autoridades se movilizaron a la mañana siguiente para repudiar la toma de las instalaciones. Pero la iniciativa fracasó. La movilización oficial consiguió aglutinar a aproximadamente 7 mil personas y estuvo integrada mayoritariamente por funcionarios y personal de confianza de toda la Universidad. La participación estudiantil fue prácticamente nula, y calculando los costos políticos de un posible choque, Barnés decidió no asistir desairando a diversos personajes y grupos que lo habían incitado a tomar acciones de fuerza esa misma mañana.

            Sin ninguna posibilidad real de impedir la toma de instalaciones en la mayoría de las escuelas, las autoridades decidieron concentrarse en aquellas dónde aún no se habían tomado acuerdos o que se habían mostrado más indecisas. 27 escuelas y facultades de la UNAM estaban ya bajo el control del CGH: los cinco CCH; las nueve preparatorias; la ENEO; las dos ENEP (Acatlán – Aragón) y las tres FES (Iztacala, Cuautitlán y Zaragoza); Economía, Filosofía, Arquitectura, Políticas, Trabajo Social, Ciencias, Psicología y Química; pero aún faltaba que el estallido se concretase en dependencias de gran relevancia como Contaduría, Derecho, Ingeniería, Medicina, Odontología, Veterinaria, el CUEC, la ENM, la ENAP y los estudiantes de posgrado. Dada su tradicional despolitización y el fuerte predominio de los estratos medios, en estas escuelas la correlación de fuerzas giró a favor del movimiento hasta que la huelga en la mayoría de las escuelas de la UNAM hubo de ser un hecho consumado. Pero decididas a no permitir que cayeran bajo la influencia del movimiento, las autoridades resistieron hasta el último momento la toma de las dependencias.

            El día 21 abril los estudiantes de las Facultades de Medicina y Veterinaria anunciaron su decisión de ir a la huelga. En el primer caso, el director Alejandro Cravioto convocó a una concentración de rechazo para aislar a los estudiantes, pero lejos de conseguir los resultados anhelados, incentivo la fuerza de la oposición. Poco a poco distintos grupos académicos discutieron las razones del conflicto y tomaron sus resolutivos. Al final del día la suma global de votos había arrojado 58 grupos a favor de la huelga y 35 en contra. Sin ofrecer mayor resistencia, las autoridades del plantel colocaron sellos en distintos puntos de la dependencia y abandonaron las instalaciones.

            En Veterinaria el estallido cobró tintes más virulentos. Desde temprana hora las autoridades instalaron en los accesos retenes con guaruras impidiendo el acceso a todo estudiante externo a la facultad. Pero al interior, una asamblea estudiantil consiguió votar la huelga pese a la prohibición expresa de los directivos. Cuando los estudiantes se apoderaron de la mayor parte de las instalaciones, las autoridades decidieron emprender la retirada, no sin antes sustraer material de laboratorio y animales de práctica.

         Sin ningún sector de masa en el cual apoyarse, la Rectoría observó paralizada la forma en que el movimiento estudiantil estalló la huelga en las 36 escuelas y facultades de toda la UNAM y no fue hasta el 22 de abril que en un manifestó a la opinión pública el rector Francisco Barnés anunció: “Hoy ha concluido el despojo de los planteles docentes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por más de una semana, un grupo de estudiantes ha venido apoderándose por la fuerza de edificios, bibliotecas, aulas, laboratorios y centros de cultura de la institución. De nada ha valido la voluntad expresa de la mayoría de los universitarios de no recurrir a la suspensión indefinida de labores.” (Francisco Barnés de Castro, “A la comunidad universitaria. A la opinión pública”, Proceso, 1173, 25 de abril de 1999, p. 23).

            La huelga en la UNAM inició con gran consenso y su curva de ascenso fue mucho más acelerada que la de movimientos estudiantiles anteriores. Entre las asambleas y las corrientes estudiantiles hubo divergencias tácticas, pero a la hora de pasar a la ofensiva, golpearon de forma cohesionada. No hubo titubeos al respecto. Las diferencias internas quedaron diluidas y el movimiento se desplegó con gran fortaleza y unidad.

            Hasta entonces muy pocas voces habían creído posible que los estudiantes ni nadie, pudieran ofrecer una resistencia significativa a las políticas neoliberales que habían ido avanzando por todo el país. En la memoria de la izquierda mexicana pesaban aún las sangrientas secuelas de la lucha contra el fraude electoral de 1988 y la derrota que en 1995 había sufrido el Sindicato Único de Trabajadores de Ruta 100 (SUTAUR-100) cuando todo su Comité Ejecutivo había sido encarcelado. Pero hubo de ser el movimiento estudiantil el que después de muchos años de parálisis irrumpiera en la palestra política nacional para decir: ¡Ya basta!.

            ¿Fue la huelga de la UNAM el secuestro de una minoría ante la pasividad de la mayoría? Nuestro método de razonamiento nos indica que la explicación es mucho más sencilla que la que los adeptos a las teorías conspirativas sugieren. Si el estallido de la huelga fue posible, fue porque la demanda de gratuidad conectó con las necesidades de decenas de miles de estudiantes desde el inicio y porque las autoridades nunca quisieron una solución negociada. Hubo por supuesto núcleos opositores a la huelga en las escuelas. En algunos casos llegaron a ser cientos, pero esta oposición no llegó a expresarse nunca como un movimiento de masas. Quedó en minoría y perdió la votación de forma abrumadora. Aquellos que se inclinan a creer que la huelga fue el arrebato intransigente de una minoría, en vano buscarán una sola movilización de masas opositora a la huelga por estos días. A las cifras y a los hechos históricos nos remitimos.

            El estallido de la huelga tampoco fue un acto precipitado y de escaso cálculo político. Antes de llevarla a cabo, los estudiantes agotaron todos los recursos a su alcance para evitarla: habían citado en vano al rector a dialogar en dos ocasiones, habían tomado las calles cuatro veces y habían realizado dos paros parciales. Varias semanas antes del 20 de abril los estudiantes insistieron a las autoridades: “Si ustedes no resuelven, ésta va a ser la huelga más consensada que haya existido en la historia de la universidad.”

            Los tiempos políticos para el dialogo habían quedado rebasados. De no haber adoptado esta medida, el movimiento estudiantil habría dejado pasar su oportunidad política más significativa y muy probablemente se hubiera disuelto. En la Universidad habría concluido el semestre, y luego del verano la imposición de las cuotas se habría consumado. La suspensión de clases era la última alternativa que los estudiantes habían contemplado para detener el RGP y el recurso más extremo para hacerse escuchar.

            En un país donde la educación pública había sido la única conquista heredada a los jóvenes por la Revolución, el estallido de la huelga en la UNAM el 20 abril de 1999 se convirtió en el grito desesperado de una generación fustigada por el neoliberalismo y amenazada con ser privada de la conquista cultural más importante que el país había producido durante todo el Siglo XX: la Universidad Nacional Autónoma de México. En este punto en especial no podemos más que suscribir las siguientes palabras: “Creo haber vivido todos los movimientos en la Universidad desde 1971 y no recuerdo uno tan masivo como el movimiento del CGH. Fue la huelga más masiva y más plebeya que se haya vivido en la historia de la Universidad. El despliegue fue una verdadera avalancha, una tormenta, un estruendo impresionante. Era el movimiento de los estudiantes de abajo, de los más jodidos, de los más castigados, y que querían ser expulsados de la UNAM.” (Testimonio sobre los acontecimientos de abril en Palabra del CGH. El testimonio de los huelguistas).