A los pueblos de México y del mundo
A la sociedad civil y organizaciones sociales
A los medios de comunicación
A los gobiernos federal, local, municipales y comunitarios
A organismos, organizaciones y movimientos internacionales
Denuncia Pública por la imposición del Proyecto Integral Morelos (PIM) en Tlaxcala y petición de solidaridad ante la inminente entrada de maquinaria en nuestros territorios.
A más de 4 años de resistencia y lucha, las comunidades y pueblos indígenas y campesinos de Tlaxcala nos encontramos de nuevo bajo la amenaza latente de ser privados de nuestros territorios, nuestra vida y nuestros procesos comunitarios por la inminente entrada en nuestros pueblos de maquinaria para la construcción y operación del Gasoducto Morelos, que forma parte del denominado “Proyecto Integral Morelos”.
En el último año personal de la Comisión Federal de Electricidad, así como empresas privadas contratadas por las trasnacionales españolas ELECNOR y ENAGAS y la italiana BONATTI, concesionarias del gasoducto, han enviado personas a nuestros hogares para que, a través de engaños y presión, cedamos nuestro patrimonio comunitario y cultural a sus intereses, tratando de hacernos firmar cartas de anuencia para la concesión de servidumbres de paso, amenazándonos que de no hacerlo vendrá el ejército y fuerza pública a obligarnos a ceder nuestras tierras y derechos.
Ante ello, las autoridades federales y estatales han hecho caso omiso de nuestras peticiones, entre ellas:
- Solicitudes en las cuales se hace énfasis de que las Asambleas por usos y costumbres de nuestros pueblos y comunidades han rechazado contundentemente el proyecto.
- Recursos presentados ante diversas entidades para que hagan caso a nuestra petición fundamental de NO AL GASODUCTO.
- Amparo interpuesto ante el Poder Judicial de la Federación que a 10 meses de su presentación no se ha podido resolver.
- Queja ante la CNDH, que sigue en trámite.
- Decenas de movilizaciones de los pueblos y comunidades afectadas.
Sin embargo, el proyecto sigue avanzando, atentando gravemente en contra de la vida, la integridad, la seguridad, la paz y derechos de nuestros pueblos.
En las últimas semanas, las comunidades por donde se tiene planeado pasar dicho proyecto, hemos visto y escuchado que la maquinaria está cada vez más cerca, ante ello no vemos reacción alguna de nuestras autoridades locales ni federales para intentar frenar este despojo, incumpliendo así con su deber histórico y constitucional de defender a sus pueblos.
Por su parte, las empresas españolas e italiana, que con espíritu colonizador vienen a tratar de arrebatarnos de nuevo nuestro territorio a cambio de “espejitos”, no frenan su sed de conquista, buscando avanzar acallando nuestras voces a través de obras y pequeñas concesiones completamente desproporcionadas a las inmensas ganancias que obtendrán del PIM.
El Proyecto Integral Morelos
El PIM consta de dos plantas termoeléctricas de ciclo combinado que funcionan a base de gas natural (gasoducto) y de vapor (acueducto) que impacta en tres estados de la República Mexicana -Morelos, Puebla y Tlaxcala-, 24 municipios y más de un ciento de comunidades; el mismo es parte de un proyecto integral de despojo territorial y un entramado de agravios y violaciones a los derechos humanos de nuestras comunidades indígenas y campesinas.
El mismo se desarrolla en el marco de la reciente Reforma Energética y se constituye como un entramado de agravios y violaciones de nuestros derechos humanos, por los siguientes motivos:
- Solo busca ampliar la red del sistema nacional de gasoductos, fomentando la participación del sector privado en el desarrollo de la nueva infraestructura de transporte de gas natural, con el fin de producir energía eléctrica fundamentalmente para la industria, a costa de la vida de los pueblos.
- Se presenta como una forma de responder a los compromisos adquiridos por el gobierno mexicano dentro de la CMNUCC, lo cierto es que el mismo alienta la instalación de industrias a lo largo del ducto y de sus futuros ramales, de lo que se derivarán mayores emisiones tanto de CO2, como de otros Gases de Efecto Invernadero.
- Tanto el gobierno como las empresas trasnacionales, han operado para que los tres proyectos que conforman el PIM aparezcan de manera aislada, omitiendo así un análisis integral y completo de las impactos sociales y ambientales, sinérgicos y acumulativos del mismo.
- El acceso a la información pública en varias ocasiones ha sido negada en primera instancia por considerarse “reservada”, situación que aunque ha sido revertida en procedimientos de revisión, se imposibilita en los hechos por sus altos costos (más de cincuenta mil pesos); además, la información es negada por considerar que este derecho fundamental de los pueblos pone en riesgo la seguridad nacional.
- La ilegalidad y ausencia de transparencia del proyecto son evidentes, el procedimiento de licitación, adjudicación de contratos, permisos y autorizaciones otorgados han sido oscuros y no cuentan con fundamento jurídico.
- El INAH, señaló que en el trazo del gasoducto se encuentra un estimado de 92 sitios inscritos en el Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicas, de los cuales 7 de ellos pudiesen sufrir algún tipo de afectación directa o indirecta en el estado de Tlaxcala. No obstante, y a pesar de que el propio Instituto reconoce que la zona es de alto potencial arqueológico, se siguen violentando el derecho a la cultura y al patrimonio cultural e histórico de los pueblos de Tlaxcala y de México.
El PIM es una estrategia articulada desde el gobierno para el despojo sistemático y estructural del territorio, de la cultura, de las formas de convivencia comunitaria, de los usos y costumbres, de los recursos naturales y de la vida de los pueblos de Tlaxcala. Implica una serie de violaciones a derechos humanos, que a lo largo del proceso de implementación se han ido agravando, llegando al punto de la negación permanente de acceso a la justicia en los tribunales nacionales y a la criminalización de la oposición y resistencia de las comunidades.
Por todo lo anterior DENUNCIAMOS ante la opinión pública nacional e internacional:
- La omisión tanto de autoridades locales y nacionales, como de empresas trasnacionales, de respetar y garantizar el derecho a la libre determinación de nuestros Pueblos.
- La omisión de darnos información completa y verídica sobre el proyecto a través de nuestras Asambleas Comunitarias.
- El tratar de obligarnos, a través de conductas intimidatorias e información falsa, a firmar una carta en donde manifestemos nuestra supuesta voluntad para que se establezca una servidumbre de paso de ocupación permanente en nuestros territorios para alojar el gasoducto.
- La acción, por parte de diversas autoridades, de autorizar la obra aun cuando les constaba que el ducto atravesaría por zonas densamente pobladas, así como cerca de instituciones educativas, centros de salud y pozos de agua potable. Además de que sabían el potencial daño al patrimonio cultural, histórico y arqueológico que generará el proyecto.
- La omisión por parte de las autoridades encargadas de evaluar y, en su caso, de autorizar este proyecto, de atender con responsabilidad los riesgos estudiados y anunciados por instituciones públicas expertas, como lo es el Centro Universitario de Prevención de Desastres Regionales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (CUPREDER-BUAP), ya que atraviesa por zonas de riesgo volcánico y de lahares que bordean la región del Volcán Popocatépetl, uno de los volcanes más peligrosos del país.
Los pueblos y comunidades indígenas y campesinas de Tlaxcala EXIGIMOS:
- Se respete, garantice y proteja el ejercicio pleno y efectivo de los derechos de los pueblos y comunidades de Tlaxcala y de México.
- Se cancele el PIM y por ende, el proyecto de Gasoducto Morelos.
- Se detengan los actos de intimidación y amenazas por personal de la CFE y de las empresas constructoras/operadoras de capital trasnacional.
- Se detenga el avance de la maquinaria y equipo de construcción hacia nuestros territorios.
- Se respete la autonomía de las Asambleas Comunitarias y las decisiones de las mismas respecto a la negativa del proyecto.
- Se garantice el acceso a la justicia y se resuelvan los recursos jurídicos y no jurisdiccionales interpuestos por las comunidades afectadas.
- Se entablen diálogos con las Comunidades a través de nuestras Asambleas Comunitarias y Comités Comunitarios con la presencia de instituciones y organismos reconocidos a nivel nacional e internacional, para que escuchen y hagan respetar las decisiones tomadas en nuestras Comunidades.
- Se tomen todas las medidas necesarias tendientes a garantizar la seguridad, la libertad y la integridad de las personas que participan en las diferentes acciones comunitarias y jurídicas, y se asegure la no repetición de los actos.
Por todo lo anterior, pedimos su solidaridad y les solicitamos también se mantengan atentas y atentos a la probable entrada de la maquinaria a nuestros territorios, se visibilice y publicite a nivel nacional e internacional nuestra problemática y, en caso de conflicto, se constituyan como observadores para evitar mayores violaciones a nuestros derechos humanos.
Comités comunitarios de San Vicente Xiloxochitla, Mpo. Nativitas; San Jorge Tezoquipan, Mpo. Panotla; La Trinidad Tenexyecac, Mpo. Ixtacuixtla; Colonia Luis Echeverría, Mpo. Texoloc y habitantes de la cabecera municipal de Texoloc.
¡La tierra no se vende, se ama y se defiende!
Firmas: Centro Fray Julián Garcés.
Favor de confirmar si aceptan suscribir Personal o Institucionalmente al correo: [email protected]
