Adolfo Tovar / Políticas media

Ayer lunes 27 de enero, lo que muchos nos resistíamos a creer fue consumado. El  acuerdo firmado entre el gobierno federal y las llamadas “autodefensas” de Michoacán. El convenio a grandes rasgos expone la incorporación de éstas a una figura contemplada en la constitución de nuestro país conocida como “defensas rurales” contenida en el Título IV, Capítulo I, art. 53 de la  LEY ORGÁNICA DEL EJÉRCITO Y FUERZA AÉREA MEXICANOS, que a la letra dice: “ARTICULO 53. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos desarrollan sus acciones de Defensa Nacional en forma conjunta y se mantienen unidas en una sola dependencia.  Está compuesta por: Unidades de Combate, Unidades de los Servicios, Cuerpos Especiales, Cuerpos de Defensas Rurales y Establecimientos de Educación Militar.” Y está reglamentada de acuerdo al capítulo VI artículos 116 al 121 de la misma ley orgánica, en dónde llama la atención que la palabra “ejidatarios”  aparece de manera recurrente y como propiedad inalienable para formar parte de estas “defensas”. [1]

Lo que hemos estado viendo en Michoacán durante los últimos dos años y la escalada de hace 4 meses a la fecha se podría resumir como un “ajuste” en la correlación de fuerzas entre algunos grupos que se dedican al tráfico de drogas ilícitas, el secuestro y la extorsión; y grupos de personas inconformes con la  inmovilidad e incapacidad de las fuerzas encargadas de la seguridad en los tres niveles de gobierno, éstos últimos acosados en sus bienes y en su persona de manera creciente. Por ello, decidieron hacer visible su disposición a no permitir más las actividades “parasitarias”, tanto del gobierno, como de los grupos que operan al margen de las leyes en el Estado. Pero es importante establecer diferencias entre los distintos “móviles” que hacen posible esta situación tan compleja.

Los comuneros de Cherán Kerí dieron la luz de alerta ante las constantes invasiones de sus tierras por narcotraficantes y talamontes. El caso omiso o nulo de autoridades (muchas veces en complicidad con los grupos delictivos) de las llamadas de auxilio de los comuneros de este municipio provocó la organización de la mayoría de los habitantes, quiénes en una asamblea multitudinaria decidieron desconocer a las autoridades locales e instalar un sistema de “usos y costumbres” que incluye el fortalecimiento de una policía comunitaria armada que mantiene hasta el día de hoy la seguridad de todos los habitantes de la comunidad. Se creó todo un sistema político comunal que rescató algunas formas de gobernar de la tradición sincrética de antes, durante y después de la colonia. Esta es una forma incluyente de gobernar y ser gobernado con una idea de la propiedad social clara y las obligaciones en el ejercicio del poder segmentadas y bien estructuradas.[2]

Mientras tanto en la llamada “tierra caliente” de Michoacán los motivos que mueven a la gente a la “autodefensa” varían mucho más y, sobre todo son cuestionables en cuanto a la representatividad que pudiesen tener las acciones emprendidas. Las comunidades de Buenavista, Tepalcatepec, La Ruana, Aquila, Mújica, etcétera, se han organizado “al vapor” y su método de organización es precario, así como la confusión generada por la aparición de diversos grupos armados que nacen de la noche a la mañana.

Los motivos a diferencia de Cherán, no son los recursos naturales, aquí se pelea por la tierra como medio de producción; las cosechas abundantes de limón y aguacate (con una  calidad de exportación) hacen de esta región michoacana una “mina de oro” para cualquier persona o grupo que se erija como poseedor de éstos. [3] La lógica capitalista que impera en el ciclo de producción fue violentada por los cobros de “derecho de piso” que se empezaron a generalizar por toda la región, los secuestros de terratenientes y sus familias, así como el peaje al transporte, fueron las acciones que terminaron por acabar con la paciencia de la clase media poseedora de los huertos, los transportes, las bodegas, empacadoras y demás entidades que participan de este negocio.

Por citar un dato duro, la producción de aguacate representa la principal actividad económica de Michoacán, generando más de 16 mil 800 empleos fijos al año y más de 70 mil empleos temporales ligados a la actividad; sumando más de 6 millones de jornales al año y una derrama económica de más de 750 millones de pesos al año (Según la organización COMA AC, 2012).[4] Lo anterior nos aclara el volumen de dinero que se genera en estos municipios.

Sin embargo, no hemos sabido de una organización mas allá de la toma de las armas pretextando la “autodefensa”, no hay contenido político en los mensajes, no se habla de una reestructuración de los gobiernos municipales y menos del estatal, se hacen actos públicos en las plazas de los municipios “liberados” en donde se devuelven tierras a los “legítimos propietarios”, pero ¿Eso es todo?, ¿Los presidentes municipales regresarán a sentarse en sus “palacios” sin más? La organización social no tiene una dirección política, lo que hace sumamente peligroso el empoderamiento del que serán objeto las autodefensas, ¿Quién nos dice que las “guardias rurales de hoy” no serán los “templarios del mañana”?

En este contexto se clarifica un poco la heterogeneidad de las “autodefensas” y sobre todo, con la acción del gobierno federal de “legalizarlas” surgen dudas de vital importancia como: ¿Quiénes son los representantes con los que “negoció el gobierno federal?, ¿Cómo se eligieron a esos “negociadores” y a quiénes representan?, ¿Se hará un censo de integrantes, localidades y armas?, ¿Las guardias rurales actuales serán las encargadas de la seguridad en la zona?, ¿Con este acuerdo se legitima la vía armada para poder atender problemas que por incapacidad o negligencia el gobierno no puede atender?

Estamos ante una cuestión que va mas allá de los hechos a simple vista y se impone un análisis y un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos, en terreno político esto significa que existen “ganadores” y “perdedores”; esperemos a ver quién será quién, y sobre todo como la sociedad michoacana podrá enfrentar esta afrenta de reestructurar un tejido social a todas luces deteriorado hasta la raíz.

*Fotografías de: www.revoluciontrespuntocero.com