Por: Myriam Corte

En noviembre del 2015, el allanamiento ilegal a la casa de la periodista y directora de la revista electrónica Desinformémonos Gloria Muñoz Ramírez ejemplificó una vez más la violencia y agresiones con clave de género que sufren mujeres periodistas y comunicadoras en nuestro país. La transgresión al hogar, el registro de documentos y objetos personales (ropa íntima) son acciones con un fin específico: vulnerar.

Dario Ramírez, ex director de Artículo 19 en el informe que presentó la organización en el 2015, señaló que el miedo que se siente al publicar una u otra información por las represalias que esta acción pueda tener es: “Por la falta de reglas en un estado de derecho. El miedo es porque el futuro es incierto”.

En el mismo informe se enunció que se registraron 397 agresiones, 244 contra hombres, 69 a medios de comunicación y 84 a mujeres, un 25. 6 por ciento. De acuerdo con esta organización: “Las agresiones documentadas a mujeres periodistas, comunicadoras y todas aquellas que ejercen la libertad de expresión, incluyen las emisiones de mensajes directos con el objetivo de provocar censura o autocensura; invasiones a la privacidad y espionaje (individual y colectivamente), para interferir y dar a conocer públicamente actividades de la esfera privada; intimidaciones o presiones que obligan a cambiar la línea editorial; hostigamiento o acoso al recibir mensajes amenazadores en redes que incluyen la materialización del ataque a la vida o integridad sexual de la víctima, familiares, amigos o amigas en cualquier relación laboral o emocional”.

Ante este panorama, la agresión que vivió Muñoz es una clara intimidación a su libertad de expresión como periodista, la cual llegó a un punto extremo: el allanamiento a su hogar. Un caso que aún no ha sido resuelto por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) que depende de la Secretaría de Gobernación.

Con este ejemplo que cuenta con evidencias claras de la agresión cometida hacia una mujer que ejerce una profesión como lo es el periodismo y que poca atención pusieron las autoridades para sancionar a los responsables, es oportuno cuestionarse qué sucede con la violencia que sufre el resto de las mujeres relacionada con la tecnología en un país como México que no estipula en sus leyes claramente qué es la violencia relacionada con la tecnología y cómo debe sancionarse.

En una investigación realizada por la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC) en marzo del 2015 que forma parte del proyecto “Basta de violencia: derechos de las mujeres y seguridad en línea”, se encontró que en los países donde se realizó el estudio (Bosnia y Herzegovina, Colombia, Kenia, República Democrática de Congo, México, Paquistán y Filipinas) el tipo de violencia contra las mujeres relacionada con la tecnología es clara, como:

• Tomar-subir-distribuir fotos y/o videos íntimos sin consentimiento.
• Alterar fotos-videos y publicarlos en sitios de pornografía.
• Acoso: la mujer recibe mensajes de texto insultantes; recibe comentarios y mensajes en línea que usan insultos sexualizados.
• Acecho: monitoreo en línea de las actividades.
• Extorción-amenazas.
• Acceder –divulgar información privada.
• Creación de perfiles falso-robo de identidad.
• Discurso que incita al odio: convoca a asesinar, violar a las mujeres.
• Pornografía infantil y violación-violencia sexual.

En este mismo estudio se señaló que este tipo de violencia relacionada con la tecnología “infringe el derecho de las mujeres a la autodeterminación y a su integridad física. Afecta a la capacidad de las mujeres para moverse libremente, sin miedo a ser vigiladas. Les niega la oportunidad de crear sus propias identidades en línea, y a desarrollar y participar de interacciones sociales y políticas significativas”.

Es decir, esta violencia genera un claro control a las actividades que se pueden realizar a través o con el uso de la tecnología. Las mujeres periodistas o activistas al informar o denunciar sobre violaciones a los derechos humanos, actos de corrupción, movimientos sociales, deportes pueden ser fácilmente agredidas por esta misma vía: el uso de la tecnología.

Otro caso conocido es el de Luisa Velázquez, comunicadora feminista conocida como @menstruadora de La colectiva Lesboterroritas, quien desde octubre del 2014 es víctima de diversas agresiones a través de las redes sociales: “amenazas de violación y de muerte, campañas de desprestigio sexual, acoso, hostigamiento, publicaciones no autorizada de desnudos, difamación sobre incitación a la diversidad sexual y amenazas de violación explicitas por correo”, señaló el informe 2015 de Artículo 19. Velázquez denunció que: “En esto de las redes no tenemos muy claro qué puede hacerse, y dejamos que el límite se extienda”.

Un límite que se extiende hasta el feminicidio de la comunicadora, de la activista, de la periodista, de la mujer. Las autoridades generalmente vuelven a victimizar a las mujeres cuando denuncian algún tipo de agresión, acoso o violación. Ante ese contexto la denuncia por acoso a través de mensajes por redes sociales, por ejemplo, es aún más minimizada y con ello necesaria una revisión a las leyes para exigir se tome en cuenta esta violencia relaciona con la tecnología para sancionar y castigar a los responsables.

Esos responsables que filtran miedo por comunicar, por informar, por protestar, por mostrarse libre; libre de hacer, de decir, de expresar cuando simplemente se está ejerciendo un derecho.

Por ello, la difusión, la denuncia, el acompañamiento, la conformación de redes, la exigencia del cumplimiento de la ley, así como su modificación para incluir otros tipos de delitos relacionados con la violencia contra la mujer y otros grupos, son tareas que día a día seguimos elaborando.

La autocensura no es, ni será una solución ante tanta violencia generada en espacios relacionados con la tecnología y muchos otros (privados y públicos). Inclinarse por esta opción demostraría que ellos han ganado, que han conseguido su objetivo de callarnos, de no dejarnos ser, de no dejarnos expresar y no es así. Los espacios que se han conseguido deben mantenerse y aumentar, respetarse la autodeterminación de nuestra vida y de nuestro cuerpo.