Por: Carlos Alberto Martínez Islas
El pasado 27 de enero la PGR divulgó en los medios de comunicación las conclusiones a las que llegaron sus investigaciones: los 43 normalistas fueron privados de la libertad, de la vida e incinerados en el basurero de Cocula a manos del grupo “Guerreros Unidos” liderados por Rodríguez Salgado, alias el Cepillo, quien ordenó el homicidio y la desaparición de los estudiantes, su incineración y quien fue ya detenido e interrogado. Las autoridades presentaron imágenes aéreas y satelitales de la zona donde fueron supuestamente incinerados y señalaron que posteriormente arrojaron las cenizas al río San Juan. Declararon, además, que no existían evidencias de la participación del Ejército.
Finalmente, la PGR concluyó que esa era “la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia”.
Tiempo después, el 9 de febrero, se da a conocer un informe del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el que contradice ciertos puntos de la llamada “verdad histórica”, poniendo en duda la incineración de los 43 en el basurero de Cocula, concluyendo que “el gobierno interpreta las evidencias para que coincidan con su propia versión, a pesar de que la interpretación de la evidencia es más compleja”.
Otros elementos se han agregado en el transcurso del tiempo evidenciando inconsistencias en la versión de los hechos de la PGR tales como las declaraciones de investigadores de la UNAM quienes afirman la imposibilidad de quemar 43 cuerpos en las circunstancias en que se encontraba aquel basurero. Recientemente el IFAI ordenó a la SEDENA entregar todo material que tuvieran sobre los hechos ocurridos publicándose así fotografías que dan por hecho la presencia del Ejército en el conflicto.
Entonces, ¿a qué se refiere la PGR con “verdad histórica” si se ha presentado contradicciones dentro de ella?, ¿por qué la actitud hermética de la PGR al no aceptar las inconsistencias señaladas por el Equipo Argentino?, ¿por qué desprestigiar a ese reconocido equipo en todo el mundo sólo por “no ser autoridad”?, y ¿por qué no tomarlo en cuenta para lograr resultados válidos y confiables?
Como lo menciona el filósofo Adolfo Sánchez Vázquez “el fin propio de toda ciencia es conocer y a él subordina cualquier otra consideración” (Ensayos marxistas sobre filosofía e ideología, p. 140). Sin embargo, la ciencia como forma específica de la actividad humana inserta en un determinado contexto social, “sirve a una finalidad externa que le impone ese contexto social” (Ibid.). Por tanto el fin práctico de las ciencias sociales es el mantenimiento o la transformación del orden social imperante, es decir, el enfrentamiento de ideologías opuestas. Lenin afirmaba que “en una sociedad dividida en clases sociales no puede existir una ciencia social imparcial” ya que existe una posición político-ideológica que va a orientar su función práctica.
Sin embargo, Sánchez Vázquez afirma que “una verdad es objetiva en la medida en que el objeto teórico (verdad, teoría, ley) represente como objeto pensado (o en el pensamiento), lo real”. (Ibíd. p. 143). En el caso de la desaparición de estudiantes normalistas “la verdad histórica” que plantea la PGR carece de objetividad y, por tanto, de credibilidad.
En ese sentido debe declararse estrictamente que los resultados lanzados por la PGR deben de ser catalogados como hipótesis, es decir, como posibles respuestas al fenómeno tendientes a ser rechazadas en la medida en que el proceso de investigación siga desarrollándose.
En el fondo, la llamada “verdad histórica” de las autoridades federales conduce a seguir manteniendo el orden social establecido que permite preservar los intereses de la élite política y económica que ostentan el poder en el país. En este sentido me parece pertinente rescatar la postura intelectual del sociólogo Raúl Rojas Soriano sobre la investigación social, la cual “no debe utilizarse para resolver conflictos sociales a favor de los intereses que defienden los grupos en el poder”. (Guía para realizar investigaciones sociales, p. 33). Esto se ha expresado en como la PGR no acepta argumentos presentados que contradigan o no encajen en su versión oficial.
La interpretación de la realidad representa, sin duda, un manejo político al utilizarse como un mecanismo de control social e ideológico para encubrir responsabilidades. El trabajo de la PGR deja mucho que desear desde la perspectiva científica, aunque el grupo en el poder busca por todos los medios que su “verdad histórica” se consolide para cerrar el caso de los estudiantes de Ayotzinapa.
Sin duda la desaparición de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que ha golpeado a nuestra sensibilidad social, también ha puesto a reflexionar a los científicos sociales sobre la importancia de la verdad científica, a fin de saber cómo actuar en otros casos para llegar a una objetividad más precisa de los problemas sociales del país y por tanto brindar soluciones. Es ese el sentido de las ciencias sociales, esa es la función práctica de nuestra ciencia: Transformar nuestra realidad mexicana de la corrupción, la injusticia, la impunidad, la pobreza, el abuso de poder, las desapariciones, la inseguridad, y demás problemas sociales que han prevalecido y se han profundizado en nuestro país.
¡PORQUE VIVOS SE LOS LLEVARON, VIVOS LOS QUEREMOS!
