Por: Ernesto Funesto Mondragón

8. Ardelio Vargas Fosado

   

En 2005 Vicente Fox lo nombró Jefe del Estado Mayor de la PFP. Desde ese cargo, Miguel Ángel Yunes, por órdenes del ejecutivo federal, lo comisionó para reforzar a las fuerzas de seguridad pública del Edomex, por petición expresa del ejecutivo local, Enrique Peña Nieto.

Vargas Fosado, amigo de toda la vida de Wilfrido Robledo, le cedió el mando de las fuerzas federales, para que el almirante, jefe de las fuerzas estatales, las dirigiera en conjunto.

Cuando se comenzó a denunciar la brutalidad de la represión del 4 de mayo, Ardelio Vargas declaró: “El pueblo ha sido testigo de la violencia e irracionalidad con que estas personas actuaron en el cuerpo de una persona inerte. Este grupo [refiriéndose al FPDT] ha mantenido y provocado demasiada violencia en esta región; ya no es posible que el Estado tolere esto.”

Incluso indicó que todo se había llevado “conforme a derecho” para “restablecer la paz”, y que prueba de ello era que personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos daría cuenta “de las violaciones a los derechos humanos por parte de un grupo que se mantiene al margen de la ley“, confundiendo flagrantemente el concepto de derechos humanos, quién los puede violar y las funciones de dicha comisión.

En octubre-diciembre de 2006 Vargas Fosado trasladó las tropas de la PFP hacia la ciudad de Oaxaca y sus alrededores. Durante 2 meses cometieron graves violaciones a los derechos humanos, reprimiendo con brutal y mortal saña el movimiento de la APPO. Tristemente célebre es la actuación de la PFP –con tanquetas antimotines blindadas que lanzaban chorros de agua con agentes químicos irritantes– en las inmediaciones de la CU y en el Crucero de Cinco Señores.

Con el cambio de sexenio, Felipe Calderón pronto lo reacomoda y lo nombra Comisionado de la Policía Federal y director de la Agencia Federal de Investigación (AFI), la cual estaba adscrita a la PGR, de donde recibía órdenes de Eduardo Medina Mora.

En 2009 renuncia a la administración panista para contender por la diputación de mayoría relativa  del distrito I de su estado natal. Al año siguiente, pide licencia y se suma al equipo de transición del recién impuesto gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. En 2011 es nombrado secretario de seguridad pública de aquella entidad. Desde ahí fue el principal impulsor de la llamada Ley Bala. En enero de 2013 abandona Puebla y regresa al manto protector de Peña Nieto, quien lo convierte en el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), puesto que ocupa hasta la actualidad.

Cabe recordar que la crisis migratoria agudizada en el sexenio de Calderón, durante lo que va del mandato de Peña ha llegado a límites cercanos a una crisis humanitaria. Todo esto con Ardelio Vargas al frente del INM.

Ardelio Vargas Fosado nunca ha sido investigado ni sancionado por las represiones del Mayo Rojo ni por sus crímenes contra la APPO, ni por los heridos y asesinados que produjo la Ley Bala, en Puebla.

8. Jaime Domingo López Buitrón

   

Designado titular del Cisen en 2005, estuvo al frente de este organismo durante la represión del 3  y 4 de mayo de 2006. Su labor fue investigar y profundizar el espionaje sobre los integrantes del FPDT, sobre todo en el trabajo previo para el montaje de negociación del 2 de mayo y la provocación en el mercado Belisario Domínguez el día 3.

Posteriormente, durante el sexenio de Felipe Calderón, fue nombrado subsecretario de productividad laboral de la STyPS. En 2011 lo regresan a la dirección general del Cisen, donde percibía 200 mil pesos al mes.

Actualmente se ha retirado del servicio público, ligándose a empresarios como Manuel Arroyo, presidente del Grupo Lauman.

Nunca se le ha investigado ni sancionado por su participación en el Mayo Rojo.

9. Daniel Francisco Cabeza de Vaca

   

En 2005 fue nombrado titular de la PGR. Como procurador se encargó de la ejecución de órdenes de aprehensión por delitos como “secuestro equiparado”, “delincuencia organizada” y “ataques a las vías de comunicación” en contra de Ignacio del Valle, Felipe Álvarez y Héctor Galindo. Debido a esto, fueron trasladados al penal federal de máxima seguridad del Altiplano. Igualmente se ejecutaron órdenes de aprehensión federales en contra de América del Valle, Trinidad Ramírez, Ulises del Valle, Adán Espinosa, Bernardino Cruz, Jorge Flores, Saúl Ríos, David Pájaro, Martha Pérez, Marcial Ramírez y otros integrantes del FPDT quienes tuvieron que huir al exilio y vivir en la clandestinidad, algunos durante más de 4 años.

Al finalizar el sexenio fue contratado por Felipe Calderón como Consejero Jurídico de la Presidencia. En 2009, Calderón lo propone para ser magistrado del Consejo de la Judicatura Federal, puesto que deja en 2014 en medio de acusaciones de corrupción por beneficiar y encubrir negocios ilícitos en casinos. Igualmente se le ha señalado como operador de empresas fantasmas de Manuel Bibriesca, hijo de Martha Sahagún.

Actualmente se desempeña como articulista del diario El Universal y mantiene vivas sus esperanzas para ser nombrado magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Pese a también ser responsable del encarcelamiento de las mujeres ñhäñhú Jacinta Francisco, Alberta Alcántara y Teresa González, no ha sido procesado penalmente ni por este caso, ni por los casos de corrupción ni por el Caso Atenco.

10. Abel Villicaña Estrada

    

Titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. De su oficina se giraron órdenes de aprehensión en contra de varios detenidos el 3 y 4 de mayo. Se trató de una cacería discrecional, pues a decir del abogado Juan de Dios Hernández, no es posible que personas detenidas al mismo tiempo y en el mismo lugar sean acusadas de delitos distintos, no sean acusadas o se les niegue el derecho a la libertad bajo caución.

En un acto que rebasa lo criminal y demuestra su nula sensibilidad humana, Abel Villicaña negó oficialmente la existencia de mujeres detenidas los días 3 y 4 de mayo en Atenco y Texcoco. Así lo afirmó Alicia Elena Pérez Duarte, entonces titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra las Mujeres, adscrita a la PGR. En entrevista con el diario La Jornada, declaró: “Contacté con las autoridades del estado de México y me aseguraron que no había mujeres detenidas, y ahora vemos en la prensa que sí las hubo; inclusive aparece una lista con sus nombres. Sin embargo, es poco claro lo que está sucediendo con el caso Atenco y me preocupa, porque cuando no hay claridad es difícil hacer justicia.”

Pese a tener pleno y puntual conocimiento de todas y cada una de las detenciones efectuadas desde el 3 de mayo, Villicaña obstruyó abiertamente la situación jurídica de mujeres mexicanas, pues hasta el 11 de mayo la Fiscalía Especializada se enteró por medio de la prensa: “No es la violación de tal o cual derecho, en este caso se requiere del cuerpo del delito para acreditar los hechos y no puedo iniciar una averiguación previa si no cuento con los requisitos jurídicos para ello. Como defensora de las mujeres, siempre he dicho que tenemos que denunciar una violación contra nuestras garantías para que se pueda hacer justicia. Lo que he estado haciendo es tratar de acercarme a las víctimas para, primero, ofrecerles los servicios de atención ciudadana como cuidados médicos, psicológicos y lo que se necesite. En segundo lugar, tratarlas de convencer de que denuncien”, declaró Pérez Duarte.

Pese a lo anterior, la funcionaria no hizo ningún extrañamiento ni procedió penalmente contra Villicaña. Antes bien lo disculpó y “pregonó su buena fe”.

En marzo de 2008 renunció a la PGJEM y se retiró de la vida política. Murió tranquilamente en diciembre de 2011, rodeado de sus familiares, a causa de un paro cardíaco.

Nunca se le sancionó penalmente por sus crímenes cometidos contra el pueblo de Atenco en mayo de 2006.

11. Miguel Ángel Yunes Linares

    

Diputado plurinominal en 2003, pidió licencia a su cargo en 2005 para ser nombrado por Vicente Fox subsecretario de prevención y participación ciudadana de la SSP federal. En enero de 2006 pasa a ser secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad.

Desde este puesto clave fue el enlace directo entre los gobiernos de Enrique Peña y Vicente Fox. Probablemente el nexo surgió debido a la cercanía política de Yunes con Elba Esther Gordillo, íntima amiga de ambos gobernantes.

Una vez que se destapó la cloaca de violaciones a los derechos humanos cometidas el 3 y 4 de mayo, Yunes se dedicó a matizar lo sucedido utilizando eufemismos o a negarlo tajantemente. El 11 de mayo declaró: “Lo que no es creíble, y lo que no podemos sostener, es que se hayan dado violaciones tumultuarias en el momento de la detención, cuando muchos de los compañeros de ustedes (de la prensa) estuvieron presentes antes de que la policía llegara, o que se hayan dado violaciones en el traslado, cuando eran literalmente cientos de personas las que estaban siendo trasladadas, o muchos menos en los centros penitenciarios.”

 Aseguró que las violaciones sexuales que sufrieron las mujeres se trataban de “abusos deshonestos” de policías individuales. En todo momento defendió la “honorabilidad” de la PFP como institución.

Al finalizar el sexenio foxista inmediatamente fue premiado con la dirección del ISSSTE, la cual abandonó en 2010 para competir por la gubernatura de Veracruz, misma que perdió ante Javier Duarte. En 2015 retornó a San Lázaro como diputado plurinominal del PAN y dejó el puesto al año siguiente para volver a intentar ser gobernador de su estado natal, hecho que esta vez sí logró.

Pese a ser señalado como pederasta por Lydia Cacho, de ser acusado por Manuel Espino de enriquecimiento ilícito y nexos con el crimen organizado, nunca se le ha abierto proceso penal ni por estas causas ni por la represión del Mayo Rojo.

12. Raúl Alberto Castrejón Núñez

    

En 2006 era subprocurador de justicia en la región de Texcoco. El 2 de mayo, en las instalaciones de la subprocuraduría se instaló una mesa de diálogo donde él, junto con un emisario del gobierno mexiquense atendieron la queja del grupo de floristas y del FPDT relativo a la venta de flores en las inmediaciones del mercado “Belisario Domínguez” para el día 3 de mayo. La reunión se llevó de manera cordial y se llegó al acuerdo de que se permitiría la libre instalación y venta por parte de los floristas.

Al día siguiente un inusitado operativo policial con cerca de 500 elementos pertrechados con equipo antimotín impidió la instalación de los vendedores y comenzó a reprimir y detener a los integrantes del FPDT obligándolos a refugiarse en la bodega de los floristas.

En 2011 dejó la subprocuraduría y fue nombrado titular del juzgado segundo penal de primera instancia, perteneciente al distrito judicial de Ecatepec, donde en mayo de 2016 fue acusado de ser un “juez misógino”, pues en el caso de Claudia Zamora quien denunció haber sido violada por Claudio Baruch Alarcón, Castrejón le preguntó a la víctima: “¿Qué le hizo para que la tratara así?”

Para octubre de 2016 ya se desempeñaba como titular del juzgado penal de primera instancia del distrito judicial de Nezahualcóyotl, percibiendo un sueldo bruto mensual de 50 mil pesos.

Nunca se le ha investigado ni fincado responsabilidad penal alguna por la represión del 3 y 4 de mayo de 2006.

13. Eugenio Alonso Chombo

    

En 2006 se desempeñaba como director regional de gobierno en Texcoco, es decir, era el emisario directo de la secretaría general de gobierno del Edomex. En esta calidad acudió el día 2 de mayo a una mesa de diálogo en la subprocuraduría de Texcoco, donde junto con el subprocurador Castrejón Núñez acordaron que permitirían la instalación y libre venta de los floristas para el 3 de mayo.

Su papel en este crimen fue haber sido la fachada de una farsa de diálogo, y de montar la emboscada, la provocación en la que cayó el FPDT.

En febrero de 2013 fue premiado por la administración federal peñista, nombrándolo delegado federal de la Segob en Querétaro, puesto que sigue desempeñando hasta la fecha.

No ha sido investigado ni sancionado penalmente por su papel en la represión del Mayo Rojo.

14. Alejandro Santiago López

    

Una represión, un trabajo de contrainsurgencia nunca se da sin la colaboración de gente local, de  traidores. Eso es lo que es Alejandro Santiago López, alias El Oaxaco. Inmigrante oaxaqueño, llegó a la comunidad de San Salvador Atenco a principios de la década de los 80. Vecinos suyos afirman que “llegó con una mano adelante y otra atrás” y que diariamente acudía a sus casas, tocaba la puerta y pedía que le regalaran un taco, si es que les había sobrado.

Por situar su domicilio prácticamente enfrente del de la familia Del Valle Ramírez, al poco tiempo se hizo íntimo de Ignacio del Valle, incluso participó en su organización llamada Habitantes Unidos de San Salvador Atenco (Haussa). Pero todo cambió el 22 de octubre de 2001. Santiago López se desempeñaba en el Consejo de Participación Ciudadana, Copaci, que junto con los delegados, son autoridades auxiliares tradicionales del pueblo.

Desde ese puesto, Alejandro Santiago se dedicó a defender el proyecto aeroportuario impulsado por Vicente Fox y Arturo Montiel. Por eso, cuando el 23 de diciembre de 2001 se anuncia públicamente la conformación del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, un sector de la población atenquense decide desconocer a la Delegación y al Copaci por considerarlos traidores. Santiago López busca ayuda en su vecino Del Valle, quien se mantiene al margen, pues le recuerda que la lucha suya “es por la tierra, no por el poder”.

Desde aquella tarde El Oaxaco se dedicó fuertemente a ser el más fiel operador del PRI en Atenco. A tal punto llegó su servilismo que durante la toma militar del pueblo el 4 de mayo se unió a las fuerzas invasoras. Varios testigos presenciales identificaron a Alejandro López Santiago acompañando al cuerpo de élite de la PFP y de la ASE. Iba vestido con uniforme de policía y encapuchado, pero aun así reconocieron su figura y su voz. Su papel fue señalar las casas de los principales integrantes del FPDT, para allanarlas sin orden judicial, e identificar a estos para su detención inmediata. Asimismo, sus familiares y correligionarios le avisaban en qué casas se habían escondido activistas para que la policía efectuara cateos ilegales.

En 2013, su compadre Andrés Ruíz Mendez fue impuesto como comisariado ejidal. A partir de ese momento comenzó a dirigir un grupo de choque que le fue arrebatando paulatinamente al FPDT los espacios públicos y las trincheras políticas ganadas durante 13 años de lucha. Recientemente fue impuesto como nuevo comisariado ejidal de Atenco y asegura que al acabar el trienio de Andrés Ruíz, él será el nuevo presidente municipal.

La ambición de este sujeto no tiene límites. El 3 de mayo de 2006 fue asesinado por un policía estatal Francisco Javier Cortés Santiago. El menor de 14 años era sobrino de Alejandro Santiago López. Pese a que los exámenes periciales diagnosticaron la causa de muerte del niño fue producto de una bala calibre .38 súper, la misma que utilizaban los policías de la extinta ASE, El Oaxaco y Felipe Cortés, padre de Javier, culparon y siguen responsabilizando a Ignacio del Valle por la muerte del niño. Ambos parientes han trabajado en pos de la construcción del NAICM y han encabezado el grupo de choque que ha agredido en numerosas ocasiones al FPDT.

Nunca ha sido investigado ni sancionado penalmente por su participación en la toma militar de Atenco el 4 de mayo de 2006.

La Impunidad como costumbre

La finalidad de este extenso artículo fue la de demostrar que todos los autores intelectuales y materiales del crimen de estado conocido como Mayo Rojo viven tranquilamente en la impunidad. No se les ha investigado. No se les ha sancionado. Al contrario, a todos se les ha premiado.

Declaró Juan de Dios Hernández, a manera de profecía, en mayo de 2006: “Si nosotros hoy no aprendemos, no podemos parar la fascistización del Estado, mañana tendremos que lamentar que estén en las calles de todas las ciudades de este país la Policía Federal Preventiva anticonstitucional, el Ejército, que nuestras hijas, que nuestras madres sean violadas por la soldadezca como ocurrió ahora en Atenco.”

Se dijo durante mucho tiempo que si Peña Nieto llegaba a la  presidencia de la república, haría del país un Atenco entero. Tlatlaya, Ayotzinapa, Acapulco, Tlapa, Apatzingán, Nochixtlán, Ixmiquilpan, Arantepacua, Palmirito, así lo demuestran.

Pero como mencionamos al principio: Peña no actúo solo. Peña no es el único asesino y violador. La partidocracia toda, el estado mexicano en su conjunto fue asesino y violador. Fue asesino el PRI, el PAN y también el PRD que hoy viste de MORENA. En Ayotzinapa, en Nochixtlán, en los crímenes de estado de este sexenio, todos los partidos políticos han estado involucrados; todos tienen las manos manchadas de sangre.

Los responsables intelectuales y materiales del Mayo Rojo siguen impunes, como en su momento los responsables de la matanza del 2 de octubre y del Halconazo salieron indemnes. Es responsabilidad histórica de esta generación que los responsables de los crímenes de estado del siglo XXI –Atenco incluido– sean sancionados. Esta vez los criminales deben pagar.

Dada las actuales circunstancias por las que atraviesa el país, no podemos darnos el lujo de perdonar ni, mucho menos, de olvidar.