La UNAM, la “Universidad de la nación” vuelve a estar en el ojo del huracán. Una serie de movilizaciones iniciadas en el Colegio de Ciencias y Humanidades plantel Azcapotzalco, cuyo origen es el autoritarismo, la indolencia y prepotencia de las autoridades universitarias, desembocó en un naciente movimiento que abarca toda la Universidad (y que proyecta extenderse a otras instituciones de educación superior), al cual muchas y muchos opinólogos, profesionales y de ocasión, tildan de “atípico”, de “inesperado” y de representar “oscuros intereses” que pretenden “agitar y desestabilizar a la Universidad y la nación”.
Queda claro que el problema no son los porros en sí. El ataque a la manifestación del 3 de septiembre en la Explanada de Rectoría es sólo la punta del iceberg de una enorme problemática que abarca a toda la UNAM y que no se puede resumir, y menos aún, resolver, con pueriles consignas prefabricadas de “no más violencia” o “queremos a la UNAM en paz”.
¿Quién inició el conflicto en el CCH Azcapotzalco?
Cualquier busca rápida en internet arroja resultados en los cuáles uno puede enterarse que el actual conflicto universitario no surgió el pasado lunes 3 de septiembre, ni el 27 de agosto, cuando los estudiantes tomaron la dirección del plantel, para al día siguiente declarar un paro indefinido ante la cerrazón de las autoridades. La fecha de nacimiento de este conflicto es incierta, pero puede situarse en algún punto en las vacaciones de verano.
En dichos días ocurren dos de los detonantes: el caos académico generado por la asignación deficiente, o nula, de profesores para cubrir los grupos en este nuevo semestre que inició el pasado 6 de agosto (es decir, al día de hoy, 12 de septiembre, prácticamente llevan más de un mes con las actividades académicas paralizadas); lo que generó que existieran estudiantes inscritos en un grupo pero que no tuvieran profesor, o que la capacidad de dicho grupo había sido excedida (se habla de más de 50 alumnos inscritos por grupo), así como que los salones asignados eran insuficientes; la otra causa fue supresión arbitraria de varios murales que datan de diversas fechas y son herencia de la lucha de anteriores estudiantes y, por lo tanto, forman parte del patrimonio histórico y cultural de la Universidad.
Estas causas (por no hablar del acoso sexual que sufren las compañeras adolescentes, las extorsiones, la corrupción, la opacidad en el manejo del presupuesto, y por supuesto, la violencia porril) indican que la ahora ex directora del plantel, María Guadalupe Patricia Márquez Cárdenas (a quien se señala de haber pertenecido en su juventud al grupo porril “8 de octubre”), junto con el resto de autoridades locales, o bien fueron omisos y negligentes al momento de organizar la asignación de profesores, grupos y salones (lo que presupone que dicho trabajo se debió haber realizado a finales del semestre pasado, es decir a mediados de junio), o de plano (lo que es más probable) fueron arbitrarios y alevosos, pues utilizaron con dolo la pausa vacacional para borrar los mencionados murales, aprovechando la ausencia del estudiantado.
Curiosamente, hoy Rectoría afirma que los 7 puntos del pliego petitorio (mismo que el pasado lunes 3, se negaron a recibir), son totalmente “aceptables y atendibles”. Si lo son ¿por qué desde el mismo 3 de septiembre, o desde el 27 de agosto no se resolvieron las demandas estudiantiles, cuando sólo eran 5 puntos? Yendo más atrás ¿por qué no evitaron afectar y agredir al estudiantado, asignando correctamente los grupos y dejando los murales como estaban? ¿Quién creó el problema? ¿Los estudiantes o las autoridades? La respuesta es clarísima.
¿Quién es el responsable del ataque del 3 de septiembre?
Debido a la nula voluntad política mostrada por Márquez Cárdenas y a la escalada represiva (pues desde el mismo 28 de agosto hubo ataques porriles, que fueron puntualmente documentados y denunciados, cuya finalidad, se avizoró, fue la de desarticular la naciente organización estudiantil, reventar el paro y recuperar las instalaciones para entregárselas a las autoridades) los estudiantes organizados decidieron llevar a cabo una manifestación en las instalaciones de Ciudad Universitaria para entregar su pliego petitorio en Rectoría y solicitar, una vez más, diálogo público.
Sin embargo, los adolescentes se toparon con la cerrazón, una vez más, de las autoridades al encontrar la Torre de Rectoría cerrada y sin que nadie recibiera su documento. No sólo eso, la única respuesta que recibieron fue una artera y planificada agresión, cuyo saldo fue de al menos 14 estudiantes con lesiones y 4 más que ameritaron hospitalización.
Las declaraciones y entrevistas que ha venido dando Enrique Graue, enrarecen más el ambiente en vez de distenderlo. En una entrevista publicada en la edición 2184 del semanario Proceso, Graue afirma que, las autoridades universitarias “no tuvimos la información suficiente y en forma oportuna y, en consecuencia, no pudimos prevenirlo”, respecto al ataque del día 3 de septiembre. Agrega: “quiero pedir una disculpa pública por la imposibilidad que tuvimos de poder contener una agresión externa como la del pasado lunes.” Afirma que los jóvenes del CCH Azcapotzalco se encontraban en una “manifestación pacífica” y que las causas del ataque “por supuesto que no pueden ser intereses universitarios. Ignoramos si vienen de dentro o de fuera, pero en todo caso el comportamiento de estos sujetos es contrario a todo el espíritu universitario.”
Las respuestas del rector son contradictorias y mentirosas, por decir lo menos. Primeramente los estudiantes de diversos CCH, prepas y otras escuelas y facultades, acudieron a la Torre de Rectoría a entregar un pliego petitorio (mismo que Graue calificó, posterior a la golpiza, como “aceptable y atendible”), debido a que las autoridades de sus respectivos planteles han sido omisas y complacientes con las problemáticas que aquejan al estudiantado –empezando por la violencia y el porrismo– y porque dichas autoridades han hecho oídos sordos a los emplazamientos al diálogo por parte de los estudiantes. Esta actitud la reprodujo la autoridad en Rectoría al cerrarles, metafórica y literalmente, las puertas aquella tarde.
Es decir, cuando los estudiantes van y exigen diálogo y solución a sus demandas, por respuesta obtienen puertas cerradas y un premeditado ataque porril. Si uno quisiera justificar los dichos y actos del rector, pronto se muestra su incongruencia y contradicciones, pues afirma que la autoridad universitaria no poseía suficiente información sobre los grupos porriles, a los que califica de “grupos externos” con “intereses externos” a la UNAM.
La realidad desmiente e incrimina al rector Graue.
Las autoridades y los porros
Las autoridades universitarias no sólo se dedican a espiar sistemáticamente a sus estudiantes: ellas mismas conocen de la existencia, están coludidas y son los patrones de los grupos porriles. Existe desde hace años navegando por internet una foto en donde José Narro Robles, siendo rector de la UNAM, posa junto a un joven que porta un jersey con el número 31 y las palabras “CCH” y “Azcapo”, mismo diseño que utilizaron varios de los agresores durante el ataque del pasado 3 (y en otros ataques, como el del martes 28 de agosto). Ahora bien, se puede argumentar que Narro no se anda fijando con quien se toma fotos y que la misma no es incriminatoria (así como en su momento, Andrés Manuel López Obrador dijo que él se tomó una foto con José Luis Abarca, pero que eso no significaba nada; que él ni lo conocía), y eso podría ser creíble aunque dejara muy mal paradas a las autoridades: ¿acaso no se fijan con quienes conviven? ¿Acaso cualquier persona se puede acercar, así como así, al rector de la UNAM?
Empero, cuando hace 3 años en septiembre de 2015, los porros del autodenominado “Grupo Cultural y Deportivo 3 de marzo”, destruyeron la cabina de Regeneración Radio y apuñalaron a un joven en el torso, los integrantes de dicho colectivo se refugiaron y atrincheraron en la dirección del CCH Vallejo, donde tuvieron lugar los hechos. Aquella vez, acudimos a cubrir la información, pues a través de internet corrían amenazas por parte del mencionado grupo porril de retomar el plantel en el transcurso de la madrugada. En esa ocasión, pudimos constatar algo que siempre se ha sospechado pero que casi nadie ha podido ver con sus propios ojos.
En la dirección del plantel existen estantes llenos de carpetas, las cuales están repletas de fichas casi policíacas sobre decenas, quizá centenas de estudiantes. En ellas se incluyen sus nombres, direcciones, apodos, números de cuenta, promedios, datos sobre su personalidad, y las actividades por las que se les investiga: ingerir estupefacientes al interior del plantel, venta o distribución de droga (en ambos casos se especifica las sustancias), riñas o peleas, y si pertenecen a algún grupo o banda, las veces que han sido presentados ante la oficina jurídica y si ha habido sanción.
Todo ello complementado con tomas de captura de las páginas de Facebook de los estudiantes. En dichas capturas se observan fotos subidas por los propios jóvenes, en donde se les ve drogándose o tomando, y donde ellos mismo mencionan y presumen sus actividades al interior del plantel. En el caso de los activistas, tienen una sección aparte, al igual que los grupos porriles.
Es decir, la existencia de los grupos porriles no sólo es vox populi al interior de los planteles universitarios. Las autoridades saben perfectamente quiénes y cuántos son y su modus operandi. No sólo eso. El gobierno capitalino también lo sabe. En un reportaje de 2004, titulado “La UNAM bajo acoso”, publicado en el suplemento Masiosare del diario La Jornada, Jesús Ramírez Cuevas (el próximo supervocero de AMLO), informó que “una comisión de estudiantes y profesores del CCH Vallejo entregó un documento a Andrés Manuel López Obrador el pasado 4 de marzo [de 2004] donde denuncian la protección que reciben los porros y demandan al jefe de Gobierno acabar con sus acciones delictivas.” Y por la persistencia del problema se nota que el gobierno encabezado por López Obrador poco hizo por combatir el porrismo.
Incluso un porro miembro del 3 de marzo, quien le concedió una entrevista a Ramírez Cuevas, le afirma que los actos delictivos de los grupos porriles son “del conocimiento de las autoridades universitarias y del gobierno capitalino. Carlos cuenta que la UNAM tienen fichas de todos y las fotos de robos y madrizas se las mostraron cuando lo iban a expulsar”.
A pesar de los esfuerzos de las autoridades universitarias y el gobierno capitalino por aparentar que están “combatiendo” a los grupos porriles que ellos mismos dirigen y encubren, hasta la fecha, sólo un sujeto, Marco Antonio Camargo, El Mamitis, ha sido acusado del delito de motín. Curiosamente, cuando en las manifestaciones la policía detiene personas señaladas de arrojar piedras y/o bombas molotov, se les acusa inmediatamente de ataques a la paz pública, lesiones, intento de homicidio, robo, despojo, ultrajes a la autoridad (cuando todavía no era declarado inconstitucional), a lo que añaden el consabido agravante de “en pandilla”.
Es sintomático que a los porros les hayan dejado llegar desde el metro Toreo hasta CU, les hayan dejado ingresar sus autobuses al estacionamiento de CU (exclusivo para comunidad UNAM con credencial vigente), hayan agredido a todo el que quisieron y se retiraron sin más, y durante todo ese tiempo ni un policía se les acercó. La policía capitalina pone de excusa la autonomía universitaria como motivo de su no intervención, pero cuando en 2014, en el marco de las “Acciones globales en solidaridad con Ayotzinapa”, en 3 ocasiones el cuerpo de granaderos incursionó en territorio universitario (enfrente de la Facultad de Filosofía y Letras, en el llamado Jardín del Edén, y enfrente de la Escuela Nacional de Trabajo Social) para golpear estudiantes. Es decir, cuando se trata de estudiantes o de anarquistas, la autoridad tiene un rasero y aplica la ley de una forma, y cuando se trata de los porros, actúa de otra forma muy distinta. Discrecionalidad de la ley.
Cuando las autoridades y políticos, ya sea José Narro, Enrique Graue, Andrés Manuel López Obrador o José Ramón Amieva, niegan que tengan información sobre los grupos porriles mienten flagrantemente.
¿Qué sigue? ¿Cómo se combate el porrismo?
Ante el reciente ataque, para sorpresa de propios y extraños, la comunidad estudiantil respondió al unísono: “¡Fuera porros de la UNAM!”, fue la consigna que esta semana ha retumbado por todos los rincones de CU y de todos los campus universitarios. La marcha del pasado miércoles 5 fue un parteaguas. Entre febrero y abril de 1999, al iniciarse el movimiento estudiantil contra la modificación del Reglamento General de Pagos, se convocaron una serie de marchas cuyo destino fue la Torre de Rectoría. Desde aquellas fechas, no recuerdo una manifestación estudiantil, cuyo grueso esté conformado por la misma comunidad de la UNAM, que haya abarrotado las Islas, la explanada frente a la Biblioteca Central, el espejo de agua, las escaleras y la misma explanada “Javier Barros Sierra”.
No obstante todo lo positivo que se le pueda encontrar a la oleada de solidaridad (espontánea, festiva, pacífica), no todo es miel sobre hojuelas. El problema sigue ahí. Peor aún, se ha recrudecido. ¿Por qué? Porque ha comenzado la ofensiva mediática en contra de la organización estudiantil y una cargada a favor de la figura de Enrique Graue Wiechers, describiéndolo como víctima de un “complot” de “gente ajena a la universidad” cuyo “oscuro fin” es “agitar y desestabilizar su administración, a la Universidad y al país.”
En su columna Astillero del jueves 6 de septiembre, Julio Hernández López hace gala de la propaganda más rancia y tergiversadora, digna de los tiempos priístas más autoritarios. En la misma afirma que los porros son “extraños grupos” quienes “embozados y con capuchas atacaron” a los estudiantes que aquel día se manifestaban. Posteriormente da una descripción de las actividades porriles y su cercanía con las autoridades, contradiciendo su afirmación anterior de que son unos “extraños grupos”, puesto que son harto conocidos por su vestimenta, sus motivaciones y su modus operandi: sabedores de la impunidad que gozan, y la cual presumen, sus ataques los realizan a plena luz del día y sin taparse la cara. Debido a ello fue que se ha podido identificar a los sujetos que encabezaron el ataque, lanzaron bombas, petardos y apuñalaron estudiantes.
La peor de sus insinuaciones es que equipara a los jóvenes estudiantes que se encapuchan con los grupos porriles: “a pesar de la prevista participación de grupos de embozados, a los que de manera impropia suele identificarse como ‘anarquistas’, los cuales fueron frenados por los propios estudiantes cuando pretendían realizar pintas o actos vandálicos. Cierto es que esos grupos de oscuro interés político realizaron pintas de leyendas en autobuses del servicio público y, en su retirada, después del acto formal de protesta, detonaron cohetones, cerraron vialidades y lanzaron piedras y objetos contundentes, sobre todo contra periodistas que videogrababan los sucesos.”
Este tipo de afirmaciones se puede detectar por todo el universo de la prensa de paga, sea de “izquierda” o de “derecha”. Peor aún. El viernes 7 de septiembre, Marcos Muédano, tecleador a sueldo de Excélsior, publicó la siguiente diarrea textual: “Veteranos de la huelga de 1999-2000 regresaron a la UNAM, pero ya no como activistas, sino al frente de grupo de porros que protagonizaron la golpiza contra manifestantes en Rectoría.” Uno de los tantos nombres que intenta vincular con esta calumnia es el del compañero, Nahúm Pérez Monroy, colaborador de PolíticasMedia y cuya lucha por la democratización de los espacios universitarios es ampliamente conocida.
Lo mismo el Senado o la Cámara de Diputados, que la ANUIES o algunos académicos universitarios, varias voces han manifestado su apoyo irrestricto a Enrique Graue y fijado su postura contra una supuesta desestabilización por intereses externos de la vida universitaria.
Dado el vínculo existente entre el porrismo y las autoridades, semejante sarta de declaraciones ni son ingenuas, ni pueden pasarse por alto. Una parte de la comunidad estudiantil, la más despolitizada, se está encaminando ciegamente hacia una postura acrítica de condenar todo tipo de violencia, sin entender que lo que está sucediendo es un problema eminentemente político.
Dicha postura pasa por alto, olvida o pretende desconocer la naturaleza política de los porros. Por ejemplo, Héctor Mayagoitia (del IPN), Raúl Padilla López (UdeG) o María Guadalupe Patricia Márquez Cárdenas (CCH Azcapotzalco), porros en su juventud, llegaron a directores o rectores de sus respectivas instituciones. Y otros más como Édgar Carranza, El Escorpión, y otros líderes del grupo 3 de marzo, están enquistados en la nómina de la delegación Gustavo A. Madero, y son golpeadores a sueldo de Víctor Hugo Lobo y Nora Arias, la autodenominada “pareja imperial”, quienes han gobernado la GAM durante 9 años ininterrumpidos.
Es decir, si hay pruebas suficientes para saber que el porrismo fue creado y es utilizado por las autoridades, universitarias y capitalinas, es ingenuo creer que sin una lucha política se podrá acabar con este problema. Si se quiere acabar con los grupos porriles necesariamente se tiene que democratizar la vida universitaria. Las anacrónicas formas de gobierno verticales, patrimonialistas y autoritarias es lo que ha permitido la existencia de estos grupos de choque. Los porros existen para desarticular la organización estudiantil democrática.
Para acabar con el porrismo las comunidades universitarias deben tomar el control de sus centros universitarios: estudiantes, profesores y trabajadores deben tomar las riendas de la vida universitaria y decidir entre ellos el rumbo que quieren para sus escuelas y facultades (y donde la violencia porril no tiene cabida). Sin embargo, en dicho nuevo esquema de autogobierno universitario, los estudiantes deben tener una voz y un voto significativo, pues ellos son el alma, la razón de ser de las universidades: si no existe un sujeto con ansias de aprender, de nada sirve que exista otro individuo con ganas de enseñar.
Las diversas instituciones de educación superior se rigen por anacrónicas leyes orgánicas (la de la UNAM tiene 73 años de antigüedad). Pese a la “autonomía” que gozan muchas universidades estatales y la Nacional, en realidad ellas no pueden decidir su forma de gobierno. Dicha tarea recae en los congresos locales y federal. Por lo mismo, los congresos universitarios (como el de la UNAM de 1990, o el anhelado congreso politécnico anunciado en 2014 y que nunca llegó) son letra muerta: no tienen capacidad de acción. Pese a que reformar las universidades es una tarea compleja, su consecución es impostergable.
Que renuncie Enrique Graue no soluciona el problema. Que expulsen a 18 o a todos los porros identificados tampoco. Ni siquiera habría solución en el improbable caso de que se desaparezcan y proscriban todos los grupos porriles que se tienen ubicados. Se acabará con el porrismo cuando no exista una autoridad que los financie, que los encubra, los proteja y se beneficie de su existencia. Se acabará con el porrismo cuando la comunidad universitaria se plante firmemente y les combata sin miedo y con determinación.
Por el espíritu de nuestra raza asesinada en Tlatelolco hace 50 años, hoy más que nunca:
¡Fuera porros de todas las universidades!
¡Democracia universitaria ya!
