Por: Pablo Gómez.

El pasado 24 de abril, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó una ley de amnistía para los detenidos en las protestas entre diciembre del 2012 y diciembre del 2015. La cual se promulgó este 9 de junio, entrando en vigor el mismo día.

Es digno de celebrarse cuando varios presos políticos salen de la cárcel, pues representa una victoria muy importante. Lo que no me parece en absoluto es el uso de la libertad de luchadores sociales como botín político, por parte de aquellos que fueron los mismos secuestradores.

A mí me gustaría señalar que, como mencionó al respecto el jefe de gobierno, José Ramón Amieva: “hay hechos que no se pueden olvidar y hay heridas que tardan mucho tiempo en sanar”. No olvidaremos jamás la represión, los presos, los heridos y los muertos. Basta mencionar el caso de Francisco Kuykendall, asesinado impunemente por la policía de la Ciudad de México el 1 de diciembre del 2012, en las protestas contra Peña Nieto. Esto por no hablar de las decenas de heridos que hubo en las protestas, por la fuerte represión durante este período.

Algo de lo que no se ha hablado (y seguro no se hará) es sobre quién se hará responsable por estos hechos. Ni los policías que mataron y torturaron, ni los comandantes, ni el secretario de seguridad pública y mucho menos Mancera, a ninguno se les ha tocado “un sólo pelo”. Al aceptar su actuar represivo debería haber consecuencias en contra de ellos… pero no las hay.

Esta ley habla además de “resarcir el daño” y de “reparaciones”. Por más becas que den y “oportunidades” que les den, nada les devolverá esos años de su vida en prisión. Ni les podrán quitar los golpes, torturas y humillaciones que recibieron, porque se necesita más que eso para una reparación integral del daño.

“Artículo 9. Como parte extensiva de los beneficios de la presente Ley, se planteará la creación de un programa de becas y apoyos a la reinserción social, a los estudios o a trabajos, para los ex detenidos y procesados, y en el caso de aquellos que hayan fallecido para sus familiares”.

Al reconocer este error, el gobierno de la ciudad nos dice mucho sobre las demás detenciones que se dan en contra de activistas y manifestantes. Este hecho nos muestra que, en el país existe una clara criminalización de la lucha social y de la juventud. A cualquiera que incomode “a los de arriba” se le pueden fabricar cargos y las consecuencias ya las conocemos.

La ley de amnistía deja muchos huecos. Señala que no será aplicable en el caso que el detenido haya incurrido en algún daño a la propiedad pública o privada. Esto es especialmente grave pues varios activistas han sido falsamente acusados por dicho motivo. Un caso emblemático sería el de Jaqueline Santana y Bryan Reyes, quienes tras un frustrado intento de desaparición forzada, se les acusó de haber asaltado a policías federales con un cuchillo, robándoles 500 pesos.

“Artículo 8. No serán sujetas de la extinción de la pretensión punitiva y la potestad de ejecutar penas y medidas de seguridad prevista en el artículo 1 de la presente ley, aquellas personas que se les impute la comisión de delitos patrimoniales relacionados con daños en bienes del dominio público y/o propiedad privada”.

Otra pregunta que me queda tras esta amnistía es: ¿cómo se va a garantizar que no se repitan estos hechos? Tampoco se ha hablado nada al respecto. Mientras, por un lado piden perdón, por el otro continúan con la represión. La criminalización de la protesta social sigue y no ha bajado en lo absoluto. Tan solo un par de días antes de la promulgación de esta amnistía y la policía de la ciudad trató de reprimir a los maestros de la CNTE, en varios enfrentamientos, dejando una docena de heridos.

¿Quién se beneficia con esta amnistía? Además de los presos, es obvio que al promulgarse esta ley durante este contexto electoral implica fuertes tintes políticos. Uno de los primeros beneficiados sería Miguel Ángel Mancera y su gobierno, con una lavada de rostro a un gobierno que no se merece.

Otro objetivo de esta ley podría ser, evitar una mayor organización de presos; existen grandes probabilidades de que, tras este proceso electoral, surjan más protestas. La actuación del gobierno, durante anteriores manifestaciones, nos demuestra que habrá más detenidos. Si los hay y se juntan con los procesados en el pasado contexto electoral causarían problemas para las autoridades de la ciudad y de las penitenciarias.

Me alegra profundamente saber que, Fernando Bárcenas, detenido en el 2013 y acusado de quemar un árbol de navidad de coca cola, por fin salió de prisión ayer. Sin embargo, Luis Fernando Sotelo, demandado por incendiar una estación del metrobús y Jesse Alejandro Montaño inculpado por varios delitos, siguen presos. Habría que estar al pendiente de su liberación en los próximos días. Sobre todo, en el caso de Sotelo, pues se le acusa de quemar una estación del Metrobús en el 2014.

Hay que recordar también, que siguen existiendo cientos de presos políticos en cárceles de todo el país, la mayoría fuera de la ciudad, que no serán cubiertos por esta amnistía. No hay que dejar de exigir la liberación de todas y todos. Además de exigir la derogación de los artículos del código penal, que permiten que existan estas detenciones políticas, tales como los delitos de “ultrajes a la autoridad”, “rebelión” y “ataques a la paz pública”. Su único propósito es el de encarcelar a cualquiera que se atreva a cuestionar a la autoridad.