El Congreso Universitario de 1990: lecciones que el movimiento IPN debe tomar en cuenta

 Nahúm Monroy

Un terremoto sigue sacudiendo al Instituto Politécnico Nacional (IPN). Tal y como era de esperarse, el regreso a clases no ha significado el fin del movimiento estudiantil que durante 78 días mantuvo una vigorosa huelga por la defensa del carácter nacional y público de la institución. En el momento en el que se escriben estas líneas, cientos de estudiantes de diversas vocacionales han tomado la Dirección General en demanda de la solución de sus pliegos petitorios internos y de la destitución de directores que habían amenazado con tomar represalias contra los estudiantes una vez terminado el paro.

Fotografía: Octavio Gómez de Proceso.
Fotografía: Octavio Gómez de Proceso.

Lo que estamos presenciando es inédito. Durante décadas una corrupta casta de funcionarios que derrochaba impunemente el presupuesto y que mantenía un control violento sobre las escuelas haciendo gala de su prepotencia, pudo preservar el poder de la institución gracias al cobijo que durante tanto tiempo le otorgó el aparato estatal. La burocracia del IPN como fiel copia de la burocracia gubernamental de los mejores tiempos del PRI, se envolvía en los símbolos del nacionalismo revolucionario mientras mantenía  grupos de porros y golpeadores en las escuelas para inhibir la organización democrática de los estudiantes.

Ahora que empiezan a dibujarse con mayor nitidez las consecuencias de la huelga, es evidente que la burocracia no puede mantener el control sobre los estudiantes tal y como lo hacía en el pasado. Los politécnicos ya no son los mismos después de haberse apoderado de las aulas y haber sostenido un movimiento heroico durante más de dos meses. Una nueva cultura de lucha estudiantil ha nacido en el Instituto.

El movimiento estudiantil demanda ahora la democratización completa del IPN: que todos los burócratas que han exprimido y lucrado con los recursos del instituto sean expulsados de manera definitiva, ¡pero no para que lleguen unos nuevos!, sino para que sean los estudiantes y los profesores los que tomen en sus manos las riendas de la institución y en adelante los elijan democráticamente. La única carta que tienen las autoridades por el momento en su favor es el tiempo: esperar a que el movimiento se desgaste, pierda fuerza y a que las generaciones cambien para que se pueda reinstaurar el control. Para ello el director general Enrique Fernández Fassnach, cuentan con la promesa del Congreso politécnico.

La demanda de Congreso politécnico fue ganada por el movimiento para transformar completamente al instituto. En un  inicio las autoridades del IPN y el gobierno federal dudaron sobre la pertinencia de llevarlo a cabo, pero conforme han pasado las semanas y los días, se han dado cuenta que es el pretexto idóneo para dar largas a las demandas más urgentes de los estudiantes diciendo que “no podemos trastocar el marco normativo” y que por lo tanto los estudiantes “deben ser pacientes”. ¡Pero esta historia no es nueva!

En la historia del movimiento estudiantil mexicano existe un episodio histórico en el que las autoridades de la UNAM y el gobierno federal operaron del mismo modo para hacer fracasar la lucha universitaria. En el fondo la estrategia fue exactamente la misma: hacer creer a los estudiantes que todas sus peticiones se resolverían en un Congreso y convencerlos de que se dejaran de movilizar. La experiencia de la que hablamos es la del Congreso Universitario de 1990 y sus enseñanzas son completamente pertinentes ahora, puesto que muchos de los principales asesores de las autoridades politécnicas hoy, tal como el subsecretario de la SEP Fernando Serrano Migallón (antes abogado general de la UNAM) de Salvador Malo (ex secretario general de la UNAM) y de otros, en años anteriores se distinguieron por ser los más enérgicos promotores de reformas privatizadora de la UNAM y por reprimir la movilización de los estudiantes. No es coincidencia que estos viejos traficantes de la política ahora estén al frente del diálogo con el movimiento politécnico.

Fotografía de Cuartoscuro.
Fotografía de Cuartoscuro.

¿Cómo fue ganado el Congreso Universitario de 1990?

Al igual que en el movimiento del IPN, el Congreso Universitario de 1990 fue ganado gracias a una huelga masiva en la UNAM en el año de 1987: la huelga del Consejo Estudiantil Universitario (CEU). El análisis mismo de este movimiento requeriría mucho más espacio del que aquí nos proponemos abarcar. Debemos conformarnos con señalar que éste fue el primer movimiento de masas que después de Tlatelolco, logró tomar las calles y frenar el plan de privatización de la Universidad encabezado por el entonces rector Jorge Carpizo.

Con la demanda de Congreso Universitario, los estudiantes esperaban poner fin a la estructura antidemocrática de gobierno que está vigente en la Universidad desde 1944. Esperaban una democratización de raíz que pusiera fin a los privilegios de los burócratas y las élites siempre al servicio de la burguesía y del aparato estatal; pero sobre todo esperaban establecer un nuevo modelo de Universidad en donde las decisiones fundamentales, los planes y programas de estudio; la definición de los procesos de ingreso y egreso de estudiantes; y una amplia gama de cuestiones relativas a la academia, la investigación y la difusión de la cultura, estuvieran en manos de la misma comunidad y no de una minoría parasitaria.

Al igual que en el IPN, en la UNAM la estructura de gobierno es muy arcaica y autoritaria. La diferencia consiste en que mientras en la Universidad existe una autonomía que dificulta que los diversos gobiernos en turno se entrometan en los asuntos internos de la institución, en el IPN el gobierno federal tiene injerencia directa en cada uno de los aspectos institucionales empezando por la elección del director general. Pese a estas disparidades, la estructura de gobierno de ambas instituciones es igual de vertical y ha dado lugar a la creación de verdaderas mafias interesadas en perpetuar su control sobre las instituciones.

La preparación del Congreso de 1990 y el desgaste del movimiento estudiantil

Después de la huelga de masas de 1987, las autoridades de la UNAM veían como una seria amenaza que la correlación de fuerzas que los estudiantes habían acumulado, se expresara en el Congreso Universitario, pues a todas luces, la posición de las autoridades quedaría en minoría. Por este motivo la burocracia, empezó a posponerlo indefinidamente apostando al recambio generacional y al desgaste. Como consecuencia el interés de la generación que hizo la huelga se esfumó y la participación de profesores y estudiantes se vino abajo.

Para la organización misma del Congreso se conformó una Comisión Organizadora del Congreso Universitario (COCU) cuyos trabajos avanzaron lentamente hasta 1990, es decir más de tres años después de la huelga. Ya hacia 1989 el nuevo rector de la UNAM José Sarukhán, tuvo todas las condiciones políticas para sustituir a los antiguos integrantes de la COCU por unos más dóciles. Durante meses los trabajos de la comisión avanzaron muy lentamente no sólo por el sabotaje consciente que la burocracia hizo al proceso, sino también por la discusión técnica de los detalles del Congreso: composición, delegados, mesas temáticas, etcétera (Ver Imanol Ordorika, La batalla por el campus, p. 333-334).

Fue hasta noviembre de 1989 que la COCU definió la composición de los delegados al Congreso: 318 académicos (37.5%); 318 estudiantes (37.5%); 106 investigadores (12.5%); 53 trabajadores administrativos (6.25%); y ¡53 autoridades! (6.25%). Como se puede apreciar las autoridades y los investigadores, (que son por tradición los sectores más conservadores y elitistas de la Universidad) estaban sobrerrepresentados en exceso. Ya por principio las autoridades no debían estar incluidas como sector propio, puesto que para ocupar un cargo directivo en la Universidad es necesario ser académico de la institución. De esta manera ya antes de iniciar, todo apuntaba a que la burocracia tendría un gran control sobre amplios sectores de los académicos y los investigadores en el Congreso, y por si esto no fuera suficiente, tendría las riendas de la presidencia del acto.

Fue hasta diciembre de 1989 que la COCU emitió la convocatoria para el Congreso Universitario, señalando que antes de su apertura habría eventos preliminares como conferencias, foros temáticos y procesos de elección. Imanol Ordorika, dirigente estudiantil de la época y una de las principales figuras del Congreso concluyó en su libro La disputa por el campus:

…este no era el Congreso que los estudiantes de 1986 habían imaginado: el proceso de discusión había sido restringido a una serie de eventos puntuales; la composición restaba representatividad a los sectores académicos de la institución a favor de las autoridades; la paridad entre estudiantes y profesores no había sido alcanzada; los foros locales no eran resolutivos y tendrían poco impacto en la transformación de cada una de las dependencias universitarias… (Ibíd., p. 334).

Como puede apreciarse, las condiciones de los estudiantes en el Congreso ya eran muy desfavorables. Años de retraso, desgaste y olvido, habían contribuido a que al final las autoridades tuvieran mayor control sobre la organización del evento. Cuando las fuerzas del movimiento estudiantil percibieron esto, se dieron cuenta que ya era demasiado tarde y que el Congreso podría ser utilizado para reintroducir los planteamientos de privatización de la Universidad. Todo lo contrario a lo que la generación de 1987 había pensado.

¿Qué sucedió en el Congreso Universitario de 1990?

El Congreso Universitario de la UNAM se llevó a cabo del 14 de mayo al 5 de junio de 1990 en el frontón cerrado de Ciudad Universitaria, y fue presidido por un personaje clave de la política universitaria: José Narro Robles, militante priísta y burócrata de tradición. Aunque al inicio la realización del evento generó expectativa y tuvo impacto en la prensa, la participación en el mismo fue reducida. Las fuerzas del movimiento estudiantil no se involucraron ampliamente en el Congreso, además de que para entonces ya se encontraban muy divididas. Por otro lado, la participación fue más alta entre los sectores de elite de la universidad que de los mismos estudiantes y académicos. Ordorika nos relata:

La composición política de los representantes electos al Congreso fue relativamente equilibrada: clara mayoría para los sectores democráticos entre los estudiantes; ligera mayoría para los sectores afines a las autoridades entre profesores e investigadores. Los delegados correspondientes a las autoridades inclinaron la balanza hacia este sector. Ninguno de los dos polos alcanzó la mayoría calificadas de 66%, requerida para los resolutivos del Congreso. (Ibíd., p. 335, El énfasis es mío).

Todas las condiciones estaban volcadas a favor de las autoridades universitarias si se toma en cuenta, que ellas a diferencia de los estudiantes, contaban con asesores a sueldo, con el equipo propagandístico gubernamental y la capacidad de chantajear laboralmente a los delegados académicos e investigadores que no acataran la línea oficial. Además de todo, los planteamientos de reforma institucional de los estudiantes eran muy ambiguos.

Para el Congreso fueron electos 846 delegados y después de su plenaria inaugural el evento se dividió en las siguientes mesas: I) Universidad y Sociedad. La Universidad del futuro; II) Formación académica y profesiones; III) Estructura académica de la UNAM; IV) Relaciones y métodos de enseñanza aprendizaje; V) Ingreso, permanencia, promoción, titulación y nivel académico; VI) Infraestructura y condiciones materiales de estudio y para la labor académica. Los servicios académicos; VII) La carrera académica en la UNAM; VIII) Investigación; IX) Extensión, difusión y medios de comunicación universitarios; X) Gobierno, administración y legislación; XI) Patrimonio, financiamiento y presupuesto.

En el Congreso las autoridades intentaron imponer nuevamente el plan de privatización de la UNAM, pero los estudiantes reactivando la movilización desde las escuelas acumularon apenas la fuerza necesaria para impedirlo. En oposición, todas las iniciativas de reforma democrática, como la modificación de la Ley Orgánica, fueron boicoteadas por la burocracia y los pocos acuerdos alcanzados, como la desaparición del Tribunal Universitario (organismo anticonstitucional encargado de expulsar estudiantes), jamás fueron asumidos por las autoridades.

Al igual que el actual movimiento politécnico, el Congreso Universitario de 1990 fue arrebatado a las autoridades con un movimiento en ascenso, con las escuelas tomadas, con cientos de miles de jóvenes en las calles, pero sin las masas en el mismo nivel de efervescencia, no existieron las condiciones para orillar a la Rectoría a acatar los acuerdos. La estrategia de la burocracia fue desgastar a los estudiantes, convencerlos de que ya no era necesario de que se movilizaran y así esperar a que la apatía ganara terreno. Como consecuencia, el Congreso Universitario no consiguió la transformación democrática anhelada. El resultado fue un empate. Una estudiante que fue delegada por aquellos años recuerda: “En el Congreso quedaron trabadas las fuerzas. Fue un agarrón, pero quedaron las fuerzas empatadas. El movimiento no pudo ir hacia una transformación democrática, aunque sí logró detener nuevamente el Plan Carpizo.”

Con el desenlace del Congreso hubo un desconcierto generalizado en las fuerzas del movimiento estudiantil. Los resultados no cubrieron ni mínimamente las expectativas que la generación del de la huelga de 1987 se había trazado para democratizar a la UNAM. Como consecuencia, se generó un periodo de desmoralización y reacción en la Universidad que permitió a las autoridades hacer una contrarreforma a los planes y programas de estudio del Colegio de Ciencias y Humanidades en 1995, donde además fueron eliminados dos de sus cuatro turnos. Años más tarde, en 1997, restringieron el pase automático de los estudiantes del bachillerato a la licenciatura; y finalmente en 1999, intentaron incrementar nuevamente las cuotas de inscripción.

Fotografía de Cuartoscuro.
Fotografía de Cuartoscuro.

Lecciones para el movimiento politécnico

Por supuesto, la experiencia del Congreso Universitario de 1990 debe ser tomada únicamente como un punto de referencia a la hora de diseñar una estrategia de lucha en el IPN, pero en ningún caso se debe ignorar que ayer como ahora las autoridades buscan generar desgaste y apatía entre los estudiantes. Ansían que la efervescencia generada por la huelga de 2014, que todavía es muy reciente, se disipe para que con una nueva correlación de fuerzas, puedan ahora sí, desmembrar al instituto.

La enseñanza más importante que el movimiento politécnico debe tomar en cuenta es que su principal fuerza está en la movilización y no en la promesa de un Congreso que las autoridades intentarán controlar, manipulando y comprando delegados. Es por ello que si el movimiento puede conquistar reformas a través de la movilización directa en lugar de esperar, debe hacerlo sin demora. Tanto más se alarguen los preparativos del Congreso, el interés y la participación de la comunidad se irá diluyendo. Es importante que el movimiento estudiantil comprenda que ni las autoridades ni el gobierno federal le concederán nada que no arrebate con la lucha en las calles.

La burocracia llamará a los estudiantes a ser pacientes. Intentará convencerlos de que todas sus peticiones se resolverán en el Congreso, les dirá que para ello ya hay tiempos establecidos, pero en la vía de los hechos, apostará por el recambio generacional y el desgaste utilizando todos los mecanismos para que éste se aplace más y más. Una vez que esto suceda será muy sencillo aislar a los delegados y meterlos discusiones interminables y procesos engorrosos.

Esto no significa que los estudiantes no deban diseñar propuestas claras para democratizar al instituto o que el Congreso carezca por completo de sentido, pero es importante no caer en el fetichismo institucional, ni pensar que las mafias que lo controlaron por décadas dejarán sus privilegios con un debate entre caballeros. Tan pronto las fuerzas del movimiento estudiantil se confíen, los funcionarios y el gobierno volverán a enseñar los colmillos para defender sus intereses.

En otro tiempo las autoridades del Politécnico no hubieran tenido el más mínimo escrúpulo, en utilizar la violencia porril contra los estudiantes organizados. De hecho, en agosto de 2007, las autoridades no tuvieron el más mínimo empacho en usar a los granaderos para desalojar una manifestación pacífica del Movimiento de Estudiantes No Aceptados (MENA) en la Dirección General. Ahora, con lágrimas de cocodrilo en los ojos, se lamentan de que los estudiantes de vocacionales que acaban de tomar ese mismo edificio no quieran esperar al Congreso. El movimiento estudiantil del IPN debe reflexionar que todavía cuenta con un contexto nacional favorable que le permite ejecutar reformas de manera directa a través de la movilización en lugar de esperar a un Congreso incierto. Los estudiantes no deben perder de vista que sólo ejerciendo medidas de presión desde ahora podrán asegurar que el proceso de reforma sea verdaderamente democrático y que los resolutivos acordados por la comunidad del instituto se lleven a cabo.

¡Es hora de democratizar al Politécnico y limpiarlo de las mafias que lo han enquistado durante décadas! ¡Que se vayan todos! ¡Los estudiantes, los profesores y los trabajadores deben elegir sus propios gobiernos escolares! ¡Pueden y deben hacerlo desde ahora a través de la movilización!

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