Nahúm Monroy

La actual lucha magisterial es el levantamiento docente más importante suscitado desde 1989 y una expresión concreta de la crisis de hegemonía que experimenta el Estado mexicano: las clases dominantes y su régimen ya no pueden seguir ejerciendo el control de los trabajadores con las  estructuras políticas del pasado. La movilización inesperada de las bases del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) no sólo resulta interesante por lo que representa para la organización gremial más numerosa del país en sí, sino sobre todo por la clase de conclusiones que pueden extraerse al observar el agrietamiento de lo que ha sido una de las principales piezas del control corporativo en México.

  En efecto, la inconformidad generada por la Reforma Educativa de Peña Nieto se extiende mucho más allá de las bases de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), pues abarca actualmente a estados de la República y secciones del SNTE que tradicionalmente habían permanecido apáticas y bajo el control incuestionable de la burocracia. “El letargo se convirtió en llamarada”, resaltaba apenas hace unos días un reportaje de la revista Contralínea, donde se enfatiza que se han producido movilizaciones masivas de docentes no sólo en el Sur del  país, sino también en el Norte, Noreste, Occidente y la costa del Golfo, llegando a contabilizar así 26 estados con un “movimiento contundente”.[1] Destaca a este respecto la situación gestada en estados como Veracruz, Quintana Roo y Chiapas donde la lucha ha trastocado por completo el ambiente político de los estados, derivando en la toma de carreteras, presidencias municipales, centros turísticos y comerciales, así como en la ocupación de televisoras y radiodifusoras locales.

  Por el ambiente de relativa calma que se respiraba en esta y otras latitudes hasta antes de la aprobación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, los observadores superficiales podrían haber afirmado que ningún acontecimiento de trascendencia iba a producirse. Sin embargo, de manera súbita la rabia acumulada por años de embustes brotó a la superficie y las bases de las secciones 25, 32 y 56 del SNTE desconocieron inmediatamente a sus secretarios generales, quienes habían ocultado la información sobre la la reforma y habían llamado a las bases a la calma. Existen por otra parte casos en extremo llamativos como los de Jalisco, Campeche, Tamaulipas, Yucatán, Tabasco, Sinaloa, Sonora, Nayarit, Chihuahua y el Estado de México, regiones  tradicionalmente conservadoras donde la inmovilidad de las bases siempre había dado margen de maniobra para que las cúpulas sindicales utilizaran la fuerza del gremio en interés del PRI, el PAN, el PANAL y los sectores empresariales. Basta recordar el cinismo con el que Elba Esther Gordillo pudo traficar con millones de votos durante la elección presidencial de 2006, movilizando para ello los recursos económicos y humanos del SNTE.

  La situación general vivida en el magisterio resulta entonces extraordinaria. Más allá de las siempre combativas secciones de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, se ha producido un despertar generalizado que empieza a cuestionar la democracia interna del sindicato y los tradicionales cacicazgos. Es por tanto previsible que la lucha del magisterio contra una reforma de rango constitucional tenga un impacto significativo en  en la estructura de dominación corporativa y en el futuro político de estados tradicionalmente conservadores.

  A este respecto, bien vale la pena hacer embonar hechos que a primera vista parecieron inconexos, pero que vistos en su continuidad histórica nos muestran la forma en la que los reacomodos entre las clases sociales del país se han ido produciendo. El verdadero motivo por el que Peña Nieto decidió enviar a Elba Esther Gordillo a prisión en febrero pasado no fue el desvío de cuantiosos fondos del sindicato en interés personal y de sus allegados (situación que era perfectamente conocida y consentida desde muchos sexenios atrás), sino el haber declarado su oposición abierta al punto nodal de la Reforma Educativa, que facilita el despido injustificado y acaba con la estabilidad laboral de cientos de miles de profesores. Aunque con anterioridad Gordillo había apoyado el avance de la reforma neoliberal en otros ámbitos, como en la reforma a las escuelas del nivel medio superior (RIEMS) y en la creación de un Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) de corte empresarial, no podía aceptar la introducción de una reforma que iba a agitar y movilizar a secciones sindicales controladas y tradicionalmente estáticas.

  El enfrentamiento vivido a inicios de este año entre el gobierno federal y Elba Esther Gordillo no puede explicarse por lo tanto dentro de los estrechos márgenes de la disputa entre personalidades políticas (por muy poderosas que éstas lleguen a ser), ni entre la pugna existente entre los intereses de distintos sectores del establishment. De la misma forma que en su momento Carlos Salinas de Gortari encarceló al líder petrolero José Hernandez Galicia “La Quina”, el conflicto entre Peña Nieto y el SNTE, refleja la crisis de una forma de dominación sindical que se está generalizando por todo el país. Por este motivo, pese a que Juan Díaz de la Torre tomó el control del sindicato una vez que Gordillo fue encarcelada, restableció la concordia con el gobierno federal, y aceptó sin chistar todas las condiciones impuestas por Peña Nieto, fue inevitable que la estructura del SNTE se cimbrara desde las bases, pues la disputa esencial de intereses no eran entre el gobierno y la burocracia sindical, sino entre el régimen y las bases magisteriales.

  El sindicalismo corporativo y gansteril fue durante muchas décadas uno de los principales soportes del Estado mexicano y una de las estructuras políticas que hizo posible la existencia de un sindicalismo fusionado al aparato estatal a través del PRI. Por estas razones, resulta hipócrita la cantaleta repetida una y otra vez en radio y televisión de que los maestros son los responsables de las fallas del sistema educativo, así como del despilfarro y corrupción de sus dirigentes, pues es bien sabido que éstos últimos vivieron durante muchos sexenios amparados por el poder mientras que la disidencia era ferozmente reprimida, tal y como denota el caso del profesor Misael Núñez Acosta, asesinado en 1981 por motivos políticos.

 Por encima de todo, el régimen tuvo especial cuidado en preservar el control de sectores que por su importancia estratégica podían paralizar el país si mantenían una posición independiente y democrática: este fue el caso de los trabajadores petroleros, de los mineros, de los electricistas, de los trabajadores de la salud  y del magisterio, entre otros. No por casualidad fueron estos mismos sindicatos los que gozaron de las mejores prestaciones y contratos colectivos dentro de toda la clase trabajadora, en muchos casos, con un sistema propio de servicios médicos y seguridad social. Ahora bien, debemos distinguir aquí dos fenómenos distintos que la burguesía y sus intelectuales suelen revolver hipócritamente para sembrar divisiones y enfrentar a los trabajadores entre sí.

  Los contratos colectivos y las prestaciones laborales no fueron concesiones bondadosas del régimen ni de las clases dominantes. Si por ellos hubiera sido, las condiciones de trabajo prevalecientes durante el porfiriato habrían quedado intactas. Los sindicatos, los contratos colectivos y las prestaciones son derechos que en México se consiguieron a través de muchas luchas obreras y de una revolución que dejó un saldo de un millón de muertos. Cosa distinta son los dirigentes charros, que como hemos explicado, sirvieron durante mucho tiempo al régimen para controlar a los sindicatos. Enrique Peña Nieto y las cúpulas empresariales iniciaron, como otras tantas veces en el pasado, una ofensiva contra las conquistas históricas de los trabajadores metiendo en el mismo saco a los corruptos líderes sindicales y las bases trabajadoras. Este discurso, utilizado con la misma efectividad durante la reforma a la Ley del ISSSTE en 2007, y durante la ofensiva al Sindicato Mexicano de Electricistas en 2009, sólo pudo tener eco en un país que durante las últimas décadas ha avanzado como ningún otro en una cultura antisindical y patronal, y que ha promovido la idea de que el desarrollo del país será posible acabando con los derechos laborales de los pocos trabajadores que aún los preservan.

  Recientemente el secretario de educación Emilio Chuayffet, amenazó con despedir a todos los docentes que vayan a paro y sustituirlos por nuevos mentores. En una entrevista radiofónica exigió de forma histérica la cancelación de salarios a los maestros que decidan suspender clases, advirtiendo que aquellos funcionarios que no acaten las disposiciones serán acreedores a sanciones. Y en efecto, el gobierno de Peña Nieto está decidido a utilizar la represión para detener las movilizaciones y atemorizar a los profesores. La pregunta aquí es si lo logrará y a qué costo. Peña Nieto y sus asesores saben que recurrir a la represión no es tan sencillo en un movimiento de alcance nacional que aún se encuentra en ascenso y que se presenta por primera vez en secciones que antes habían estado inmóviles. Tratándose de un asunto de esta naturaleza, el gobierno es consciente de que un uso desmedido de la fuerza en un momento inadecuado, lejos de aplacar los ánimos podría desencadenar el efecto contrario y arrastrar a la lucha a sectores que aún permanecen indecisos. Es por eso que la táctica gubernamental se está enfocando en estos momentos al acoso de la CNTE en Michoacán, Guerrero y Oaxaca, centros de vanguardia de la lucha magisterial, donde la Procuraduría General de la República acaba de girar órdenes de aprehensión contra sus dirigentes.

  La represión y la táctica de guerra sucia contra el movimiento, como la reciente agresión que sufrieron los profesores de la CNTE en el barrio de Tepito, por supuesto podría paralizar momentáneamente los ánimos de lucha, pero en ningún modo restituirá el consenso y la confianza de los maestros en el régimen. Todo lo contrario, profundizará las grietas de la oxidada estructura sindical corporativa y generará mayor descontento social. El intento del gobierno federal de aislar y reprimir a los sectores más combativos del magisterio puede evitarse sin embargo, si lejos de aislarse, los profesores de la CNTE hacen un llamado unitario a todas las secciones del SNTE a movilizarse contra la Reforma Educativa en una jornada de lucha unitaria. Esta táctica rendiría enormes frutos pues probaría a los secretarios generales de las distintas secciones del SNTE frente a las bases magisteriales, acelerando el proceso de diferenciación interna, y ayudándolas  a tomar conciencia de que es necesario un cambio de fondo en el sindicato. Se abren entonces importantes oportunidades para que las bases del magisterio puedan democratizar al SNTE y desconocer, como en Quintana Roo, a quienes han sido cómplices de la aprobación de una Reforma Educativa patronal y antilaboral.