Por: Ernesto Funesto Mondragón

María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, fue designada en mayo pasado como vocera del flamante y autodenominado Concejo Indígena de Gobierno (CIG), plataforma política promovida en conjunto por el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Comité Clandestino Revolucionario Indígena-Comandancia General (CCRI-CG) del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Aunque oficialmente el anuncio de que intenta obtener el registro como candidata independiente para las elecciones presidenciales de 2018 se manejó tanto desde el CIG, el CNI y la propia CCRI-CG como algo secundario, ha sido este acto lo que ha dado de qué hablar y escribir por ya más de un año.

Una vez que la asociación civil Llegó la hora del florecimiento de los pueblos registró a María de Jesús como aspirante a candidata independiente para la presidencia de la república, un alud de apoyo se desbordó en la internet: intelectuales, científicos, académicos, investigadores, artistas, escritores, actores, músicos, activistas, miembros de ONG’s, le manifestaron su apoyo.

Luego vinieron los ataques racistas, machistas y clasistas por parte tanto de individuos como de sujetos políticos y los autodenominados “líderes de opinión”. Ante dicha embestida se reforzaron los “argumentos” de sus simpatizantes sobre la “necesidad” y lo “benéfico” de la candidatura de Patricio Martínez.

Surge la pregunta ¿Puede una indígena, que se reivindica como tal, ser candidata a la presidencia de la república? ¿Es benéfico para el sistema electorero su participación?

(En primer lugar hay que dejar claro la postura política que uno tiene para que las opiniones, tanto a favor como en contra, que uno exprese tengan la mayor de las coherencias. En este caso, es de sobra conocida mi postura antiautoritaria, anticapitalista y antielectorera. Pese a que vivo en un sistema democrático burgués neoliberal, yo no reivindico ninguna de estas características. Lo que usted leerá a continuación serán, pues, opiniones basadas en dichas posturas)

En la historia mexicana Vicente Guerrero (mulato), Benito Juárez y Porfirio Díaz Mori (zapoteco puro el primero; de ascendencia mixteca el segundo), fueron presidentes de México. Esto demuestra que ha sido posible y es posible que un individuo de una minoría étnica llegue al poder. Es decir, María de Jesús no intenta nada nuevo. Sin embargo, ellos ni reivindicaron su condición étnica, ni mucho menos lucharon a favor de ella. (Juárez aplicó a rajatabla la Ley de Desamortización de 1856, la famosa Ley Lerdo, que despojó a cientos de comunidades indígenas de sus tierras ancestrales por el único delito de regirse bajo el régimen comunal; Díaz continuó con la aplicación de dicha ley y emprendió varias campañas militares de exterminio contra yaquis, mayos, mayas y otros pueblos). Es decir, un individuo de una minoría étnica en el poder no es garantía per se de un “buen gobierno”. De hecho, la historia registra todo lo contrario.

Los derechos humanos como pilar de la democracia burguesa

La democracia moderna es el sistema político, cuya encarnación por antonomasia es la república, emanado de la rebelión de los burgueses (como clase) en contra del antiguo régimen (la aristocracia). Sí, me remonto a la Francia de 1789. Es de vital importancia este proceso político-social-económico, pues se tomó de referencia para la creación de los modernos estados-nación, México incluido. Y de la Revolución Francesa emanó el 26 de agosto de 1789 (apenas a dos meses de la toma de la Bastilla) un crucial documento: la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.

Dicho evento es histórico, pues marca el nacimiento de lo que hoy conocemos con el nombre de derechos humanos. Pero no se confunda, estimado lector. Yo no soy un defensor de este concepto. Los derechos humanos son, desde su origen, un fundamento legal del orden burgués. Es cierto que han evolucionado, que ahora se toma como modelo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que vamos como en la 5ª o 6ª generación de los mismos, pero es innegable que mantienen su razón de ser intacta. Defender los derechos humanos es, en última instancia, defender la legalidad burguesa con argumentos burgueses.

Los principales derechos que defendió la declaración de 1789 (que ha sido reivindicada en todas las constituciones francesas desde entonces) fue el derecho a la propiedad privada –pilar del orden capitalista– y el derecho a la representación y participación política. Sólo que estas prerrogativas eran reservadas únicamente a los que se consideraran “hombres” y “ciudadanos”, es decir: hombres blancos, burgueses (o con el suficiente poder económico), profesionistas, cristianos. O sea, las mujeres, los esclavos, los negros, árabes, indígenas, los proletarios, campesinos, los sans-culottes, todos ellos no entraban en la condición de “hombres” ni de “ciudadanos” (hasta que en 1791 les aguó la fiesta una valiente mujer de nombre Olympe de Gouges). Precisamente por ello hasta hace bien poco tiempo ninguno de estos estratos sociales tenía derecho a la propiedad, a votar ni a ser votado.

Uno podría pensar que, entonces, es muy benéfico y necesario la participación de María de Jesús para ir ampliando el margen de acción de los derechos humanos. Precisamente ahí está el engaño, la falacia. Cuando ocurre cierto evento: sea una masacre contra un grupo opositor al régimen, el asesinato de una periodista incómoda, la desaparición de luchadores sociales, el despojo de tierras a una comunidad, inmediatamente se invocan a los derechos humanos; va la queja a la Comisión local, nacional e interamericana y el correspondiente juicio de amparo. El problema no es defenderse de las agresiones del estado utilizando todos los medios, el legal incluido. El problema es reducir la lucha a la mera esfera de los derechos humanos.

Porque cuando se ganan juicios mediante esta vía, se fortalece la legitimidad de los DDHH, se fortalece el sistema legal burgués y, en última instancia, se fortalece la dominación capitalista. Y cuando se pierde, también se refuerzan estos mecanismos de control. El caso Ayotzinapa se encuentra empantanado y sin visos de resolución, precisamente por circunscribirse a la esfera de los DDHH. Aspirar a una candidatura independiente, argumentando tener el derecho a ser votada, para defender los derechos humanos y al mismo tiempo declararse anticapitalista, es una fuerte contradicción por parte de María de Jesús Patricio Martínez.

Al analizar el discurso tanto del EZLN, como del CNI, del CIG y de su vocera, se hace énfasis en el carácter anticapitalista de su lucha. Resulta muy contradictorio que un movimiento “anticapitalista” busque del reconocimiento y participación del orden legal que busca destruir, basando su participación en el ejercicio de los derechos humanos, mismos que, por definición, les excluyen.

Es conocida las posturas de intelectuales orgánicos del estado mexicano como Justo Sierra y José Vasconcelos, quienes argumentaban que no podría haber un México moderno mientras existieran las comunidades indígenas. Aunque esta idea nos resulte fastidiosamente genocida (y en la práctica así lo fue) en realidad no falta a la razón. A la razón burguesa, pues. La modernidad es el triunfo de lo racional y de lo unívoco. Una misma población, un mismo territorio, un mismo gobierno (según el modelo ilustrado francés).

Ergo, no puede existir un moderno estado-nación mientras existan pequeñas tribus, pueblos, naciones que no se asumen como modernas, que niegan la uniformidad del estado, y que exigen un trato legal especial (usos y costumbres). En este plano es donde se evidencia la contradicción: no puede existir un moderno estado mexicano mientras existan pueblos indígenas, debido a que estos niegan, con su simple existencia, los principios epistemológicos y ontológicos en los cuáles se funda el concepto moderno de estado.

Es decir, no todos somos iguales y nunca lo seremos ni tendremos los mismos derechos. No mientras exista el estado mexicano. Y no se puede destruir el estado sujetándose a sus leyes, legitimando su proceso electorero, pretendiendo ser uno de ellos. Argumentar que la candidatura de María de Jesús es necesaria para que “los sin voz tengan voz”, para que el sistema electoral mexicano sea más democrático, para combatir el machismo, el racismo y el clasismo, es una falacia. Al contrario, la candidatura del CIG refuerza el sistema al que dice combatir, porque lo legitima, no con sus palabras sino con sus hechos.

El ciudadanismo: reformismo disfrazado

María de Jesús, el CIG, el CNI, y tal parece que el mismo EZLN están ejerciendo una peligrosa postura política –para todos los que no formamos parte de la partidocracia– conocida como “ciudadanismo”. En términos generales el ciudadanismo es una corriente política que busca la reforma ética y estética del capitalismo, mediante métodos civiles, pacíficos, democráticos y electoreros; busca en última instancia empoderar a la sociedad civil, cuya base es el ciudadano.

Pese a la fraseología supuestamente anticapitalista, en los hechos el CIG, el CNI y Patricio Martínez, e inclusive el mismo EZLN, se comportan como ciudadanistas. A consecuencia del fracaso de la rebelión armada del 1° de enero de 1994 –a la que prácticamente no se sumó ningún grupo, pues las organizaciones e individuos que respondieron el llamado zapatista lo hicieron enarbolando la paz, no engrosando las filas de las tropas rebeldes–, el EZLN tuvo que conformarse con la sociedad civil como su mayor y, quizá, única aliada.

El Frente Zapatista de Liberación Nacional y La Otra Campaña son los ejemplos más visibles del fracaso por generar un referente político no clandestino para el EZLN. No así el CNI. Sin embargo, y como consecuencia del viraje ideológico acaecido en 2005 con la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, tanto CNI como el EZLN han hecho énfasis en lo “civil y pacífico” de su lucha, convirtiendo de facto a la vía armada en un tabú.

Tanto la palabra civil como ciudadanía, comparten la misma raíz etimológica (civilis, civitas) y son términos que aluden (tanto en su acepción romana, como en la moderna) a una relación de poder: la de los individuos respecto a un poder externo. En Roma eran los civis, los habitantes de una misma urbe, los iguales, frente a los hostis, los que eran de fuera, los otros. En la acepción moderna, la de los ciudadanos respecto al Estado.

No obstante, la ciudadanía no refuta al Estado: es un ámbito diferente al Estado, pero no lo contradice ni lo niega sino lo complementa: sólo se puede ser ciudadano dentro de un orden estatal. La moderna acepción de “sociedad civil” proviene del concepto acuñado por Hegel, quien lo caracteriza como la condición política para la realización del individuo. Con la caída del bloque soviético, la llegada del “fin de la historia” (Fukuyama dixit), de lo posmoderno y la postpolítca, el concepto ha sido empoderado, casi deificado.

Así como el capitalismo necesita del estado para existir, el estado tiene la misma relación con los ciudadanos. Ergo, para destruir el capitalismo es conditio sine qua non la destrucción del estado, y por tanto, de la ciudadanía, de lo civil. Por lo que pretender una lucha anticapitalista que sea “civil y pacífica” es un profundo contrasentido.

Miguel Amorós, teórico anarquista español, afirma que con el auge de la sociedad de consumo la clase trabajadora dejó de tener su propia agenda política para simplemente asumir una postura ciudadanista: los trabajadores, como clase, ya no aspirar a derrocar a los burgueses, ni si quiera a tener sus propios derechos laborales; están asumiendo la misma agenda que tenían los burgueses a finales del siglo XVIII, pero en pleno siglo XXI. Es decir: los trabajadores no quieren transformar el orden social ni ocupar el lugar dominante que tiene la burguesía, sólo quieren ser como ellos, gozar de su misma condición, de sus mismos derechos. Se pasó del “soy tu opuesto, tu negación y te voy a eliminar”, al “no soy como tú, pero quiero tener y disfrutar de lo mismo que tú, quiero ser tu igual”.

Cuando el CIG, el CNI, María de Jesús y sus simpatizantes afirman que será enormemente benéfico que una mujer indígena aparezca en la boleta electoral están llevando a la práctica este razonamiento: “no tenemos los mismos derechos, pero los queremos; queremos ser todos iguales”, “no somos de la élite de los partidos, pero queremos serlo”, “el sistema electoral no funciona, pero si aparecemos en la boleta ya será todo más democrático”. Los indígenas, la clase trabajadora, los explotados no somos iguales a la partidocracia, y no tenemos por qué serlo. De lo que se trata no es de mejorar el sistema sino de destruirlo y construir otra cosa muy distinta a la democracia burguesa.

 Se dirá que la candidatura es accesoria, que es un pretexto para visibilizar las condiciones de los pueblos originarios, para generar organización, para sembrar una semilla para la transformación del país, que ese es el verdadero propósito de la conformación del CIG. Sin embargo, tanto la AC Llegó la hora del florecimiento de los pueblos, como el CNI, el CIG a través de su vocera y sus simpatizantes han hecho énfasis, hasta ahora, en la recolección de firmas para la obtención del registro como candidata independiente. Esto se comprueba en sus discursos, su propaganda, sus sitios oficiales en internet. Todo es “ayuda a Marichuy a juntar firmas”, “regístrate como auxiliar”, “apoya al CIG: da tu firma”.

¿Darle los datos de mi credencial de elector a una AC es apoyar la existencia de una organización como el CIG? ¿La existencia del CIG está condicionada a la obtención del registro como candidata? ¿No acaso la existencia del CIG es independiente de la candidatura, y ésta es algo secundario? ¿Por qué la insistencia en la recolección de firmas? Las únicas organizaciones que se comportan de tal forma son los partidos políticos electoreros. Y ese es el único comportamiento público que hasta ahora han tenido el CIG y su vocera.

Subrayo la esfera pública porque indudablemente la conformación del CIG se ha venido dando de manera muy reservada. No obstante, para los que estamos al tanto hemos ido obteniendo a cuentagotas valiosa información, que nos da cuenta de lo espinoso que está resultando hacer coincidir en una misma plataforma posiciones tan diversas. Dicho proceso recuerda mucho a lo sucedido con La Otra Campaña. Aunque, de la designación de concejales del CIG surge una interesante cuestión: ¿quiénes pueden y tienen derecho a ser parte del mismo?

Hasta donde la limitada información que posee este opinólogo se sabe de la participación de sectores no indígenas en el CIG, específicamente de ONG’s, centros defensores de DDHH y organizaciones políticas y sociales “de izquierda”. Lo cual ha generado rispidez al interior del Concejo. La situación se repite con la participación de organizaciones corporativas y autoritarias como el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), el Consejo Indígena Popular de Oaxaca “Ricardo Flores Magón” (CIPO-RFM) o el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), de quienes se ha comprobado su abierta colaboración con el estado mexicano.

El MULT es aliado de Morena y ha sido señalado en el pasado de actividades paramilitares; el dirigente del CIPO, Miguel Cruz Moreno, ha sido señalados de “lucrar políticamente” con la situación de varios presos políticos y de “tener gusto” por las mesas de negociación con el gobierno que encabeza Alejandro Murat (con quien se reunió personalmente en enero pasado); el SME lo mismo ha sido aliado del PRI, del PRD, de Morena, de la UNT, de la OPT, del EZLN y recientemente fue dado a conocer su participación en la licitación de la construcción de la red de distribución eléctrica del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, precisamente en las tierras de Atenco y Texcoco, megaproyecto contra el cual luchan tanto el FPDT como el CIG. Si la descomposición y promiscuidad política de la partidocracia le parece grave, el CIG-CNI-EZLN no se queda atrás.

Sirvan pues, estas razones para entender por qué es contraproducente, tanto en lo teórico como en lo práctico, apoyar la candidatura de María de Jesús Patricio Martínez. Claro, si la intención es terminar con la explotación capitalista, contribuir a una revolución social. Si su intención es hacer que se cumpla la ley, defender los derechos humanos, consolidar la democracia mexicana, ejercer el derecho al voto, ayudar a que se realice una elección limpia, mejorar los salarios, entablar mesas de negociación, en suma, mejorar el sistema capitalista: adelante; no hay mejor opción.