Se busca culpar a las víctimas de su propia desgracia
Por: Tiyako Felipe
La madrugada del 9 de agosto, mientras algunos pueblos originarios se preparaban para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, la CRSJ-PCP emitió un comunicado urgente para denunciar el “secuestro” de más de 20 integrantes de su organización en la comunidad de San Antonio Coyahuacán, Olinalá, Guerrero; de la acción se responsabilizó a un grupo de militantes de Antorcha Campesina del municipio de Olinalá.
Según testimonios de los representantes de la CRSJ-PCP los hechos violentos se originaron aproximadamente a las 23:00 horas del día 8 de agosto del presente año cuando un grupo de militantes de Antorcha Campesina retuvo a 23 personas: hombres, mujeres y niños; los mantuvieron atados en un sendero de la comunidad hasta aproximadamente las 07:00 horas del día 9 de agosto.
En el comunicado, la CRSJ-PCP informó que los actos delictivos de los antorchistas son una orden gubernamental: “provocar y luego asesinar o masacrar como ya lo han hecho en otros lados y culpar a las víctimas de su propia desgracia”. Afirmaron también que tienen información de que “es la orden que los altos mandos del ejército han dado a los síndicos municipales”.
La liberación de las 23 personas retenidas se logró después de que una representación de la CRSJ-PCP dialogó con los representantes de los antorchistas y firmaran una minuta de acuerdos para reunirse el martes 11 de agosto en la cabecera municipal de Olinalá. No obstante del diálogo, la representación de la PCP aseguró que al momento de acercarse al lugar donde tenían retenidos a sus compañeros “se encontraban 100 personas, vimos a nuestros compañeros tirados en el suelo y amarrados todos, incluyendo nuestras compañeras y el joven menor de edad […] la gente gritaba que ellos se lo buscaban, se lo merecen por andarse metiendo con nosotros”.
Los “secuestrados”, tras su liberación, fueron llevados al Hospital del Niño y la Madre de Olinalá, donde sólo Antonia Victoriano Bello se quedó hospitalizada hasta el día de hoy con diagnóstico de “sangrado vaginal” por los golpes que le propinaron. Asimismo, se anunció que los agraviados iniciarán una denuncia ante las instancias correspondientes porque en el hospital se les negó la expedición de un certificado médico para dejar constancia de los hechos violentos a los que fueron sometidos.
Los hechos violentos que se suscitaron en la comunidad de San Antonio Coyahuacán se enmarcan por las diferencias originadas por la elección del comisario municipal de esa localidad, motivo por el cual hasta la fecha la comisaría no tiene actividades normales.