Nahum Monroy

Estamos, en uno de los momentos más obscuros de la historia de México, sufriendo la ofensiva de quienes quieren salir de la actual crisis política, social y económica poniendo en marcha una ofensiva contra las conquistas históricas del pueblo trabajador. A menos de un año de haber tomado posesión, el gobierno de Enrique Peña Nieto ha llevado a cabo dos de las contrarreformas sociales más lesivas para los intereses del población: en primer lugar, la contrarreforma educativa, que pretende estandarizar los criterios de evaluación de los maestros sin tomar en cuenta las enormes desigualdades existentes en todo el país; y en segundo lugar, la contrarreforma laboral, mediante la cual se supedita al país a una flexibilidad que legaliza el despido injustificado y acaba con todo tipo de contratación colectiva, imponiendo a los trabajadores una regresión de casi un siglo en materia laboral.

Es en esta trama de acontecimientos donde se inserta la actual propuesta de Reforma Energética enviada al Congreso el pasado 8 de agosto. La misma, viene a repetirnos el viejo discurso monetarista que a lo largo de tres décadas ha demostrado ser un rotundo fracaso. Bajo el estandarte de la modernización y de que toda administración estatal es rudimentaria e ineficiente se nos quiere hacer creer que la única manera de fortalecer PEMEX es privatizándolo y entregando sus ganancias a manos de los capitalistas nacionales y extranjeros. Al respecto es pertinente preguntarnos ¿cuáles han sido los resultados de haber privatizado en el pasado innumerables empresas pertenecientes al Estado?, ¿acaso la privatización de Telmex, Ferrocarriles Nacionales, Altos Hornos de México, de las carreteras, los transportes e importantes sectores de la petroquímica se tradujeron en la mejoría de los servicios públicos y en la disminución de los costos de consumo para la población? En absoluto, la privatización de todas estas empresas únicamente ayudó a acelerar la concentración de la riqueza en unas cuantas manos, a ensanchar el tamaño total de la miseria ya generar las bases sociales que han permitido la expansión de la violencia.

Vendrán mejores oportunidades, dijo en su momento Carlos Salinas de Gortari, cuando sin consulta firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, afirmando que esto representaría para México su entrada a la modernidad y al progreso. ¿Qué modernidad?: el desmantelamiento del sistema productivo,  el abandono del campo, la privatización y apropiación de recursos naturales, la reducción del gasto social, la pérdida del poder adquisitivo para millones de familias mexicanas, un régimen que carece de consenso y legitimidad y más de 90 mil muertos.

Las modificaciones constitucionales que actualmente el PRI, el PAN y de manera vergonzosa algunos sectores del PRD quieren realizar a través del Pacto por México, constituye una afrenta histórica para todo el pueblo de México. De llevarse a cabo, daría por terminado de manera definitiva el pacto social emanado de la Revolución Mexicana y finiquitaría el derecho que tiene la nación a ser propietaria de todos sus recursos naturales, prerrogativa ganada en el pasado a costa de enormes luchas y movilizaciones.

¿Pero cuáles son las corporaciones petroleras que están presionando en el ámbito internacional para que se aprueben estas modificaciones?.  Para contestar esta pregunta bien vale la pena recurrir a las declaraciones hechas recientemente por David Gee, jefe de energía de la compañía Boston Consulting Group el pasado 19 de agosto, quien dijo a la prensa que están siguiendo con mucha atención la evolución de los debates sobre la reforma de Peña Nieto pues “aún cuando las empresas no serán propietarias de las reservas, ellas podrían lograr un interés ya que les da un incremento de facto con el acceso”.

Por su parte el diario norteamericano The Washington Post ha afirmado que corporaciones como Chevron, Exxon, Mobil y Shell cuyos ingresos constituyen los más altos a nivel internacional y que han sido demandadas en múltiples países por ocasionar desastres ambientales irreversibles,serían las más beneficiadas con la reforma. Pues bien, en caso de aprobarse los cambios constitucionales antes mencionados PEMEX les estaría ofreciendo a todas ellas la oportunidad de hacerse de nuevas reservas y de compartir las ganancias de la producción del crudo.

México obtiene la mayor parte de sus ingresos a través de la exportación de petróleo. La expropiación y nacionalización de este recurso durante la presidencia del Gral. Lázaro Cárdenas permitió al Estado contar por muchas décadas con los ingresos necesarios para financiar la educación, los servicios médicos, la seguridad social, la infraestructura pública y para paliar en la medida de lo posible la pobreza y la desigualdad. La privatización de los recursos energéticos y la eventual apropiación de la renta petrolera a manos del capital, abrirían paso inevitable a la reducción del gasto social y al desmantelamiento de importantes instituciones y servicios públicos como la educación superior. Los universitarios mismos hemos sido testigos varias veces en el pasado de la forma en queun hecho externo como la caída internacional de los precios del petróleo fue la excusa idónea del gobierno federal para justificar la reducción del presupuesto universitario y en consecuencia, para intentar imponer cuotas en la Universidad más importante de Iberoamérica. ¿Qué podremos esperar en adelante los jóvenes del país si el Estado es despojado, aunque sea en una parte, de su principal fuente de ingresos a manos del capital extranjero?

Como en el pasado, la participación de los universitarios será fundamental para articular un gran movimiento nacional que impida la consumación de lo que amenaza ser uno de los atropellos sociales más grandes en la historia del país. Pero esto no será suficiente, será necesaria la unidad de todas las organizaciones estudiantiles, sindicales, obreras y campesinas del país en un frente único.

Un frente plural que sin velar las diferencias y las banderas que constituyen la amplia red de organizaciones de izquierda, permita articular una gran lucha en las calles y que sea capaz de movilizar a la población para impedir los cambios constitucionales que quieren hacer regresar la industria petrolera a manos de las compañías imperialistas que en 1938 fueron expropiadas por el entonces gobierno mexicano.