*Por Alejandro Cardiel Sánchez.
Ciudad de México, 9 de abril de 2018.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos le garantiza a todos los que cumplen con el estatus de “ciudadano” el derecho de Votar y ser Votado. La misma Constitución establece los requisitos para ser considerado Ciudadano, a saber: Tener al menos 18 años cumplidos, estar al corriente en nuestras obligaciones fiscales y administrativas, no estar sujetos a proceso penal, entre otros.
Pero ¿basta con tener el estatus de Ciudadano para poder votar y ser votado? ¿no debería de haber una serie de requisitos mínimos para –sin discriminación- poder acceder a ciertos puestos, entre ellos, obviamente los puestos de Elección Popular?
¿Cómo es posible que se estén “candidateando” a puestos como diputados, senadores o gobernadores a “analfabetas funcionales” (Tatiana Clouthier dixit) como Cuauhtémoc Blanco, Carmen Salinas, “la Güereja” o el actor Mayer? ¿Cómo lidiar entre el derecho a votar y ser votado, el analfabetismo funcional y la no discriminación?
¿Tendríamos que discutir qué elementos se requieren para alcanzar la Ciudadanía de pleno? ¿O tendríamos que poner más candados para acceder a puestos de elección popular? ¿Podríamos solicitar estudios mínimos de licenciatura -aunque como decía mi abuela “el doctorado no quita lo tarado”- para quien pretenda votar una modificación a las leyes que nos rigen?
¿Tendríamos que exigir un Servicio Profesional de Carrera mínimo para políticos? Una vez ganada una elección ¿Hay quien profesionalice a funcionarios o candidatos y de ser así a qué intereses responden esos capacitadores? ¿Cuáles serían los aspectos básicos que tendría que saber un asambleísta, un diputado, un senador, un regidor o gobernador?
Ya ni qué decir para aspirar a Presidente de la República. ¿Cuáles son los conocimientos mínimos necesarios para pensar en competir por ese cargo?
Por el otro lado, no todo es responsabilidad de los representantes populares, ¿Cuáles son nuestras obligaciones como “votantes”?
Como ciudadanos responsables deberíamos de conocer los programas y planes de trabajo de quienes nos representarán, pero ¿Cuántos de nosotros realmente lo hacemos? ¿Quién ha hecho un comparativo entre los proyectos programáticos de los candidatos?
El grueso de la población “tiene hambre y sed de justicia” (Colosio dixit), y ven necesario e indispensable un cambio en las políticas de los últimos 30 años. La población, hoy más que nunca, ejercerá un marcado voto de castigo ante un Partido Revolucionario Institucional que ha sido incapaz de articular respuestas ante la grave crisis que en todos los aspectos vive la nación.
Sin embargo ¿ese voto de castigo será también un voto informado?
¿Quién conoce el programa o las propuestas de trabajo de López Obrador, Anaya Cortés o Zavala?
¿El voto anti PRI será suficiente, para que en caso de que se reconozca en la contienda a otro ganador, cambie el estado actual de las cosas? ¿Alguien -en serio- se imagina a Zavala ejerciendo algo parecido a un gobierno de transición o a Anaya/Meade haciendo un gobierno distinto al de Peña Nieto?
¿Alguien hoy por hoy se imagina a Enrique Peña Nieto quitándose la Banda Presidencial para entregársela a Andrés Manuel López Obrador el próximo 1ro de diciembre?
La debacle que se avecina se prevé dura como pocas.
Las elecciones que se avecinan van a definir en gran medida lo que seremos como país durante los siguientes 30 años. Por desgracia, hoy por hoy no veo a ningún partido actuando con responsabilidad ni a una sociedad exigente e informada. Más que “dictadura perfecta” seguimos siendo una democracia incipiente en un entorno cada vez más complejo.
La gente sigue sin tener en cuenta que cualquier programa de gobierno, plan nacional, presupuesto de egresos, y todo lo que pretenda hacer el nuevo gobernante, deberá de pasar forzosamente por el Congreso de la Unión. El gobierno que llegue no solamente deberá de tener una legitimidad mínima, sino además una mayoría en el Congreso que le permita tener gobernabilidad y la posibilidad de poder impulsar una agenda de trabajo.
En este sentido, es responsabilidad de los partidos políticos presentar a los puestos de elección a la gente más preparada y con profundo conocimiento de la realidad nacional. El país no aguanta más improvisaciones, ocurrencias ni “levanta dedos” que actúen por consigna.
También es obligación de la sociedad inconformarse de manera abierta ante candidatos que no representen el interés superior de la nación. Aunque tengan el derecho a ser votados ¿vamos a confiarle a personajes como Cuauhtémoc Blanco, Carmen Salinas o “la Güereja” la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación o la gubernatura de un Estado?
El proceso electoral que recién empieza se avizora como uno que apuesta al encono y la división. Al miedo, a la desconfianza y a la sospecha permanente. También desde ahorita se ve a un INE rebasado y omiso. Todo apunta a que estas elecciones también se decidirán en el Tribunal Federal Electoral y el gobierno que de ahí surja deberá de enfrentar (sea cual sea el resultado) un panorama adverso en un país dividido.
¿Estamos listos para asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos libres y conscientes?
@AlexCardielS