Nahúm Pérez Monroy¹

Una historia desfigurada

Independientemente del punto de vista que se adopte sobre la huelga estudiantil de 1999-2000 en la UNAM, es irrefutable que este acontecimiento ha marcado un punto de inflexión en la historia de la institución, y que sus causas y desarrollo, siguen siendo todavía motivo de polémica y disputa entre distintos sectores de la comunidad universitaria. Incluso en fechas recientes, cuando el rector Enrique Graue Wiechers ha manifestado su intención de recuperar el Auditorio Che Guevara por la fuerza, la controversia universitaria no ha podido más que remitirse a la forma tan convulsiva en la que terminó la lucha del Consejo General de Huelga (CGH) a inicios de este siglo.

¿Y cómo podría ser de otra forma? La huelga de 1999-2000 produjo una falla geológica en la historia de la Universidad, cuyos relieves son tanto más perceptibles, en cuanto el régimen mexicano avanza más y más en la desarticulación de todas las conquistas sociales de la Revolución Mexicana; cuando pretende imponer una contrarreforma educativa que cercena los derechos laborales del magisterio; pero sobre todo, cuando se encuentra elaborando planes para desmembrar a las principales instituciones de educación superior pública del país.

Pocos acontecimientos han sido tan desfigurados por la prensa burguesa, los intelectuales de régimen y las autoridades universitarias como la huelga estudiantil de 1999-2000 en la UNAM. Más de década y media después de su estallido, el discurso oficial intenta presentar los acontecimientos de aquella época como si una minoría se hubiera apoderado de la Universidad por motivos completamente desconocidos y así se hubiera mantenido durante nueve meses. El objetivo de todas estas calumnias es impedir que las nuevas generaciones conozcan las verdaderas causas que llevaron a los estudiantes a protagonizar una de las batallas más encarnizadas por la defensa de la educación superior pública.

¿Fue la huelga en la UNAM el secuestro de una minoría de estudiantes ante la pasividad de la mayoría universitaria? Este método de razonamiento superficial, que propone que cada huelga o paro está provocada por “agitadores” y no por el descontento acumulado en las escuelas, es típico de la mentalidad policiaca. La idea que se intenta introducir, es que decenas de miles de estudiantes eran incapaces de velar por sus propios intereses, y por lo tanto, si se movilizaban, la única explicación posible es que estaban siendo manipulados por agitadores profesionales.

Ante este tipo de argumentos la primera cosa que se nos viene a la cabeza es: si realmente el proyecto de cuotas del rector Barnés era un “asunto menor” y las autoridades contaban con el apoyo de la aplastante mayoría, ¿cómo fue posible que un puñado de individuos paralizara una Universidad de cientos de miles de estudiantes sin suscitar una oposición considerable?, ¿cómo pudo durar tanto tiempo una huelga que no estaba justificada? Mejor aún, ¿por qué en lugar de esperar nueve meses, las autoridades y el gobierno federal no sometieron a los huelguistas al instante? Después de todo, las autoridades y el gobierno tenían de su lado a los cuerpos de seguridad de la Universidad, a la policía, a las fuerzas armadas y a sus órganos judiciales para hacerlo.

En el presente trabajo nos proponemos desmentir las calumnias que más recurrentemente han sido vertidas contra la huelga del CGH, y basados en una reconstrucción de los hechos, situarla en su justa dimensión. Quien escribe estas líneas, ex brigadista activo durante la huelga, no tiene el menor empacho en decir que defiende las causas del movimiento y la defensa de la Universidad pública; pero ello no significa que la forma en la que presente los acontecimientos no sea escrupulosa o que pase por alto los errores mismos de los estudiantes.

La defensa de las luchas juveniles y de la clase trabajadora, no tiene nada que ver, -como suponen las mentes maniqueas y sectarias-, con una alabanza acrítica de los movimientos o con la manipulación a conveniencia de los acontecimientos históricos. Antes bien, un análisis que se esmere en ser objetivo, no debe dejar de señalar también los errores cometidos en la lucha, con la finalidad de que sea posible extraer las lecciones pertinentes y evitar, en la medida de lo posible, que vuelvan a ser repetidos.

Rosa Luxemburgo dijo en alguna ocasión que vista de cerca la gran Revolución Francesa habría parecido una mascarada sangrienta y perfectamente estéril. Sin embargo, insistía en que era necesario diferenciar lo esencial de lo secundario para poder apreciar las inobjetables conquistas que heredó a toda la civilización. Al decir esto, la gran revolucionaria polaca intentaba señalar además, la dificultad de juzgar un acontecimiento histórico de forma apresurada, guiándose por aspectos coyunturales y dejando de lado la visión de conjunto.

A diecisiete años de distancia es necesario que las nuevas generaciones conozcan de primera mano los motivos, las dificultades, los aciertos y errores de la huelga de 1999-2000 en la UNAM. La actual amenaza que se cierne sobre la educación pública de nuestro país, lo demanda.

Los antecedentes históricos

Frecuentemente sucede que al hacer un balance sobre la huelga de 1999-2000 en la UNAM se deja completamente de lado las condiciones políticas y académicas que imperaban en la Universidad hasta antes de abril de 1999. La razón de esto es que si se compara la Universidad de hoy con la que en la década de los noventa dirigía el sector más conservador de las élites universitarias (los rectores José Sarukhán y Francisco Barnés), los logros del movimiento del CGH saltan inmediatamente a la vista.

En efecto, la década de los noventa en la UNAM puede considerarse como una época de profundo retroceso para el movimiento estudiantil y las fuerzas democráticas de la institución. Desde el fin del Congreso Universitario de 1990 la UNAM había sido escenario de una abierta regresión elitizadora. Un estudio de la Dirección General de Estadística y Sistemas de Información de la UNAM titulado Perfil del ingreso familiar de los alumnos de la UNAM (1995-1998), señalaba a inicios de 1999 que tan sólo el 7.1 por ciento de los estudiantes matriculados provenía de familias con ingresos menores a cuatro salarios mínimos, mientras que 51.6 por ciento del total de la población estudiantil procedía de familias cuyos ingresos eran mayores a nueve salarios mínimos.² En su conjunto los alumnos de los estratos medios y altos sumaban aproximadamente el 92 por ciento de la población total de la Universidad.

Debe recordarse además que en octubre de 1995 el rector José Sarukhán había puesto en marcha la reforma que suprimió dos de los cuatro turnos del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), que modificó de forma tecnocrática sus planes de estudio y que recortó el número de estudiantes inscritos. Desde 1990 la matrícula del CCH había experimentado una contracción significativa al pasar de 72,794 estudiantes inscritos en 1988 a 58,765 en 1996, esto es una reducción de 19.2% en menos de ocho años.³ A todas estas reformas los estudiantes del CCH respondieron en su momento con una huelga, pero debido a la forma precipitada en la que se estalló, fue derrotada en poco tiempo.

La derrota de la huelga de los CCH en 1995 y la desmoralización en las fuerzas del movimiento estudiantil posibilitaron entonces la imposición del Examen Único de ingreso al bachillerato en 1996, así como la intromisión del organismo empresarial Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL) en el proceso de admisión de los aspirantes de la UNAM. Con ello, la Universidad dejó de establecer por un tiempo los criterios para elegir a sus aspirantes y los puso a disposición de un organismo privado, cuya visión de la enseñanza es eminentemente mercantil.

Tiempo después, en 1997, el rector Francisco Barnés de Castro propuso acotar los alcances del Pase Automático y restringir los límites de permanencia de los estudiantes en la Universidad. A iniciativa suya fueron modificados el 1 julio de 1997, los reglamentos generales de Inscripciones, de Exámenes y de Posgrado. Las reformas emanadas estipularon que sólo tendrían derecho al nuevo “pase reglamentado”, aquellos alumnos que hubieran terminado sus estudios en un plazo no mayor de cuatro años y con un promedio mínimo de siete, agregando que sólo tendrían asegurado su lugar en la carrera de preferencia, quienes hubieran obtenido nueve de promedio.

Con las Reformas del 97, tomó forma el proyecto de separación de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) y el CCH de la UNAM. En los hechos, se trataba de una medida diseñada para sacar de la Universidad a los estudiantes que por sus condiciones de vida avanzan más lentamente en sus estudios que los que tienen resueltas todas sus necesidades básicas. Las Reformas del 97 diseñadas por Barnés de Castro en correspondencia con los señalamientos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) eran medidas de elitización con criterios de discriminación social claramente definidos.⁴

Pero la Rectoría no sólo había arrebatado conquistas históricas a los estudiantes, sino que había fortalecido el aparato de represión política. El porrismo en las escuelas de bachillerato se había incrementado considerablemente y los cuerpos de vigilancia Auxilio UNAM eran utilizados como instrumentos de represión y espionaje político. El mismo sindicato de la Universidad llegó a denunciar en distintas ocasiones que las autoridades comenzaron a combinar en grupos de seguridad a elementos de la Procuraduría General de la República (PGR) con trabajadores de base para intervenir en asuntos internos de la institución. En otro tiempo la UNAM había sido un espacio de mayor tolerancia y de libertades democráticas, pero con un margen más acotado de su autonomía, sus órganos de gobierno aparecían como un tentáculo más del aparato estatal.

En un contexto en que se hablaba del “fin de las ideologías” y donde reinaba una comunidad elitizada, la intelectualidad hubo de bautizar a los estudiantes de fin de siglo como la “generación X”. Quizá por este motivo, a inicios de 1998 Barnés tuvo la confianza necesaria para hacer pública su intención de incrementar las cuotas en la UNAM, cosa que no ocurría desde 1986.

La huelga estalló con amplio consenso

El estallido de la huelga en la UNAM el 20 de abril de 1999 no fue un acto precipitado y de escaso cálculo político. Antes de llevarla a cabo, los estudiantes agotaron todos los recursos a su alcance para evitarla: habían citado en vano al rector a dialogar en dos ocasiones, habían tomado las calles cuatro veces y habían realizado dos paros parciales. Varias semanas antes del estallido de la huelga los estudiantes insistieron a las autoridades: “Si ustedes no resuelven, ésta va a ser la huelga más consensada que haya existido en la historia de la universidad.”

Durante todo el primer semestre de 1998, el rector Barnés había manifestado su afinidad por el incremento de las cuotas sólo de manera vacilante. Fue hasta el día 11 de febrero de 1999 que el funcionario propuso ante el pleno del Consejo Universitario elevar las cuotas de inscripción del bachillerato de 15 centavos a $680.00 semestrales (veinte salarios mínimos), y las de licenciatura de 20 centavos a $1,020.00 semestrales (treinta salarios mínimos).

Desde febrero de 1999 el nivel de tensión política en la Universidad había ido escalando poco a poco. El movimiento estudiantil había convocado a la Rectoría en diversas ocasiones a dialogar de manera pública en igualdad de condiciones pero Barnés rechazaba presentarse y conforme los espacios de diálogo se cerraban, el movimiento adquiría más y más fuerza. Sin haber conseguido un mínimo acercamiento con las autoridades a inicios de marzo y con la amenaza de que en unos cuantos días podría ser aprobada el alza de cuotas, un conflicto de mayores proporciones ya se estaba anunciando.

  La aprobación unilateral e ilegítima del alza de cuotas el 15 de marzo de 1999 por parte del Consejo Universitario, fue “la gota que derramó el vaso” y el acontecimiento que llevó al límite la confrontación entre el movimiento estudiantil y la Rectoría. Decenas de miles de jóvenes alejados hasta entonces de toda participación política comenzaron a involucrarse en las asambleas. Pero tampoco aquí hubo una rectificación de la Rectoría. Lejos de ser llamados a la concordia, los estudiantes fueron acusados de fósiles, “agentes externos” y fuerzas de desestabilización de la Universidad. En este punto es el mismo Gerardo L. Dorantes quien así lo señala, pues estando al frente de la Dirección General de Información de la UNAM dirigió una encuesta a la población estudiantil que demostraba que la reforma al Reglamento General de Pagos (RGP) carecía de consenso entre los estudiantes.⁵

En múltiples ensayos y artículos, algunos intérpretes del movimiento de 1999 han hecho aparecer el camino hacia la huelga como una senda siempre ascendente y exenta de contradicciones. Todo ello, como si los estudiantes estuviesen predispuestos para hacer huelgas en cualquier momento. Esta imagen a todas luces falsa, imposibilita la comprensión de la forma tan audaz en que el movimiento estudiantil fue conquistando posiciones políticas, se convirtió en un organismo de masas y pudo convencer a la mayoría de los estudiantes de ir a la huelga.

Antes de ganar el consenso definitivo, la consigna de la huelga indefinida había sido vista con renuencia por los estratos medios del estudiantado. Aquellos sectores de la Universidad para los que el aumento de cuotas no representaba una carga excesiva en el sostenimiento de sus estudios. En otro ángulo estaban los estratos más pobres del estudiantado, aquellos que habían adoptado desde el 15 de marzo una actitud más desengañada hacia la reforma de las autoridades. Todo tipo de estudiantes de extracción baja y media baja, hijos de trabajadores, de obreros, de campesinos, hijos también de profesionistas depauperados y sobre todo, estudiantes que trabajaban.

Sólo hasta que entre los estudiantes se entendió que la Rectoría no daría marcha atrás en la modificación del RGP, las asambleas en las escuelas adquirieron proporciones masivas y el camino hacia la huelga se hizo intempestivo.

A las cero horas del martes 20 de abril la huelga llegó a la UNAM. Una enorme bandera rojinegra fue izada en la explanada de la Rectoría de CU, mientras en el Auditorio Che Guevara de Filosofía y Letras miles de estudiantes presenciaban el acto mediante el cual se constituía el Consejo General de Huelga (CGH).

El despliegue formidable de fuerzas del movimiento electrizó a la capital del país. Sin ningún sector de masa en el cual apoyarse, la Rectoría observó impotente la forma en que el movimiento estudiantil estalló la huelga en las 36 escuelas y facultades de toda la UNAM y no fue hasta el 22 de abril que el rector Francisco Barnés anunció: “Hoy ha concluido el despojo de los planteles docentes de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por más de una semana, un grupo de estudiantes ha venido apoderándose por la fuerza de edificios, bibliotecas, aulas, laboratorios y centros de cultura de la institución. De nada ha valido la voluntad expresa de la mayoría de los universitarios de no recurrir a la suspensión indefinida de labores.”⁶

La huelga en la UNAM inició con gran consenso y su curva de ascenso fue mucho más acelerada que la de movimientos estudiantiles anteriores. Entre las asambleas y las corrientes estudiantiles hubo divergencias tácticas, pero a la hora de pasar a la ofensiva, golpearon de forma cohesionada. No hubo titubeos al respecto. Las diferencias internas quedaron diluidas y el movimiento se desplegó con gran fortaleza y unidad.

Hoy resulta evidente que si la huelga no hubiera sido respaldada por la mayoría de los estudiantes, defendida con argumentos sólidos y votada democráticamente, ésta habría sido rota en menos de una semana por los grupos de choque de la Rectoría y el gobierno federal. En tal caso a nadie le habría importado la ruptura de una huelga que nadie defendía. Pero precisamente porque las demandas del movimiento estaban plenamente justificadas, porque el camino de la votación fue democrática, pero sobre todo porque la vía del diálogo fue cerrada por las mismas autoridades, la huelga en la UNAM tuvo un enorme consenso y no pudo ser desarticulada sino después de nueve meses de tenaz resistencia.

Los tiempos políticos para el dialogo habían quedado rebasados. De no haber adoptado esta medida, el movimiento estudiantil habría dejado pasar su oportunidad política más significativa y muy probablemente se hubiera disuelto. En la Universidad habría concluido el semestre, y luego del verano la imposición de las cuotas se habría consumado. La suspensión de clases fue la última alternativa que los estudiantes habían contemplado para detener el RGP y el recurso más extremo para hacerse escuchar. En un país donde la educación pública había sido la única conquista heredada a los jóvenes por la Revolución, el estallido de la huelga en la UNAM se convirtió en el grito desesperado de una generación fustigada por el neoliberalismo y amenazada con ser privada de la conquista cultural más importante que el país había producido durante todo el Siglo XX.

El PRD y el ceuísmo intentaron asfixiar la huelga

La huelga de la UNAM nació teniendo en contra a numerosos grupos políticos, pero los más audaces de todos, lejos de lo que se cree, procedían de las mismas corrientes estudiantiles: los dirigentes del CEU histórico y el PRD Universidad, que a dos semanas de iniciada, afirmaban que la huelga había entrado en un proceso de “desgaste” y planteaban que la sola suspensión – no derogación– del RGP bastaría para alcanzar la victoria.

En realidad, las diferencias entre la Rectoría de la UNAM y los dirigentes del PRD Universidad, nunca habían residido en la viabilidad o no de las cuotas, -medida que ambos sectores creían conveniente- sino en los tiempos políticos para implementarlas. René Drucker Colín, investigador prestigiado y dirigente de esta corriente, había insistido desde antes del estallamiento de la huelga, que en realidad no estaba en contra del alza de cuotas, sino que sus diferencias con Barnés residían en el momento oportuno para hacerlo.⁷

Si de último momento las corrientes estudiantiles del PRD habían decidido sumarse al estallido de la huelga, había sido para no quedar aisladas y para poder capitalizar políticamente el gigantesco movimiento de masas. Pero si es cierto que por sus declaraciones externas el PRD se abstenía de atacar al movimiento estudiantil, a nivel interno lo saboteaba y hacía todo lo posible para impedir que escalara a otros ámbitos. Las declaraciones de la investigadora Rosaura Ruiz, por aquellos días dirigente de este grupo, vienen a confirmar esta idea: “Me opuse [a la ampliación del pliego petitorio] –señalaba el 9 de mayo- porque la huelga se hizo para que el Reglamento de Pagos se abrogue, y en las asambleas no se discutió introducir lo del pase reglamentado ni que la UNAM se separe del CENEVAL”. ⁸

En lugar de brindar un apoyo decidido al movimiento estudiantil, el PRD orientó a sus cuadros estudiantiles a luchar por el levantamiento inmediato de la huelga y la aceptación de las reformas neoliberales que contradictoriamente habían combatido doce años atrás. Precisamente en el momento mayor auge de la huelga, el CEU histórico y el PRD Universidad, alarmados por el rumbo que estaban adquiriendo los acontecimientos, optaron por deslindarse de las demandas del movimiento.

Inicialmente los dirigentes moderados habían pensado que su ascenso a la dirección del CGH les sería facilitado por su amplia tradición política y por las posiciones predominantes que sus integrantes -consejeros estudiantiles, diputados o funcionarios del GDF- habían obtenido en años recientes. Sin embargo, cuando en el CGH se rechazó el predominio de los individuos y las corrientes sobre las asambleas, los dirigentes de este grupo comprendieron que sus posibilidades de ganar la hegemonía serían cada vez más difíciles.

El 7 de junio de 1999 el Consejo Universitario acordó hacer los montos de las cuotas del RGP “voluntarias”. Arguyendo que se generarían facilidades para que un estudiante de escasos recursos se desistiera del pago de cuotas, la Rectoría decía flexibilizar su posición, pero en lo fundamental seguía transgrediendo la esencia pública de la Universidad: privatizaba sus servicios educativos y hacía ver a los estudiantes pobres como convidados de las aportaciones de los estudiantes que si podían pagarlas.

El planteamiento de las “cuotas voluntarias” había sido una maniobra de la Rectoría y el gobierno federal para dividir al CGH y empujar el levantamiento de la huelga a espaldas del movimiento. Debe recordarse que hasta entonces las autoridades habían rechazado sistemáticamente toda posibilidad de diálogo público y en esencia ninguna demanda del Pliego Petitorio había sido resuelta.

Para infortunio de la unidad que hasta entonces había gozado el CGH, el PRD Universidad se prestó a esta maniobra. Utilizando las posiciones facilitadas desde la prensa por el gobierno, este grupo y el CEU histórico empezaron a hacer declaraciones a nombre de diversas asambleas: “Es momento de entrar a una segunda fase de la lucha estudiantil, que es regresar a las escuelas y construir el espacio de diálogo resolutivo en un congreso universitario…”.⁹

Sin embargo, dichas declaraciones no sólo fueron rechazadas por el movimiento, sino que el 14 de junio 34 de 36 asambleas se opusieron al levantamiento de la huelga por considerar un embuste la propuesta de la Rectoría. A partir de entonces el CEU histórico y las corrientes moderadas perdieron toda posibilidad de tomar la conducción del movimiento y la dirección del CGH hubo de ser disputada solamente entre las corrientes de centro y las radicales. Dado su descrédito, el PRD no volvería nunca a recuperar su posición en las filas del movimiento estudiantil de la UNAM.

¿Por qué se prolongó la huelga?

Desde mediados de junio el conflicto en la UNAM había entrado en una fase de estancamiento, pues las pláticas entre la Rectoría y el CGH estaban rotas y ninguna de las partes se disponía a ceder.

El 7 de junio de 1999 el Consejo Universitario había hecho voluntarias las cuotas con el propósito de ganar tiempo, desgastar al movimiento y escindirlo; pero como hemos visto, las bases defendieron la integridad del pliego petitorio y la permanencia de la huelga contra las intenciones del gobierno federal, la Rectoría y el PRD Universidad.

Los estratos más proletarizados del estudiantado no estaban interesados en negociar el carácter de las cuotas: querían su derogación y también la satisfacción de los demás puntos del pliego petitorio. La posibilidad de que se flexibilizara su posición, por supuesto, había estado presente desde el inicio del conflicto, pero siempre a condición de que el detonante de la huelga, fuera revertido. Sin embargo, como hasta entonces la actitud de las autoridades había sido el rechazo a cualquier clase de negociación, incluso del formato de diálogo, a cada nueva muestra de cerrazón de la burocracia, correspondía el convencimiento de los estudiantes de la justeza de sus demandas, y de la imposibilidad de renunciar a ellas.

La política de las corrientes moderadas del CGH, por otra parte, encontraba soporte en la mentalidad y los prejuicios de los estratos más acomodados del estudiantado, para los cuales el conflicto se remitía a un asunto estrictamente jurídico. Los integrantes del CEU histórico–REU eran por regla jóvenes pequeñoburgueses que se habían involucrado en el conflicto más por la forma antidemocrática en que se había aprobado el RGP que por el interés de defender el carácter público de la UNAM. La frivolidad que tenían hacia el Pliego Petitorio del CGH se desprendía de su incapacidad para comprender la importancia que para los estudiantes más proletarizados revestía la derogación de la Reformas del 97 y otros asuntos.

El alargamiento de la huelga fue por una parte, producto de la intransigencia de la Rectoría y el gobierno federal, que esperaron vencer a los estudiantes por inanición; pero también fue resultado de la crisis de dirección del movimiento, plasmada en su incapacidad para generar una estrategia de lucha distinta a sostener la huelga indefinidamente.

Uno de los episodios más significativos en los que se manifestó esta crisis fue durante la llamada Propuesta de los Profesores Eméritos. El 28 de julio de 1999 ocho distinguidos académicos de la Universidad, Adolfo Sánchez Vázquez, Luis Esteva Maraboto, Héctor Fix Zamudio, Miguel León Portilla, Alfredo López Austin, Manuel Peimbert, Alejandro Rossi y Luis Villoro anunciaron en una carta pública una serie de iniciativas para destrabar el conflicto.

El punto central de la propuesta era la suspensión de las cuotas en conformidad con la resolución del Consejo Universitario que las había hecho voluntarias; pero en los demás puntos era muy limitada: en lugar de un Congreso Universitario, los eméritos proponían unos “espacios de discusión y análisis”, en donde la consideración última sobre la reforma universitaria quedaría en manos de las autoridades. En cuanto a la exigencia de derogación de las Reformas del 97 y la anulación de los vínculos de la UNAM con el CENEVAL, la iniciativa sugería mantenerlos vigentes hasta la realización de los espacios de diálogo y ahí definir su pertinencia. Para finalizar, la propuesta no solicitaba de la autoridad universitaria ninguna garantía política para hacer respetar los compromisos que eventualmente fueran acordados entre las partes, y tampoco planteaba el desistimiento de las acciones penales levantadas contra los estudiantes ante la PGR; en cambio, sí solicitaba al CGH manifestar explícitamente su intención de levantar la huelga, esto es, una garantía política.

Es cierto que la propuesta de los Profesores Eméritos no resolvía la esencia del conflicto, pero su fuerza residía en la posibilidad de brindar una plataforma para abrir el diálogo público hasta entonces bloqueado sistemáticamente por las autoridades. En esta posibilidad depositaban su confianza muy variados sectores del movimiento, para los cuales representaba la oportunidad de obligar a las autoridades a sentarse a dialogar. Sin embargo el CGH, que por entonces empezaba a manifestar síntomas de agotamiento y sectarismo, no tuvo ni el tacto ni la capacidad política para abordarlo.

Con el estancamiento del conflicto, la vida cotidiana en la huelga aparece como un tiempo de permanente espera, donde aparece el desgaste, el desánimo, el aburrimiento y la apatía; un escenario donde hay flujos y reflujos; donde hay momentos de gran calma y a veces de gran tensión. También en esta etapa es inevitable cierto nivel de descomposición del movimiento y de las relaciones de convivencia entre los mismos estudiantes.

Asimismo la represión del gobierno federal y del Distrito Federal actua como acicate para el alargamiento de la huelga y para el florecimiento de las posiciones más extremistas. Fuese en el plano de la Universidad o de las organizaciones sociales, el CGH cayó en el error de considerar aliados únicamente a aquellas agrupaciones sociales que le fueran incondicionales, excluyendo por otro lado, a las que aún con críticas demostraban simpatías por la huelga. Ésta política sectaria promovida por algunas corrientes, contrastaba por completo con la política de alianzas que había adoptado el CGH durante los primeros meses, donde se había caracterizado por ser más amplio e incluyente.

A nivel interno, la huelga se había ido descomponiendo poco a poco. En algunas escuelas –no en todas- la lucha entre corrientes hubo de distinguirse por la intolerancia y por el fomento de expulsiones, dando como resultado que importantes núcleos de estudiantes empezaran a alejarse.

Como resultado, en el CGH terminaron fortaleciéndose las corrientes maximalistas, aquellas que querían el triunfo “de una vez por todas” y que no consideraban que el dialogo fuese un instrumento indispensable para hacer retroceder el proyecto de Rectoría. Algunas de estas corrientes procedían de grupos marginales de la izquierda revolucionaria que pensaban que era posible llevar una huelga de corte estudiantil más allá de sus límites naturales. Por otra parte, la participación de los estudiantes en las asambleas por escuela ya no era de decenas de miles, sino de núcleos duros de cientos de jóvenes con un radio de influencia un poco más amplio.

El periodo de estancamiento de la huelga de 1999 (que se prolonga de agosto a noviembre) es en esencia contradictorio: a los descensos en la participación de masas, suceden una y otra vez nuevas alzas; y aunque el movimiento presenta síntomas claros de descomposición, sigue siendo una expresión fuerte y plural que cuenta con el apoyo de miles de jóvenes.

El declive y la represión

Luego de muchas ofensivas y repliegues, flujos y reflujos, pero sobre todo luego de haber demostrado que el rector Barnés no quería una salida negociada, el CGH tuvo nuevamente la correlación de fuerzas a su favor. El 11 de noviembre Barnés presentó su renuncia y el día 17 la Junta de Gobierno de la UNAM hizo público que Juan Ramón De la Fuente sería el próximo rector. No entraremos a indagar en qué medida hubo de pesar la voluntad presidencial en la elección del nuevo funcionario, pero nos bastará saber que la caída de Barnés marcó el desplome de la derecha universitaria como grupo hegemónico en la institución.

A diferencia de su antecesor, De la Fuente puso en marcha una estrategia de negociación sofisticada. Mientras decía estar dispuesto a escuchar a los huelguistas, se estaba reuniendo también con sectores de la Universidad a los que Francisco Barnés había marginado. Lo central en su estrategia para acabar con el conflicto era que estaba dispuesto a revertir el incremento de cuotas y a poner a discusión una reforma universitaria. Pero este cambio en la estrategia de las autoridades difícilmente estaba siendo comprendido por las asambleas del movimiento. Arrastradas por la inercia de golpeteo continuo con que Barnés había combatido su huelga, varias de ellas centraban su discusión en cuestiones de forma.

El 6 de enero de 2000 Juan Ramón de la Fuente se pronunció por la realización de un Congreso Universitario y presentó una propuesta de solución alterna al pliego petitorio del CGH. La Propuesta Institucional no resolvía todas las demandas del movimiento, sin embargo, era mucho más avanzada de todo lo que hasta ese entonces había ofrecido la autoridad universitaria a los estudiantes, pues entre otras cosas planteaba regresar a la cuota de veinte centavos. Pero la respuesta del CGH no varió mucho de lo que desde cinco meses atrás se había remitido a declarar: “solución cabal de todo el pliego petitorio”.

Con las nuevas circunstancias políticas, el CGH estaba obligado a diseñar una estrategia para llamar a los estudiantes a luchar por las exigencias aún insatisfechas, mientras reconocía las ventajas de la Propuesta Institucional. Sin embargo, el discurso del CGH no se dirigió a exigir de manera puntual la desactivación de las Reformas del 97 o de las otras demandas incumplidas, sino a plantear que “ningún punto de la Propuesta Institucional resuelve las exigencias”, esto es, una posición maximalista que lo llevo a aislarse de miles y miles de estudiantes que no querían el alargamiento de la huelga.

Lo que las corrientes más extremistas del CGH no comprendían, es que con la Propuesta Institucional y el cambio en la correlación de fuerzas en la UNAM, la viabilidad de la huelga había llegado a su fin. La huelga había dejado de ser un factor de cohesión para convertirse en un punto de aislamiento, y la mayoría de los estudiantes estaban interesados en la reanudación de clases lo antes posible.

Antes de que los acontecimientos cobraran un ritmo vertiginoso, el CGH tuvo diversas oportunidades para tomar la iniciativa política, pero dada la lentitud con que tomaba resoluciones y su incapacidad para conciliar sus diferencias internas, se mostró en completa parálisis. Sin aceptar el ofrecimiento institucional ni hacer ninguna contrapropuesta las negociaciones se rompieron a inicios del año 2000.

El día 9 de enero la Comisión de la Rectoría declaró que no regresaría a la mesa de conversaciones con el CGH y que organizaría un plebiscito entre la comunidad universitaria para exigir el fin de la huelga. Desde que el plebiscito fue anunciado fue que sería una herramienta para intentar someter al movimiento, para orillarlo a entregar las instalaciones, y si esto no era posible, legitimar el uso de la fuerza en su contra. Ya desde agosto de 1999 Ernesto Zedillo había manifestado que el gobierno estaría a la espera de que “el mandato mayoría universitaria se expresara para poder poner en marcha otros instrumentos legítimos de la ley y restituir la legalidad”.

El día 20 de enero fueron instaladas cientos de urnas y casillas de votación por toda la zona metropolitana, muchas de ellas, bajo la custodia de agentes de la Policía Federal Preventiva. Al final, los organizadores del plebiscito anunciaron que la concurrencia a las urnas había sido de 180,088 universitarios, de los cuales 80% había manifestado que la propuesta del rector De la Fuente era satisfactoria y por lo tanto debía levantarse la huelga.

Es innegable que varios miles de universitarios asistieron a las urnas para respaldar la propuesta del rector y que otros tantos lo hicieron pensando que representaba una alternativa satisfactoria para el movimiento estudiantil, pero no debemos pasar por alto que la burocracia utilizó métodos de coacción y engaño para obligar a votar a miles de profesores sin estabilidad laboral (casi 70% de la planta académica), así como a miles de estudiantes de nuevo ingreso y reingreso que esperaban recibir sus calificaciones finales a cambio de su voto.

El plebiscito de rector De la Fuente, por otra parte, no fue un ejercicio instrumentado en el marco de la autonomía universitaria. Según testimonios recopilados por el semanario Proceso, la Secretaria de Gobernación intervino en la determinación, la organización y la culminación del evento.¹⁰ Además de todo, el ejercicio terminó por sellar la alianza entre PRI y el PRD dentro de la Universidad, con lo que meses después diversos elementos de esta última agrupación fueron incorporados al equipo funcionarios de la Rectoría.

El 4 de febrero una comisión de la Rectoría presentó en el Palacio de Minería un ultimátum para que los estudiantes entregaran las instalaciones de la UNAM. La Comisión del CGH lo rechazó. Dos días después la amenaza se hizo realidad. La Policía Federal Preventiva irrumpió en la Ciudad Universitaria a las 6:40 a.m. del domingo 6 de febrero del año 2000 apresando a casi mil estudiantes. Este fue el golpe decisivo para desmembrar la huelga en toda la Universidad.

Recuperar la memoria para preparar las futuras batallas

No hay sustento para decir que el movimiento del CGH fue derrotado. Lejos de lo que comúnmente se dice, la ruptura de la huelga no significó el fin del movimiento, pues éste continuó con alzas y bajas durante varios meses más. Lo que sí reflejó la ruptura de la huelga fue el fracaso del sectarismo y dogmatismo de determinados grupos, que no supieron implementar una estrategia inteligente para agrupar fuerzas después de que la huelga se había prolongado. No obstante, dada la cercanía de las elecciones presidenciales del año 2000, el movimiento pudo generar la presión política suficiente para liberar a los estudiantes presos y hacer retroceder a las autoridades en puntos nodales.

La huelga de 1999-2000 puede considerarse un triunfo no sólo por haber impedido la privatización de la UNAM, sino por haber enfatizado la relevancia que tiene la universidad pública en el desarrollo nacional. Por este motivo, más allá de su ulterior degeneración, es necesario precisar las conquistas que produjo:

• Consiguió echar abajo el aumento de cuotas impuesto por el rector Francisco Barnés el 15 de marzo de 1999.

• Logró que la Universidad rompiera lazos con el CENEVAL, organismo empresarial que pretendía controlar el ingreso de los aspirantes a la UNAM y extender sus funciones a la acreditación de los egresados por medio del Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL) que hoy ya se aplica en distintas universidades del país.

• El aparato de represión política, control y espionaje instalado en la Universidad desde inicios de los noventa fue notablemente debilitado. La correlación de fuerzas varió notablemente a favor los sectores democráticos de la institución, permitiendo un ambiente de mayores libertades para las expresiones académicas, políticas y culturales, y para que una gran variedad de sectores de la institución tengan mayor injerencia en la vida universitaria.

• Las Reformas del 97 fueron suspendidas. De haberse mantenido las reformas que estipulaban la abolición del Pase Automático y que imponían restricciones a los límites de permanencia en la Universidad y a la libre elección de carrera, cerca de dos terceras partes de los estudiantes de la Universidad habrían sido dados de baja definitivamente a partir del año 2003 y la matrícula universitaria se hubiera reducido en más del 50 por ciento en términos reales. En términos concretos la UNAM sería hoy un pequeño colegio de paga con colegiaturas elevadas, separada del bachillerato (ENP-CCH) y de los institutos de investigación.

La revuelta estudiantil de 1999-2000 en la UNAM, fue la expresión más acabada de las tensiones acumuladas en el seno de la juventud mexicana de finales de siglo XX y uno de los primeros movimientos que pudo detener la ofensiva capitalista contra los derechos sociales luego de casi dos décadas de avance irrefrenable.

En tanto la UNAM preserve su esencia nacional-pública y siga siendo uno de los pilares del desarrollo nacional, seguirá siendo, inevitablemente, uno de los centros neurálgicos de las luchas sociales del país. En tiempos de la crisis capitalista más aguda de toda la historia, donde la barbarie tecnificada y la rapacidad de las clases dominantes amenazan con desarticular todas las conquistas de la Revolución Mexicana, el movimiento estudiantil de 1999-2000 aparece como un referente fundamental de lucha que debe ser estudiado cuidadosamente por las nuevas generaciones. Las futuras batallas en defensa de la universidad pública lo requerirán.

1 Nahúm Pérez Monroy (1984) es licenciado en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM. Tiene estudios en lengua alemana por la Universidad Libre de Berlín, Alemania (2010). Fue participante activo en la huelga del 1999-2000 en la UNAM y ex vocero del movimiento #YoSoy132 por la FCPyS.

2 Dirección General de Estadística y Sistemas de Información, Perfil del ingreso familiar de los alumnos de la UNAM 1995-1998, México, UNAM, 1999

3 Datos de la Agenda Estadística de la UNAM de 1990 a 2000.

4 La posición de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en torno al Pase Reglamentado en la UNAM puede leerse en el documento “Exámenes de las Políticas Nacionales de Educación. México: Educación Superior” publicado en 1997.

5 Ver Gerardo L. Dorantes, Conflicto y Poder en la UNAM: la huelga de 1999, pp. 12-13.

6 Francisco Barnés de Castro, “A la comunidad universitaria. A la opinión pública”, Proceso, 1173, 25 de abril de 1999, p. 23.

7 Cfr. René Drucker, “Cuotas: argumentos y una propuesta”, La Jornada, 24 de febrero de 1999, p. 46.

8 Francisco Ortiz Pardo, “Aumentan los enfrentamientos y el movimiento se divide entre ‘autoritarios’ y ‘democráticos’”, Proceso, 1175, 9 de mayo de 1999, p. 16

9 María Rosas, Plebeyas Batallas, p. 71.

10 Raúl Monge y Rodrigo Vera, “Trabajo Político de fondo, vigilancia, negociaciones…”, Proceso, 1212, 23 de enero de 2000, p. 8.