Por: Mauro Jarquín.
El asesinato de Berta Cáceres el pasado 3 de marzo en La Esperanza, (Honduras) ha despertado una ola de indignación a nivel internacional. Berta era una conocida defensora de los derechos de los pueblos originarios y activista opositora a ciertos proyectos productivos de carácter neo-extractivista. Entre los motivos de su oposición a éstos, encontramos la hostilidad que muestran hacia el medio ambiente, y los intereses de las diferentes comunidades allí localizadas. A través de su actividad política y la colaboración de distintas organizaciones, logró construir el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), de la cual ella era dirigente.
Su lucha contra el saqueo extractivista la llevó a enfrentarse de forma directa con el proyecto de construcción de una represa de agua, de nombre Agua Zarca, la cual estaba prevista en el Río Gualcarque. Su victoria provocó la retirada de la compañía estatal china Sinohydro y con ello fue objeto de un acoso cada vez mayor por parte de grupos paramilitares, quienes llegaron a asesinar a algunos integrantes del Copinh.
Las actividades políticas del Copinh han afectado los intereses inmediatos del capital financiero y los grupos oligárquicos locales que resultan beneficiados con la expoliación del medio ambiente y la explotación del trabajo. Ante ello, el aparato de Estado ha decidido tomar partido a favor de los intereses políticos y económicos de los grandes capitales inversionistas, no obstante que esto conlleve un escenario de agresividad y violencia contra los grupos disidentes y la sociedad en general.
El caso de Berta Cáceres ha sido muy discutido en los últimos días, en parte porque no era una persona desconocida (obtuvo el premio Goldman en el año 2015, una especie de “Novel Verde”) pero también porque el móvil de su asesinato marca una ruta muy nítida entre éste y su trayectoria de lucha política. Algunos han interpretado el atentado contra su vida como un escarmiento para los grupos y organizaciones sociales que apoyaron la lucha de Berta y se han perfilado en contra del neo-extractivismo, sin embargo, al parecer esto ha brindado un segundo aliento a los procesos de emancipación popular y lucha contra el saqueo y la explotación.
Ante un panorama tal, conviene repensar el problema del Estado, la ciudadanía y la democracia, pero no al margen de las relaciones políticas entre los que buscan acumular cada vez más capital, y aquellos que pretenden, aún a costa de atentar contra la propia democracia, detentar el poder político. El diseño institucional de un Estado dependiente se construye en función al espacio que la reproducción del capital a nivel global le ha asignado. A ello también responden ciertas prácticas informales y relaciones de dominio y subordinación hegemónicos, que se presentan en su interior.
La división internacional del trabajo ha encasillado a las economías latinoamericanas –en su generalidad- en un patrón de producción con preponderancia hacia la exportación. Lo anterior partiendo de la incapacidad de la cual sufre el mercado interno para generar una demanda suficiente. Con ello, los grupos sociales más favorecidos con el patrón exportador pueden intensificar la explotación del trabajo, debido a que éste no es estrictamente necesario para el proceso de valorización de capital.
El neo-extractivismo exige el despojo de tierras a pueblos originarios a través de concesiones y contratos productivos. De igual forma, necesita la desvalorización del trabajo para la maximización de beneficios. La respuesta del Estado dependiente tiende a ser favorable a las necesidades tanto del capital financiero, como del capital nacional exportador, dándoles todas las concesiones y garantías posibles.
El velo de ciudadanía que cubre las relaciones políticas concretas en una sociedad dependiente, encuentra su propia negación en la realidad. Los grupos menos favorecidos económicamente también lo son en el campo de la política. Más allá de la existencia de garantías civiles de carácter democrático, del voto universal y el ejercicio una serie de leyes generalizadas, la posibilidad de deliberación sobre lo público no se encuentra distribuida de forma homogénea dentro de la comunidad política. Quienes mayor capacidad de chantaje detentan, más posibilidades tienen de salir victoriosos en cualquier pugna política dentro del marco de las instituciones establecidas. Esa capacidad no se obtiene de la legitimidad de sus posturas, o la elocuencia de su discurso. Radica en la posibilidad de dirección de determinado proceso productivo, por un lado y de las relaciones clientelares con el poder político, por otro.
Debido a la posición firme de los pueblos organizados que no quieren ceder su territorio o ser objeto de explotación, el Estado busca abrir una brecha en las resistencias, primero a través de la cooptación, pero finalmente por medio de la violencia, que bien puede ser centralizada –a través de cuerpos policiales o militares- o descentralizada –grupos paramilitares- remitiendo la lucha política y la disputa de proyectos antagónicos a una esfera que no es la esfera formalmente propuesta para dirimir diferencias. Ya sea al interior de las instituciones, o fuera de ellas, la correlación de fuerzas suele ser desfavorable -en un contexto capitalista- para quienes luchan contra la explotación y el abuso.
Berta se ha sumado a la larga lista de activistas que en América Latina han sido asesinados por proteger la naturaleza y los derechos de los pueblos originarios sobre su territorio. No es cosa menor. No obstante, no debemos ver el homicidio como un hecho aislado, sino como parte de un proceso generalizado en la región, en el cual el antagonismo político se desprende, en gran medida, de la divergencia radical existente entre la coexistencia humano-naturaleza y la explotación irracional de la naturaleza por medio del hombre.
